Con cinco votos en nueve el oficialismo promovió ayer en comisión del Senadola aprobación de un proyecto de ley que dispone el acceso público a todos los documentos existentes en torno al pasado recientey a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese período. Un proyecto que generó grandes reparos en la oposición.

La iniciativa del Poder Ejecutivo consiste en la creación de una sección especial para este tipo de documentación en el Archivo General de la Nación (AGN). La ubicación elegida, según el gobierno, asegura la conservación y clasificación de ese material y, sobre todo, la “cadena de custodia” de esa información.

El proyecto, que dividió claramente al oficialismo de la oposición, irá al plenario luego que el Senado apruebe, presumiblemente durante la primera semana de octubre, la Rendición de Cuentas.

El ministro de Defensa, Javier García, defendió ayer la iniciativa ante el Parlamento. “Es para que se pueda conocer toda la verdad”, aseguró. Una verdad que, apuntó, no pudo conocerse por falta de “voluntad política” durante los gobiernos del Frente Amplio.

García defendió que cualquier persona que esté interesada pueda ir y consultar libremente estos archivos. “Apelamos a que no haya censura y a que nadie le diga qué puede leer y qué no”, afirmó y agregó: “Las censuras son del tiempo de la dictadura”.

A fines de mayo, luego de anunciar esta iniciativa, el Ministerio de Defensa había sacado a relucir una resolución, dictada en 2011, en donde se ponían bajo reserva 153 archivos vinculados a la dictadura cívico-militar.

El titular de Defensa aludió a las “reticencias” que dijo haber observado en la oposición en cuanto a avanzar en la difusión de este tipo de archivos. En su visión, parece que allí “hubiera algo que quemara”. Más potente, dijo, que el “derecho a saber la verdad”.

La coalición de gobierno frustró un planteo del Frente Amplio, que pretendía que el proyecto tenga una discusión más prolongada. La oposición apuntaba a recibir en comisión la opinión de diversas organizaciones vinculadas al pasado reciente, como por ejemplo, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La iniciativa del gobierno fue destacada por el senador nacionalista Jorge Gandini, que defendió el acceso irrestricto de esta documentación. “Los archivos no son la verdad, son archivos”, dijo al preguntarse “quién será el censor” que pueda determinar lo que se difunde y lo que no.

García entregó una memoria digital y las actas correspondientes a los documentos vinculados a la dictadura, que desde hace años estaban depositados en una oficina del ministerio de Defensa -a la que esa certera no tenía acceso- y que técnicamente pertenecen a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

La existencia de esos archivos, y sobre todo de esa habitación particular, fue consignada a fines de agosto por El País. “No sabemos por qué razón el Parlamento no tenía acceso a esos documentos cuando la Institución de Derechos Humanos, que depende del Parlamento, sí lo tenía”, dijo el ministro.

Estos documentos quedarán en custodia del Parlamento ante el pedido expreso de García, que solicitó ante los legisladores absoluta reserva sobre su contenido. Según las especificaciones de Defensa, serán dados a conocer una vez el Poder Legislativo ratifique la ley correspondiente.

El proyecto consta de cuatro artículos. El primero es el que dispone la creación en el Archivo General de la Nación de una sección destinada a “reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente a las violaciones a los derechos humanos”.

Allí el gobierno ratifica su “más férreo compromiso con la transparencia” al facilitar el acceso “sin restricciones” a esta documentación. En particular, alude al “Archivo Berrutti”, producido por el entonces Servicio de Información de Defensa (SID) y que consta de unos 1.500 microfilms, para así conocer “cabalmente un período trágico y complejo de nuestro pasado”.

El texto establece que la documentación que sea ubicada en esa sección será de acceso libre, “sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar” de las personas que fueron víctimas de estas violaciones. También será considerada reservada toda aquella información que pueda resultar “sensible o pasible de afectación a terceros, de acuerdo a lo previsto en la ley de Protección de Datos Personales”.

Más allá de la posibilidad de que los interesados puedan concurrir a consultar los archivos una vez estén disponibles, el proyecto del Poder Ejecutivo prevé su futura publicación “en línea” de los contenidos que no se consideren reservados. Los mecanismos necesarios para ese procedimiento serán diseñados por los ministerio de Defensa y de Educación y Cultura, en conjunto con la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad la Información (Agesic).

En caso de ser aprobada la iniciativa para su aplicación se requerirán recursos, que el texto oficial no prevé. Tampoco su fuente de financiación. Esa responsabilidad quedará en manos de los legisladores, que deberán encontrar ese dinero vía reasignación en esta Rendición de Cuentas, según lo adelantó este lunes Gandini.

El principal requerimiento pasa por la financiación para completar la digitalización de toda esta documentación. Aunque el legislador blanco aseguró que “no es mucho dinero”.