La construcción de una nueva planta procesadora de agua potable fue tal vez el principal tema de debate durante la transición entre los gobiernos de Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi. El nuevo mandatario frenteamplista avisó de varias formas que estaba en contra del proyecto millonario que se firmó con un consorcio privado para llevarlo adelante en Arazatí (San José), en donde se tomaría agua del Río de la Plata, pero Lacalle Pou anunció a su vez que seguiría adelante con el emprendimiento porque era un compromiso político propio, con lo cual firmó la iniciativa con la empresa.

Con ese dilema asumió Orsi su gobierno, sabedor de que es necesario aumentar el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana -sobre esa necesidad no hay debate, el asunto es cómo solucionarlo- pero que el proyecto Arazatí distaba mucho de convencer a su equipo. Son varias las críticas, pero en resumidas cuentas apuntaban al diseño de la inversión y a las características de la obra, como por ejemplo el lugar seleccionado, ya que algunos informes dan cuenta de una alta salinidad del río a esa altura.

Formalmente, las renegociaciones con la empresa comenzaron este viernes, con una primera reunión en Torre Ejecutiva en la que participaron, por el gobierno, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de la OSE, Pablo Ferreri.

Estos jerarcas, presentes en la conferencia de prensa que se hizo tras la reunión, se reunieron con una delegación del consorcio, que en términos generales valoró como positivo el encuentro, según supo El País.

Foto: Leonardo Maine/El País.

Sin embargo, la voluntad del gobierno de Orsi, y que fue transmitida en la reunión, es buscar las formas de evitar que se realice este proyecto, más allá del contrato firmado, señalaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo. Tampoco se pierde de vista, y este fue otro de los mensajes que pasó el gobierno a los empresarios en este encuentro, que “los contratos en Uruguay se respetan” y que eso sigue siendo un “intangible” de este país, tal como por otra parte ha sostenido en varias oportunidades el presidente Orsi.

De momento, la decisión anunciada por el gobierno fue “frenar la ejecución del contrato” por un plazo de 90 días, como dijo Sánchez en la conferencia con los medios. Durante estos tres meses, indicaron en tanto las fuentes consultadas, ambas partes se comprometieron a intercambiar “semana a semana”.

En la conferencia de prensa, Sánchez recordó los reparos que el actual gobierno manifestó en la transición con el de Lacalle Pou a propósito de esta iniciativa, que costará al Estado unos US$ 294 millones -y 30 meses de obras.

Pese a ello, rememoró el jerarca, “el gobierno saliente decidió en el marco de sus potestades firmar dicho contrato y hoy es un contrato que está obligando al Estado uruguayo a ejecutarlo”.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Durante el primer Consejo de Ministros, realizado el 25 de marzo pasado, se estableció “un grupo de trabajo a los efectos de renegociar” el acuerdo alcanzado con la compañía, dada la “visión crítica” que tiene este Ejecutivo sobre el proyecto, sin soslayar “ el bien supremo por el cual el Poder Ejecutivo entiende que tiene que trabajar que es garantizar el abastecimiento de agua potable para la población del área metropolitana de aquí al año 2035”.

En las próximas horas, adelantó Sánchez, los abogados del consorcio y los del gobierno redactarán y firmarán el “congelamiento de los plazos” para que “las obras, los tiempos y todos los plazos que estaban establecidos (en el contrato) se congelen” y no haya avances de ningún tipo durante el plazo acordado.

“Todos los escenarios estarán arriba de la mesa -subrayó el secretario de Presidencia-. Veremos hacia dónde llegamos con la negociación”.

A juicio de la administración actual, “el proyecto Casupá es un proyecto prioritario” porque entienden que este sí garantizaría el abastecimiento del agua potable en el área metropolitana.

“Lo que queremos es renegociar el contrato. Todo lo que está en el contrato puede ser cambiado. Veremos hasta dónde llegamos, pero mantenemos nuestra visión crítica sobre el modelo de financiamiento y queremos encontrar una solución que implique otro modelo de financiamiento”.

Foto: Darwin Borrelli

Representantes del gobierno de Lacalle Pou firmaron a finales de enero de 2025 este polémico contrato para la puesta en marcha del proyecto Neptuno en Arazatí, para la construcción de una planta potabilizadora que tomaría agua del Río de la Plata para abastecer al área metropolitana y alrededores.

El consorcio, que obtuvo la adjudicación en agosto de 2023 está integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST.

Tras la firma, Presidencia emitió un comunicado brindando algunos detalles del acuerdo. Allí se indicó que el contrato permitiría “iniciar las obras del proyecto Arazatí, la inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable”.

“De este manera -agregaba el comunicado-, se culmina un proceso que se inició en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y operación de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable, que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos”, indicó entonces Presidencia.

El gobierno de Lacalle Pou añadió entonces que “para dimensionar la importancia y necesidad de esta obra, conviene recordar la histórica crisis hídrica que afectó al país en el 2023 y su impacto en la calidad del agua”, y que el proyecto en Arazatí garantizaba “un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana”.

“La obra es un compromiso del gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace décadas, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país”, concluyó el escrito.

Foto: Leonardo Mainé