Redacción El País
La sesión de ayer de la Asamblea General en la que se trató el veto parcial del Poder Ejecutivo (PE) a la ley que estipulaba fondos para extrabajadores de la mutualista Casa de Galicia fue tan caótica que la oposición y dos senadores blancos cuestionan la resolución proclamada por la presidenta del cuerpo, Graciela Bianchi: que el veto quedó firme porque no se alcanzaron tres quintos de las cámaras para levantarlo.

El artículo 138 de la Constitución dice que, ante un veto, “se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado”. En la sesión de la Asamblea General, 17 de 29 senadores presentes votaron para levantar el veto, mientras que lo hicieron 56 de 97 diputados. Para alcanzar la mayoría especial para rechazar el veto, le faltó una mano en el Senado al Frente Amplio (FA), que votó junto a Cabildo Abierto y el blanco Sergio Botana, y la de dos bancas en Diputados.

Tras el recuento de votos, el senador Alejandro Sánchez (FA) pidió a Bianchi que “explique y explicite el criterio” que aplicó, porque la “Constitución exige tres quintos de presentes de cada una de las cámaras para resolver si está de acuerdo con las observaciones, o sea con el veto del presidente de la República, o no, y aquí no hubo tres quintos para ningún lado, por lo cual la Asamblea General acá no ha tomado decisión alguna”. El senador del MPP agregó que “el artículo 139 de la Constitución dice claramente que si no se logran las mayorías del 138, habrá que esperar 30 días para que efectivamente se respalden por las vías de los hechos las observaciones que hizo el Ejecutivo”. Así, cuestionó lo anunciado segundos antes por Bianchi, quien proclamó que “la Asamblea General resolvió ajustarse a las observaciones realizadas por el PE en todos sus extremos”, y alertó que estaba “el ambiente bastante crispado”, con protestas de extrabajadores de Casa de Galicia en las barras.

Luego de la crítica de Sánchez, Bianchi dijo que consultó antecedentes y que el suyo fue el criterio de anteriores legislaturas. El diputado blanco Juan Martín Rodríguez respaldó esta interpretación. Entonces, cuando el murmullo de las barras se convirtía en griterío, la presidenta del cuerpo expresó: “Ya está tomada la decisión. Me pide la palabra Sánchez. Me hacen el favor: desalojen las barras. Ya mismo que se desalojen las barras. Lo advertí”.

Algunos extrabajadores de la exmutualista reventaron en llanto y otros llamaron “traidores” a los legisladores blancos y colorados que votaron para mantener el veto. Gritos y otros insultos coparon el plenario. “No habiendo más asunto, se levanta la sesión”, decretó Bianchi, lo que generó la reacción de varios legisladores opositores, que le reclamaron a la presidenta del cuerpo que no era legítima su decisión. Uno de ellos, el diputado Carlos Varela, planteó luego en conferencia de prensa que se “levantó la sesión antes de tiempo” ya que “había senadores y diputados anotados para pedir la aclaración necesaria” sobre el artículo 139 de la Constitución.

El senador blanco Jorge Gandini coincidió con Sánchez al publicar en la red social X que comparte que “no hubo tres quintos para levantar el veto, pero tampoco lo hubo para confirmarlo, como lo exige el artículo 138 de la Constitución, por lo que deberán pasar 30 días para confirmar el veto del PE, como lo prevé el art. 139”. Botana dijo a El País que “Gandini tiene la razón”.

En los 30 días que habilita el artículo 139, el FA analizará si convocará una nueva sesión de la Asamblea General para intentar otra vez rechazar el veto. Sin embargo, la senadora Amanda Della Ventura, coordinadora de la bancada opositora, aclaró que no pretende “generar expectativa con una nueva convocatoria” porque quiere evitar “una nueva frustración” de extrabajadores. “Si hubiera cambios (en legisladores) para levantar el veto, vamos a estar convocándola”, anunció.