"No es una democracia, es un régimen autoritario y, si se quiere, una dictadura". Así se expresaba en octubre, en plena campaña, Yamandú Orsi, poco más de un mes antes de ser electo presidente. El tema de referencia era la situación política en Venezuela, y la validez o no de los resultados electorales del 28 de julio, con Nicolás Maduro revindicando un nuevo triunfo en medio de denuncias masivas de fraude.

En líneas generales a eso se han limitado las expresiones del gobierno electo, y del Frente Amplio (FA), en torno a la deriva de un régimen que supo ser un férreo aliado de la izquierda uruguaya, que sigue sin definir postura sobre el resultado de las elecciones del pasado 28 de julio: si acepta como válido el nuevo mandato de Maduro, o legitima a Edmundo González Urrutia, al que el actual gobiernouruguayo le ratificó su reconocimiento como presidente electo de Venezuela, y que pretende juramentarse el proximo 10 de enero.

Se trata de un tema muy incómodo para la coalición de izquierda, que en los últimos tiempos buscó en su mayoría desligarse de sus vínculos con el chavismo. Al punto que Orsi ni siquiera confirmó si habrá representación venezolana en su toma de posesión como presidente.

Poco después de las elecciones el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales (CArifa), del FA, PAblo Álvarez, elevó verbalmente un informe a la fuerza política. cuyos análisis quedó en manos del Secretariado Ejecutivo, para una definición política que nunca se completó. "La prioridad ahora es el armado del gobierno" dijo el dirigente a El País, consultado sobre una eventual definición ante el momento clave que vive Venezuela.

Parte de su informe fue recogido luego por declaraciones del presidente, Fernando Pereira, y por pronunciamientos orgánicos.

Un día después de las elecciones, el FA aprobó una declaración en la que saludó la "jornada electoral en paz" que se vivió en Venezuela y dijo esperar el cumplimiento de una serie de aspectos "fundamentales" para la "transparencia, la credibilidad y la legitimidad" de los resultados.

Uno era la publicación de todas las actas de la elección, con los datos desglosados, por parte del Consejo Nacional Electoral venezolano.

El FA también dijo que estaría "atento" a los informes de los observadores del Centro Carter y del Panel de Especialistas de Naciones Unidas. Una vez cumplidas estas condiciones, el FA señaló que los resultados "deben ser respetados por todos los candidatos y por la comunidad internacional".

Ambos ámbitos se expresaron en cuanto a que las elecciones en Venezuela no pudieron "considerarse democráticas", pero aún así la izquierda uruguaya no volvió a expresarse.

Álvarez, el presidente de la Carifa, concurrió como observador a las elecciones del 28 de julio. En una entrevista con Así nos va, de Radio Carve, consideró "más seguro" el sistema electoral venezolano que el uruguayo. Señaló que allí existían un "conjunto de controles cruzados" durante el proceso de votación que parecen "muy fáciles de auditar".

Lo que es un hecho es que nadie de la izquierda uruguaya, ni del futuro gobierno ni de la fuerza política, estará en Caracas el 10 de enero cuando Maduro —o González Urrutia— juramente como presidente. Tampoco el PIT-CNT, otro tradicional aliado del chavismo.

Por el momento, según publicó Búsqueda y confirmó El País, los únicos dirigentes que estarán allí par respaldar a Maduro serán dos históricos del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN): Héctor Tajam y Gabriela Cultelli. El primero llegó a ser senador y asesor del Movimiento de Participación Popular (MPP) en temas económicos, como integrante de su Dirección y su Secretariado.

Cultelli, por su parte, estuvo el 28 de julio para "acompañar" las elecciones como representante de la Red de Defensa de la Humanidad Capítulo Uruguay. La dirigente brindó por esos días una entrevista al Canal Cultura Venezuela, en donde cuestionó a algunos de sus correligionarios que se habían mostrado críticos con el gobierno de Maduro. "Les comieron la cabeza", afirmó.

El MPP, como tal, sigue sin adoptar postura y ha cuestionado varias veces el "apresuramiento" del gobierno actual sobre el tema, más allá del reciente posicionamiento de su líder histórico.

"Lo que revienta es cuando juegan a la democracia y hacen elecciones", le dijo a El País a mediados de noviembreel ex presidente José Mujica. "Según el resultado, lo altero, hago fraude o me mando una cagada. O una cosa o la otra" advertía,en referencia a Maduro. Mujica aseguró que hace tiempo no mantenía contacto con el presidente venezolano.

A título personal, también se maneja la presencia en Caracas de integrantes del Partido Comunista y del Partido Obrero Revolucionario (POR). En julio, los comunistas aludieron al sistema electoral venezolano como uno de los "más seguros" se la región y apuntaron a sectores que "denuncian, sin pruebas, un supuesto fraude".

Uno de los sectores más críticos siempre ha sido Seregnistas. El grupo, que reivindica representar al astorismo, se había expresado críticamente en enero del año pasado sobre el proceso electoral venezolano. Sobre todo, en rechazo a la "inhabilitación y proscripción" de candidatos, días después de que el gobierno de Maduro inhabilitara la postulación de la líder opositora María Corina Machado.

Para Seregnistas, la realización de elecciones "libres y justas" en Venezuela era una condición indispensable para que ese país pudiera comenzar a "superar la grave crisis económica y social que la conmueve y de la cual millones de migrantes, entre ellos miles que viven en nuestro país, atestiguan".

"Lo mejor es que esto se resuelva entre los venezolanos", dijo a El País el senador electo Gustavo González, que añadió que "no le gusta" lo que sucede en Venezuela. "No puede seguir así", dijo.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que gobierno mantiene detenidos a 125 "mercenarios" de varios países, vinculados a presuntos "actos terroristas" a los que relacionó con la oposición. Cabello mencionó entre el grupo a un uruguayo.

En Montevideo, altas fuentes de Cancillería dijeron desconocer si se trata de Fabián Buglione, el uruguayo arrestado a mediados de octubre cuando pretendía ingresar a territorio venezolano, y cuyo paradero sigue siendo desconocido. Desde el ministerio se indicó a El País que los pedidos de información ante el gobierno venezolano resultaron inútiles. La última funcionaria uruguaya que quedaba en la Embajada en Caracas fue expulsada en el mismo momento en que se presentó a pedir esa información.

"No existe el más mínimo diálogo" se dijo en la Cancillería, desde donde se afirmó que los pasos que ha dado Uruguay van por el camino de mantener relaciones diplomáticas con Venezuela, aunque supeditado a lo que suceda el 10 de enero. De acuerdo a lo que ocurra ese día en Venezuela, "todas las opciones están sobre la mesa", se afirmó.