El Frente Amplio (FA) busca con cierta posibilidad de éxito un acuerdo político que sirva para concretar una fórmula que asegure mayores recursos al Fondo Nacional de Vivienda (FNV), un aspecto que representa uno de los puntos centrales de su programa de gobierno hacia las próximas elecciones.

La necesidad de ese acuerdo tiene su razón práctica, y se basa en el fracaso por anticipado de la idea original que tenía la oposición y que fue plasmada en un proyecto de ley presentado en agosto de 2022. Allí se propuso recurrir a un incremento de impuestos.

En concreto, lo que la bancada del FA en el Senado venía promoviendo era que, para financiar al fondo, se creara una sobretasa de 25% sobre el Impuesto al Patrimonio (IP).

Pero en las últimas semanas el FA debió apelar al pragmatismo y explorar otras vías, ante el seguro fracaso de esa propuesta. A la oposición le llegó un baño de realidad de la mano del ministro de Vivienda, Raúl Lozano, quien en su última presencia ante la Comisión de Vivienda de la cámara alta, les advirtió a los legisladores sobre un aspecto práctico. “Como ministro estoy de acuerdo en que vengan más recursos para el ministerio, pero todos sabemos que hay una política definida por este gobierno”, dijo. Lozano recordó uno de los principales puntos incluidos en el Compromiso por el País, suscrito en 2019 por todos los partidos que luego pasaron a integrar la coalición de gobierno que remarca “no crear nuevos impuestos ni tampoco aumentar los existentes”.

Curiosamente, fue el propio Lozano el que mencionó la posible alternativa. Lo que sí podría prosperar, les sugirió, el traslado de algún impuesto hacia el fondo. La idea fue reforzada por la Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam), que llevó la propuesta concreta al Parlamento tras reunirse con el ministro. Se trata, justamente, de redireccionar con ese destino lo recaudado por el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP), según explicó a El País el senador opositor José Nunes.

Se trata de un impuesto de 2% del valor catastral de las propiedades que se venden, y sobre las cesiones de derechos hereditarios y posesorios sobre bienes inmuebles y su transmisión. Un impuesto que hoy recauda unos US$ 86 millones anuales, que no tienen una afectación directa y que van a la “bolsa” de Rentas Generales.

Lo que el Frente Amplio persigue a través de esta vía es reconstituir al Fondo Nacional de Vivienda, que originalmente se financiaba con el 1% de los aportes salariales de trabajadores públicos y privados, y otro 1% de los empleadores. Dicha estructura, que databa de 1968, fue modificada en 1992 al eliminarse el aporte patronal. Y, si bien la Reforma Tributaria de 2007 previó sustituir esa merma a través del Impuesto a las Retribuciones Personales, la izquierda afirma que no resultó suficiente para mantener los recursos. Lo que pretende el FA es que de Rentas Generales, a su vez, salga lo que falta para completar ese 2% de la masa salarial.

Tomando como base que el apoyo de Lozano se traduzca en los votos de Cabildo Abierto -según Nunes, la senadora y exministra Irene Moreira “mostró interés”- a la propuesta que comenzará ser discutida a fondo el año que viene.

En primer lugar, el senador socialista dijo que la bancada frenteamplista espera el resultado de un informe que se le pidió a la División Jurídica del Parlamento. La duda que los legisladores quieren despejar es si pueden o no resolver por sí mismos ese propuesto redireccionamiento de impuestos, o si para eso deben contar antes con un proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, se aguarda que el Ministerio de Economía y Finanzas dé el visto bueno a la fórmula, que será vital para que la coalición oficialista pueda plegarse al acuerdo.