MÁS REPERCUSIONES AL AUDIO VIRAL

Ramón Méndez era una de las personas destacadas dentro del Frente Amplio por su capacidad científica y por trabajos realizados para el cambio de la matriz energética que se llevó a cabo durante el gobierno de José Mujica. Sin embargo, en las ultimas horas fue blanco de críticas de sus propios compañeros de partido político por el audio en el que cuestiona la honradez con que estaban trabajando los científicos que asesoran al gobierno para el combate al coronavirus, el GACH.

El programa radial “Así nos va” de radio Carve, informó ayer que el exasesor de la campaña de Daniel Martínez hacia las presidenciales de 2019, firmó un contrato con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para hacer una consultoría justo dos meses antes de que finalizara la administración de Tabaré Vázquez. El monto del contrato fue por $ 330.000 más IVA.

Méndez dice en el audio que se viralizó que Rafael Radi, coordinador del GACH, le estaba “haciendo los deberes al gobierno”. El exjerarca frenteamplista argumenta que Radi “arregló” con las autoridades el pago de $ 60 millones por año para la creación de un laboratorio en el marco del Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud Humana.

El exdirector de la OPP en el gobierno saliente, Álvaro García, comentó a El País que Radi ya había iniciado contactos con la administración en 2017, y que ese programa formaba parte de la estrategia a largo plazo que llevaba adelante el gobierno frenteamplista.

El programa “Así nos va” informó que desde el Poder Ejecutivo divulgaron información de un contrato firmado por Méndez en plena transición de gobierno. El entonces subdirector de la OPP, Santiago Soto, fue quien suscribió la ejecución del programa para mejorar la calidad del gasto en ciencia, tecnología e innovación.

Consultado por El País, Soto explicó desde Inglaterra -donde actualmente reside por estudios-, que todo el proceso de contratación se hizo a través de un llamado publico y con las garantías debidas del proceso.

“Esto es parte de un proceso que se inició en abril de 2019 con un llamado publicado en Uruguay Concursa, donde se presentaron otras personas y donde compitieron con un tribunal del que no solo participó el gobierno sino también agentes externos. Cumplidos ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los requisitos documentales por parte del consultor, el PNUD prepara el contrato y lo envía a la firma de los habilitados para hacerlo”, dijo Soto.