Si gana las elecciones nacionales en 2024, el próximo gobierno del Frente Amplio tendrá una “oportunidad histórica, quizás la última”. Así planteó ayer Carolina Cosse ante el Congreso del Frente Amplio (FA) -que con algunas diferencias definió su programa de gobierno y aprobó las cuatro precandidaturas- lo que está en juego en los próximos comicios.

Más allá del clima de unidad en el que se desarrolló el evento, en la interna de la coalición de izquierda tienen claro que cada postulante procurará marcar su perfil en los ejes temáticos que integran el programa común. El sorteo previo le marcó a la intendenta de Montevideo el primer turno de la oratoria. Cosse sorprendió a sus compañeros quienes, según supo El País, desconocían el anuncio, más allá de que todos los respalden. La propuesta -realizada en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos- consiste en que el próximo gobierno del FA convoque, a través de un “gran llamado a la conciencia”, a una “mesa por la verdad” que permita conocer el destino de los restos de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. “Quizás sea la última oportunidad”, insistió Cosse.

Cosse apeló allí a los principales destinatarios: “aquellos que de primera mano tuvieron directa o indirectamente que ver” con, justamente, las desapariciones políticas en Uruguay.

Cosse, que no abundó en más detalles, alertó de que esa “última oportunidad” de la que habló también refiere, sin nombrarlos, a los represores. Se refirió a los que “están cerca del final de la vida”, para que “con un gran gesto patriótico y de humanidad”, den información de los enterramientos.

La jefa comunal planteó también la necesidad de un plan “basado en la evidencia” que, según aseguró, permitiría eliminar dos de cada tres casos de pobreza infantil en el país,

Además, pidió unificar las transferencias que hoy se otorgan, con una fuerte componente de “equidad” y “territorialidad” para lo que, señaló, apelará al plan ABC implementado por su gestión en Montevideo. A la vez, dijo que se trabajará para generar empleo genuino que logre la autonomía de los beneficiarios de estos planes. El compromiso es que el próximo gobierno logre bajar los índices de pobreza a “niveles históricos”. como “nunca antes vio el país”.

Por último, Cosse apeló una vez más a la experiencia del plan ABC para ratificar otro compromiso: “No más casas inundadas en nuestro gobierno”.

A su turno su colega de Salto, Andrés Lima, dijo que “el Frente Amplio deberá enfocarse en crear empleo genuino”. “Sobre todo en jóvenes, en mujeres y en mayores de 48 años”, agregó. También habrá que pensar en salarios dignos, a partir de la “miseria” que, afirmó, dio este gobierno. Y remarcó: “Con este gobierno hay más pobres”.

Lima llamó a garantizar el acceso a la vivienda ya que con el Plan Avanzar, e “ha venido más humo que la chimenea de Ancap”, ironizó. Además, pidió enfocar el problema de la seguridad pública en todo el país y las falencias en la salud pública, sobre todo en el interior. “Son tantas cosas que pasan, que uno entiende por qué el presidente está tan nervioso” dijo, abriendo las críticas hacia Luis Lacalle Pou. “Fue un atrevido con Yamandú”, expresó, al recordar cuando el presidente instó el viernes pasado al intendente de Canelones a “cuidar los modales” y “parar un poquito” el “tono” en referencia a cuestionamientos de Orsi. “Capaz que de joven quedó con ganas de ser patovica, pero al Frente Amplio ningún patovica se lo lleva por delante”, advirtió Lima.

En tercer lugar habló el senador Mario Bergara. “La autocrítica nos enseñó que nos habíamos alejado de la gente, que fuimos soberbios y que nos faltó humildad”, recordó. “Aprendimos la lección”, aseguró. Y esa autocrítica demostró que para ganar se necesita a todo el FA, según Bergara, quien definió tres espacios en la izquierda: comunistas y socialistas por un lado, el MPP por el otro, y los “seregnistas” por otro. “Necesitamos a todos los espacios potentes”, dijo y remarcó que “no hay que tenerle miedo a las diferencias, ni ver a la diversidad como un problema”.

Bergara sostuvo que FA desea retornar al gobierno “para tratar se resolver” graves problemas que tiene el país. Y enumeró algunos: la penetración del narcotráfico en los barrios, la educación y la fractura social.

“No podemos pensar un Uruguay desarrollado para todos si no vencemos la fractura social”, afirmó. “Tenemos tantos problemas para resolver”, lamentó y agregó: “Pensando en las grandes mayorías, no solo en los malla oro”.

El último orador fue Orsi. “El presidente nos pregunta qué vamos a hacer”, inició. “Que se dedique a gobernar”, le pidió. Lo que sí está claro, apuntó, es lo que el FA no hará. “No vamos a priorizar la lealtad a nuestros amigos por sobre la lealtad a nuestro país. No vamos a mentir en la campaña, y no vamos a mentirle al Parlamento”, aseguró Orsi y lamento que Lacalle Pou dejará un país “más desigual, más inseguro y más oscuro”.

Por último, el jefe comunal canario remarcó que el FA tendrá su énfasis republicano en el gobierno. A 200 años de los “tiempos terribles” de derrota del artiguismo, Orsi pronosticó para 2025, en un nuevo bicentenario. El país, dijo, podrá festejar los 200 años de la Cruzada Libertadora de los Treinta y Tres Orientales con un nuevo gobierno del FA. “Vientos del pueblo nos llevan. Aceptamos el desafío”, concluyó.

En un debate que demostró ser bastante más calmo que en otras ocasiones, varios puntos del programa de gobierno ratificado ayer generaron una prolongada discusión. En particular, algunos detalles incluidos en el capítulo de educación. Luego de dos votaciones quedó fuera un planteo que obligaba al eventual próximo gobierno del Frente Amplio a derogar todos los artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC) que hicieran referencia a la enseñanza. Allí, terminó primando una moción -ratificada luego por consenso- que va en la vía de la “exhortación” a que, a partir de 2025, se promuevan acciones pare revertir los efectos de esa ley, considerada “nefasta” por la coalición de izquierda.

También quedó por el camino otra moción que proponía la eliminación directa de todas las exoneraciones tributarias a los aportes que, vía donaciones, se efectuaran a los centros educativos públicos de gestión privada. Lo que dirá el programa será que el próximo gobierno -en caso de ser de izquierda- irá a “revisar” la manera en que se otorgan esas exoneraciones. El objetivo, se declara, es que la renuncia fiscal que hace el Estado por esa vía impacte directamente en las poblaciones que más lo necesitan. El freno a la eliminación de esas exoneraciones estuvo encabezado por el diputado Sebastián Sabini (MPP).

“No nos podemos poner en contra a esas familias”, advirtió el legislador, que planteó acto seguido una pregunta: “¿Quién les va a ir a decir a esas familias, esos gurises, que se le va a cerrar el liceo?”. En todo caso, sostuvo, habría que mejorar el presupuesto de la educación pública, para que así pueda tener una mejor oferta educativa en barrios en los que trabajan los centros de gestión privada, como los liceos Impulso y Jubilar. “No es por la negativa, no es cerrando esas instituciones que vamos a mejorar la educación pública”, advirtió.

Otro punto de debate, casi al final de la sesión plenaria, estuvo referido al capítulo Relaciones Internacionales. En particular, hubo una moción que planteaba que el gobierno tuviera que prohibir el abastecimiento en puertos nacionales a los buques de bandera británica que fueran en dirección de las Islas Malvinas, reclamadas por Argentina. La moción terminó por ser desechada.