El gobierno actual y el entrante avanzaron este lunes en el proceso de transición. El secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, le entregó al futuro prosecretario, Jorge Díaz, un memorándum y documentación vinculada a los distintos arbitrajes que debe enfrentar Uruguay por sucesivas demandas presentadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

En total son cinco demandas, todas en distintas fases procesales.

La actualización representó, en parte, una buena noticia para la administración de Yamandú Orsi. El gobierno saliente llegó a un acuerdo transaccional con Larah (Latin American Aviation Holding),- el holding que controlaba las acciones de Pluna SA - que demandó al Estado uruguayo por el cierre de la aerolínea. y cumplirá con el pago correspondiente en los primeros días de febrero, lo que cerrará el juicio.

Fuentes políticas indicaron a El País que el monto acordado es US$ 56 millones más intereses, cifra que indicaba el laudo arbitral emitido a mediados de 2024 y que el Estado aún no había cumplido. El pago permitirá además evitar eventuales embargos contra los activos de Uruguay a nivel internacional.

En el resto de las demandas Díaz comentó que “no hay sorpresas”. Dos de ellas están asociadas, en distintas etapas, a la minera Aratirí y su reclamo vinculado a su fallido proyecto de extracción de hierro, que, para el gobierno electo, representan el asunto “más complejo”.

Una de estas demandas está en etapa de casación en un tribunal de París. Una corte de Apelaciones de esa ciudad había revertido en marzo de 2023 un fallo en primera instancia favorable a Uruguay.

La cuarta demanda es la impulsada por los accionistas de Montecon, fundamentada en una supuesta violación por parte del Estado a los tratados de inversiones firmados con Chile y Canadá - los países de origen de los capitales de esa empresa - en torno al acuerdo que el gobierno actual firmó con su competencia, Katoen Natie, para la extensión del plazo de concesión de la playa de contenedores en el Puerto de Montevideo. La demanda es por US$ 600 millones.

De todas formas, el gobierno informó que en los últimos días recibió una “notificación” sobre un nuevo juicio. Tanto el gobierno actual como el entrante optaron por guardar reserva sobre la información, pero según supo El País fue entablado por una empresa española. El caso será analizado en las próximas horas por Orsi y su entorno.

El documento, que comenzó a ser analizado por la próxima administración, consistió en una “puesta a punto” de la información que Ferrés ya había adelantado, en forma verbal, en anteriores encuentros. Entre otros aspectos, incluye el estado de situación de las demandas y los distintos estudios jurídicos internacionales que participan en los procesos.

En diálogo con la prensa, Díaz valoró que desde que enfrentó el juicio entablado por la multinacional tabacalera Philip Morris, Uruguay ha tenido una “verdadera política de Estado” en cuanto a los procedimientos a seguir en estos casos. Según recordó, las demandas han sido centralizadas en Presidencia de la República y no en Cancillería, como se estilaba hasta entonces, contratándose en todos los casos a expertos internacionales para defender los intereses del Estado. Se trata de un “protocolo” que, afirmó el futuro prosecretario, el próximo gobierno seguirá aplicando.

“Ha demostrado ser exitoso”, concluyó Díaz. Fuentes políticas confirmaron que el gobierno electo no tiene aún calculados los montos que arriesga, pero afirmaron que “están dentro de lo previsto”.