El Frente Amplio cuestionó la “inacción” y la suerte de “aval” que, afirma, el Ministerio de Trabajo le otorgó a la empresa PedidosYa, que confirmó el despido de 250 trabajadores de su contact center y el traslado de esos empleos a Colombia, como parte de una “reestructura” anunciada por la forma. El cuestionamiento de la oposición se basa también en la serie de exoneraciones, subsidios y ventajas fiscales que la empresa obtuvo en los últimos años a cambio de, justamente, crear empleo.

El tema estuvo sobre la mesa en el día de ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que se reunió especialmente para recibir a una delegación del sindicato, en donde se relató el periplo de la conocida marca.

Fundada en octubre de 2009, a partir del trabajo final de dos estudiantes de la Universidad ORT, su financiación inicial provino de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). En junio de 2014, sus responsables le vendieron el 70% del capital accionario a Delivery Hero, una multinacional con sede en Alemania que mantiene las riendas de la firma hasta el día de hoy.

Es allí, según el sindicato, que comenzó a aplicarse una política de “precarización” que desembocó en el anuncio de esta semana. Hoy la firma opera en 15 países y cotiza en la Bolsa de Frankfurt. Delivery Hero generó en el segundo semestre del año pasado un valor bruto de mercadería por 11.000 millones de euros.

“Su desarrollo lo pagamos todos nosotros y por partida doble”, le dijo a El País el diputado Daniel Gerhard (PVP). El representante se refería específicamente a una resolución del Ministerio de Economía que, a través de la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones (Comap), consideró promovida una inversión presentada por la empresa equivalente a US$ 3,3 millones por “obra civil” y “adquisición de bienes, instalaciones y equipos”. La empresa recibió una exoneración total de tasas a las importaciones y un crédito por el IVA equivalente por compras vinculadas a su inversión. Por la misma resolución, la empresa fue exonerada del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) por hasta US$ 2 millones. La Comap quedó encargada del seguimiento y control de estos beneficios otorgados.

Los datos en poder de los legisladores generaron también indignación en filas de Cabildo Abierto. “No estoy de acuerdo con esta legislación, en donde empresas que obtienen beneficios del Estado puedan tomar decisiones tan masivas, sin que el Estado sea parte de esas garantías”, dijo el diputado Martín Sodano. “Se da porque esta legislación, que no es de ahora, les ha dado ese poder”. Sodano advirtió sobre la tercerización de los servicios en Uruguay. “PedidosYa es un servicio tercerizado que, a su vez, terceriza otro servicio que, a su vez, terceriza otro”, indicó. Más allá de que la normativa lo permita, el diputado explicó el fenómeno en función de que Uruguay “no es un país que tenga capacidad de construcción de mano de obra”. Sodano cuestionó que estas firmas -también nombró a Katoen Natie y a UPM- no “rindan cuentas” sobre en qué utilizaron los subsidios que recibieron por parte de un Estado que “baja los brazos y se deja pegar en la cara”.

En el resto de la coalición de gobierno hubo solidaridad con los desafíos que enfrentan los trabajadores recién despedidos. Se remarcó de todas formas el derecho de la empresa, según la ley vigente, a adoptar esa decisión, junto con una exhortación a los afectados a asumir su desvinculación como un dato de la realidad.

La diputada colorada María Eugenia Roselló dijo que los despidos preocupan pero que, más allá de “escuchar” a los trabajadores, el Parlamento no puede obligar a la empresa a retomarlos. “Ustedes deben enfrentarse a esta situación”, les dijo. Destacó además la “instancia de cercanía” entre las partes, que permitió llegar a los “acuerdos” anunciados. “Estoy convencida de que van a llegar a una solución lo más cercana al acuerdo que ustedes hayan querido negociar”. Roselló reconoció que “no es fanática” de la ley de tercerizaciones. “Todos sabemos que la tercerización es precarización”, afirmó la diputada.

Dentro de una situación “triste y no deseada”, el nacionalista Pedro Jisdonian afirmó que el compromiso de la empresa de pagar las indemnizaciones, que son las que corresponden por ley, “es una noticia que tranquiliza”.

Foto: Leonardo Mainé.