La Mesa Política Nacional del Frente Amplio (FA) sesionó este miércoles por última vez en 2024. Un año de triunfo, que significó el retorno de la izquierda al gobierno después de un lustro. Pero la celebración prevista quedó empañada ante la obligación de los sectores y las bases de discutir y pronunciarse rápidamente sobre las expresiones de José Mujica y Lucía Topolansky sobre un tema tan caro para la izquierda como el pasado reciente, que supuso además un antes y después en la relación entre el expresidente y su esposa y la mayor parte de la fuerza política, en donde hubo una reacción común: "Indignación, dolor y rabia".

En declaraciones para el libro "Los indomables", de Pablo Cohen, que se conocieron en las últimas horas, Topolansky dijo que conocía personasque "mintieron" ante la Justicia para lograr la condena de varios militares acusados por violaciones a los derechos humanos. La difusión de esa afirmación —ratificada este mismo miércoles por Mujica en una entrevista radial—, le supuso al matrimonio un inmediato repudio de las organizaciones de víctimas de la represión y el rechazo generalizado en la izquierda, que poco a poco salió a darle la espalda a las dos figuras históricas del FA.

"Hubo un acuerdo general en que había que salir rápida y contundentemente", dijo a El País uno de los integrantes de la Mesa Política que confeccionó la declaración correspondiente que, acordada por consenso y aprobada por unanimidad, optó sin embargo por eliminar "componentes" más duros que se habían propuesto inicialmente. "Había necesidad de salir", agregó.

La declaración hizo alusión a los "trascendidos de prensa" sobre las declaraciones de Topolansky por un simple motivo. "Nadie había leído aún el libro", expresó un dirigente. De todas formas, durante la reunión hubo una reflexión: por qué esos "trascendidos" cobraron importancia ahora, cuando en realidad el libro de Cohen empezó a circular a principios de este mes y agotó ya su primera edición.

En la redacción del comunicado que se conoció este miércoles participó el Movimiento de Participación Popular (MPP), cuyos principales integrantes y referentes no tuvieron más remedio que desmarcarse de los dichos de sus líderes históricos. Fue el caso del anunciado secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. "Son infelices y no las comparto", dijo en declaraciones a La Diaria. O de Blanca Rodríguez, senadora electa por la Lista 609, que llegó a la política a través de Mujica y Topolansky y que a partir del 1º de marzo será la tercera en el orden de la sucesión presidencial. Rodríguez divulgó una foto suya, abrazando la imagen de un detenido desaparecido. "Hoy y siempre adhiero a esta declaración que nos define", dijo. "Memoria, verdad, justicia y nunca más".

"A 40 años de la recuperación democrática, se sigue sin saber el destino de los casi 200 desaparecidos y el esclarecimiento de las circunstancias de número similar de compañeros asesinados", se remarca en las Bases Programáticas que deberían guiar al gobierno de Yamandú Orsi, en donde se lamenta que "cientos de causas abiertas no avanzan o lo hacen muy lentamente, generando en la práctica una denegación de Justicia".

El programa propone "garantizar por parte del Estado la fluidez de la tramitación judicial" de este tipo de casos, "evitando impedimentos técnicos, administrativos y políticos que se constituyan en trabas para el debido juzgamiento de los culpables". Entre otros aspectos, se promete incluir en los programas educativos de todos los niveles "cursos sobre el pasado reciente", para así "construir y promover memoria en la población". En ese sentido, el FA buscará que el 20 de Mayo, fecha habitual de la Marca del Silencio, sea declarado como el "Día de la Memoria", como "fecha patria no laborable a nivel público y privado.

La mayoría de los sectores consultados expresaron por estas horas un fuerte temor de que las expresiones de Mujica y Topolansky conlleven a la revisión de condenas de militares vinculados a la violación de los derecho humanos. Una casi certeza que fue anunciada ayer por los patrocinantes de la mayoría de los militares involucrados.

Ese temor fue expresado públicamente por Sánchez. "Creo que pueden tener el efecto de deslegitimar todo un proceso", dijo, y agregó que está seguro de que "esa no fue la intención de Lucía".

Emilio Mikolic, abogado del Centro Militar que patrocina a la mayoría de militares procesados o condenados —muchos reúnen las dos condiciones— comenzó a analizar el tema. Las acciones se presentarán, eventualmente, luego de que el 31 de enero finalice la Feria Judicial.

La Unidad 8 (Domingo Arena), alberga hoy a 35 militares, policías y civiles acusados por diversos delitos vinculados a los derechos humanos. El 82% de ellos sin condena, según los últimos datos de la oficina del Comisionado Parlamentario. Eso supone una ocupación del 145%, levemente por encima del promedio general del sistema carcelario, con una población que se multiplicó por 2,5 en ocho años. Allí en 2016 había 14 presos.

Esa cárcel guarda diferencias notorias con el resto del sistema. El año pasado no registró ninguna muerte "en custodia" y no tuvo incidentes de entidad entre los reclusos. Se trata de una casona central, con amplio corredor, dormitorios espaciosos, buena iluminación, salones de estar y espacios al aire libre con posibilidad de actividad productiva y ejercicio. "Los internos tienen la posibilidad de una vida digna, con condiciones similares a un espacio hogareño individual", dice el informe del comisionado.

Hoy esa cárcel alberga a poco más de la mitad de todos los que han sido procesados o condenados por crímenes vinculados al terrorismo de Estado. Una cantidad similar está alojada en la Guardia de Coraceros, y otro tanto cumple prisión domiciliaria por motivos de salud. Según los últimos datos disponibles, 27 exmilitares y policias murieron condenados o procesados. En resumen, desde que se empezaron a abrir las causas en 2006, los acusados que pasaron por la Justicia superan el centenar. Las condenas han oscilado entre los tres años y medio hasta los treinta años de prisión.

En el libro de Cohen, Topolansky marcó una diferencia entre las dictaduras que gobernaron Uruguay y Argentina. La primera, es que aquí se optó, en cuanto a las víctimas, por "ir por el lado de enloquecerte y de que salieras hecha un trapo, no de desaparecerte". En cambio, apuntó, los argentinos "evitaron las cárceles".

Por otro lado, Topolansky marcó una diferenciación social entre los militares de ambas orillas del río de la Plata. "El Ejército y la Marina uruguayos nunca tuvieron una aristocracia", indicó. "Con lo cual, nunca vista a un Gallinal milico" apuntó, riéndose. Según su visión, los oficiales uruguayos fueron "capa media y media acomodada" con lo que, concluyó, había una "diferencia de clases" entre ambos casos.