Redacción El País
El omisionado parlamentario Juan Miguel Petit y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) solicitaron un acuerdo político a los precandidatos a la Presidencia para solucionar "la emergencia carcelaria". El pedido se da luego del fallecimiento de seis reclusos tras un incendio en el módulo 4 del ex Comcar ocurrido en la noche del jueves 28 de diciembre.

Eran ocho los presos que se encontraban en la celda en el momento del ataque. Dos murieron en el acto y otros seis fueron internados de gravedad. De estos seis, cuatro murieron en el correr de los días, uno sigue internado y otro fue dado de alta.

"Este hecho marca una línea divisoria entre lo que era y es, y lo que debe ser y tendrá que ser, si queremos ser fieles a las tradiciones republicanas, democráticas y humanistas del Uruguay", señalaron Petit y la Inddhh. Además, recordaron: "no se trata del primer caso de violencia extrema dentro de nuestras cárceles".

Asimismo, señalaron que "el incumplimiento de los estándares de rehabilitación y educación en gran parte del sistema penitenciario es un fenómeno de larga, triste y desesperante data". "Si bien se suman esfuerzos proactivos para su mejora, también se suceden eclosiones de violencia y problemas crecientes, como un nivel de superpoblación y hacinamiento, que implican la vulneración de derechos y comprometen el desarrollo de una buena convivencia y actividades de rehabilitación", agregaron.

En este caso en particular, afirmaron que "el Estado fracasó ya no sólo en su obligación de dar oportunidades de rehabilitación, sino también en su obligación de preservar sus derechos fundamentales, como son el de la vida y el de la integridad personal".

"Los problemas estructurales en las unidades más complejas, ubicadas mayoritariamente en el área metropolitana, desbordan el esfuerzo, el compromiso y la proactividad de la amplia mayoría del personal penitenciario, que diariamente sostiene con humanismo su tarea", añaden.

La Inddhh y el comisionado parlamentario advierten por las "ausencias o limitaciones persistentes desde tiempo atrás, de políticas públicas insuficientes", pero sostienen que esto "no debe constituir una excusa para la resignación sino un motivo para aumentar los esfuerzos y generar respuestas en todos los ámbitos decisorios de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial".

En ese sentido, solicitan a las autoridades que reconozcan "la emergencia de la situación, la vulneración de derechos y la volatilidad del contexto en buena parte del sistema carcelario" y que el Poder Ejecutivo conforme "un grupo operativo de nivel interministerial a los efectos de llevar adelante acciones concretas de intervención en recursos humanos, infraestructura, logística, obras y gastos de funcionamiento en las áreas críticas del sistema penitenciario". En especial hacen énfasis en la unidad n.º 4 del ex Comcar "por su valor de impacto estratégico" y porque "allí se alojan casi 5.000 personas (lo que significan uno cada tres presos del país)".

Francisco Flores/Archivo El Pais

También solicitan que se proceda a "la asignación presupuestal de partidas extraordinarias o aportes de insumos y bienes por parte de otros organismos". "La historia nacional es rica en mostrarnos que grandes problemas solo pueden ser resueltos o enfrentados eficazmente al menos con grandes acuerdos. Para ello es necesario contar con ámbitos concretos, plurales y efectivos", añaden.

En ese sentido, proponen la implementación de mesas de trabajo "a efectos de lograr puntos específicos de acuerdo y trabajo a futuro, que establezcan líneas para la transformación del sistema siguiendo las buenas prácticas nacionales e internacionales de rehabilitación y prevención de la violencia".

Consideran que "es tiempo de análisis y propuestas para reformas que trascienden gobiernos, administraciones y períodos legislativos, pero que se relacionan con el derecho a la vida de todas las personas". Por último, solicitan que en este periodo electoral este tema sea visto "como la oportunidad de lograr un acuerdo que todos los partidos se comprometan a ejecutar una vez finalizada la elección, sea cual sea el ganador y con el compromiso de apoyo irrestricto de los demás".