Redacción El País
Con un ambiente cargado de emoción, pero también de silbidos y abucheos por parte de algunos que reclamaron por la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou, se llevó adelante el acto por el que el Estado uruguayo reconoció su responsabilidad y participación en los homicidios de las “Muchachas de Abril”, las tres jóvenes muertas durante un operativo de las Fuerzas Conjuntas en 1974, durante la última dictadura militar.

El homenaje -que se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo- fue en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida contra el Estado uruguayo a fines de 2021 y fue encabezado por la vicepresidenta Beatriz Argimón.

A su derecha, y completando la representación oficial del gobierno, estuvo el canciller interino Nicolás Albertoni; y a su izquierda, en la mesa central, estaba Karina Tassino, hija de Oscar, desaparecido durante la dictadura al igual que Luis Eduardo González, ambos también incluidos en el homenaje.

Además de la responsabilidad en los hechos, la condena está referida también a la “falta de diligencia investigativa” del Estado para esclarecer estos crímenes.

El malestar por parte de los familiares de las víctimas con la ausencia de Lacalle Pou había también teñido de polémica la previa de este evento, y las críticas también fueron manifestadas por la organización Madres y Familiares de Detenidos de Desaparecidos, además de la desaprobación del público asistente en la jornada que comenzó sobre las 17.30.

Foto: Estefanía Leal

Según sostuvo Argimón al comenzar su alocución, hace un mes Lacalle Pou le había transmitido “su voluntad” de que, en su calidad de vicepresidenta, fuera ella quien encabezara la asunción de la responsabilidad estatal. Y argumentó que la condena de la Corte estipulaba que ese acto debía ser llevado a cabo por “altas autoridades nacionales”, sin especificar cuáles.

La decisión, no obstante, tuvo una réplica de Tassino, que fue justamente lo que generó la respuesta por quienes colmaban el Salón de los Pasos Perdidos y la explanada del Palacio Legislativo. “Lamentamos la ausencia del señor presidente Luis Lacalle Pou”, dijo Tassino y a continuación se desencadenó un cerrado aplauso, los que fueron precedidos de nutridos silbidos.

La situación también mereció críticas de algunos actores del Frente Amplio, como ser el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez. En la red social Twitter, escribió: “Lamentamos que el presidente Luis Lacalle Pou no esté presente”.

En el acto tampoco estuvo el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ni ninguno de los principales referentes de esta fuerza política, tal como el general retirado lo había adelantado este miércoles en entrevista con Radio Oriental. Allí opinó que el homenaje era parte de un “relato que se quiere imponer” y que a su entender “no se ajusta a la realidad de los hechos”. Estos, agregó, “claramente, no ocurrieron de la manera en que se presentan ante la opinión pública y son repetidos hasta el cansancio”.

La tesis de los cabildantes es que Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik no fueron asesinadas, sino que murieron en un enfrentamiento armado, en el que las jóvenes abrieron fuego y en el que incluso resultó muerto un oficial militar, Julio Gutiérrez. Sostuvieron, además, que ellas contaban con granadas.

“Fiel a lo que se establece que se debe hacer, en nombre del Estado reconocemos que el Estado es responsable por la violación al derecho a la personalidad jurídica, a la vida y la integridad y libertad personal” de las víctimas del caso, subrayó en su discurso la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien dio inicio ayer a la ceremonia sobre las llamadas Muchachas de Abril.

La jerarca, en nombre del Estado, se refirió además a la falta de garantías y la ausencia de protección judicial hacia estas víctimas, así como la violación al derecho de sus familiares a saber la verdad tras décadas de incertidumbre y falta de información.

En su breve intervención, en la que leyó un texto, la vicepresidenta relató los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos y la normativa que el Estado vulneró en años de dictadura militar. Y en ese sentido, en el de la reparación y el reconocimiento al daño causado, Argimón también señaló las acciones que a nivel estatal se llevaron a cabo para su cumplimiento. Entre ellas, la jerarca destacó el “fortalecimiento” de las capacidades de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad que hoy encabeza estas investigaciones en la Justicia, junto a la “capacitación” y “sensibilización” de las Fuerzas Armadas en temas vinculados a la violación de derechos humanos durante este período.

El relato incluyó la mención a los pagos por indemnizaciones que el Estado lleva efectuados a las víctimas.

En nombre del Estado, Argimón se comprometió entonces a cumplir con otra parte de la sentencia emitida en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indica la obligación de determinar el destino de Luis Eduardo González y Oscar Tassino, así como la de investigar, sancionar y reparar adecuadamente todas las violaciones a los derechos humanos vinculadas a estos casos.