El gobierno de Luis Lacalle Pou considera que el sistema tributario debe mejorarse. El convencimiento está en que el impuesto a la renta del trabajo de las personas (IRPF), sea efectivamente un impuesto a la renta de las familias, y no un “impuesto a los salarios”.

Así, un “importante primer paso” lo constituye parte de las medidas anunciadas por el presidenteante la Asamblea General ayer jueves, plasmadas en un proyecto de ley de "alivio tributario a ciertos contribuyentes", que ingresó este viernes en el Parlamento y cuya base está en el incremento en las deducciones contempladas en el tributo, con el foco principal en los trabajadores contribuyentes de menores ingresos y con hijos a cargo, según el texto de la iniciativa al que accedió el País.

También a través de la reducción de los aportes de los contribuyentes del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que reciben las pasividades más bajas y del alivio de algunos de los tributos que pagan las micro y pequeñas empresas.

Un proyecto de ley que fue posible gracias a la “administración prudente” de los recursos fiscales”, dice el gobierno, con una rebaja impositiva concentrada en dos aspectos: buscar aumentar el ingreso real disponible de las personas y profundizar el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Una rebaja que, además es “compatible” con la regla fiscal implementada por la ley de Urgente Consideración (LUC).

“Desde el inicio de esta administración ha sido una prioridad implementar políticas de apoyo al crecimiento económico y a la generación de empleo”, subraya el Poder Ejecutivo en el mensaje que acompaña el proyecto. También, que se entendió prioritario hacer un “uso responsable” de los dineros públicos, en un contexto de elevada carga tributaria y un “creciente endeudamiento público” en “los años previos al inicio de este gobierno de coalición”.

En lo que respecta al IRPF, el objetivo está en el aumento de la base de deducciones permitidas, así como en el crédito por arrendamiento y compra de inmuebles, de forma tal de “otorgarle cierto alivio a la clase media” y a los trabajadores de menores ingresos con hijos a cargo.

Así, se plantea incrementar el ficto anual de deducción por hijo de 13 a 20 Bases de Prestación Contributiva (BPC). Con la cotización actual, ese ficto pasaría de $ 73.580 a $ 113.200 anuales, manteniendo en todos los casos las deducciones por hijos con discapacidad.

Se aumenta asimismo —para hacer uso de la deducción del crédito hipotecario— del costo de la vivienda única, que pasará de 794 mil a un millón de unidades indexadas. Al cambio actual, el monto se elevará de $ 4.503.000 a $ 5.671.000, manteniendo el tope anual de deducciones en 36 BP ($ 203 mil actuales).

Para los contribuyentes que ganen hasta $ 60.500 las deducciones sobre gastos, como Fonasa o Fondo de Solidaridad, se elevan de 10% a 14%. en el caso del arrendamiento de inmuebles, se incrementa de 6% a 8% el porcentaje que se permitirá imputar a IRPF.

Según el Poder Ejecutivo estas medidas alcanzarán al 75% de los contribuyentes a ese tributo, en particular al 47% de menores ingresos. Se afirma que el 14% de los actualmente pagan ese impuesto dejarán de hacerlo.

Para el caso del IASS, el incremento llevará el mínimo imponible anual a $ 611.280 actuales y el 11% de los contribuyentes dejará de pagar dicho tributo.

El proyecto incluye además la condonación de las deudas de los contribuyentes del monotributo social Mides generadas desde marzo de 2020.