INFORME

No había que ir a las mediciones de escritorios para darse cuenta: las últimas semanas fueron particularmente turbulentas en la relación entre el gobierno y los sindicatos y gremios, que llegó a implicar -y sigue implicando- la manifestación en las calles, la ocupación en la Universidad de la República (Udelar) y duros pronunciamientos del Pit-Cnt.

Pero si se va a los números finos, como hace con periodicidad el Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica (UCU), se comprueba que setiembre fue el mes más conflictivo de los 31 completos que lleva el gobierno de coalición liderado por el presidente Luis Lacalle Pou.

“La conflictividad global fue casi cinco veces mayor a la del mes anterior y un 80% superior a la de un año atrás, siendo este mes (por setiembre) el que presentó la cifra más alta en lo que va de esta gestión de gobierno”, sostiene al inicio del reporte el nuevo informe de Conflictividad Laboral de esta casa de estudios.

En los hechos, ello se traduce la pérdida de 409.810 jornadas laborales.

¿Por qué se dio un pico como no se había visto durante esta administración, y fue, además, el mes con más conflictos de los últimos tres años, según datos a los que accedió El País?

En general, las lecturas al respecto coinciden en señalar el aspecto coyuntural del fenómeno, pero también hay algunas diferencias en cuanto a lo que se proyecta a mediano y corto plazo.

En la Torre Ejecutiva, por ejemplo, hay un convencimiento de la puntualidad de la intensidad de setiembre, asociada casi que exclusivamente con el tramo final de la discusión por la Rendición de Cuentas, etapa que suele ser agitada porque es cuando los legisladores definen el presupuesto del año siguiente, y cuando arrecian los reclamos de los distintos sindicatos y sectores del Estado.

“Fue por la Rendición de Cuentas”, sintetizó un integrante del gobierno, para quien el asunto no merece una contemplación más compleja que esa.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y Eloísa González, directora del departamento de la UCU en cuestión, reparan enfáticos en el paro general de 24 horas que tuvo lugar el 15 de setiembre “bajo la consigna ‘contra el modelo de desigualdad’, en reclamo de trabajo, aumento de salarios, presupuesto para la educación y en rechazo a la reforma de la seguridad planteada”, como recordó el propio reporte universitario.

“No hay mucho más para decir que esto”, dijo Mieres en relación al paro y el debate presupuestal. “Me parece que es un pico puntual; vamos a ver qué pasa en octubre”, agregó.

González también espera con expectativa, pero aventura que la conflictividad puede haber entrado en una curva ascendente. “Pensamos que va a seguir aumentando -dijo la académica-, porque están las reformas de la educación y la de la seguridad social” que encuentran fuertes resistencias tanto en el Frente Amplio como en el Pit-Cnt.

Mieres, en cambio, entiende que los niveles actuales de movilización son los normales, de acuerdo a los promedios registrados en la “prepandemia”, lo que quiere decir con anterioridad a marzo de 2020, fecha a partir de la cual, durante los dos años que duró la emergencia sanitaria, las manifestaciones sociales se redujeron drásticamente.

“Yo he hecho un análisis comparado de los primeros semestres de los últimos años, y me dio que en conflictividad estamos entrando en niveles de promedio”, dijo el titular de la cartera de Trabajo. Y consultado específicamente sobre qué espera en las próximas semanas, respondió que prefiere no adelantarse. “Siempre hay un componente político en la actitud del Pit-Cnt por su obvia vinculación con la oposición, lo cual es algo que va pesando en el debate y en las medidas de la conflictividad”, opinó Mieres.

En el Pit-Cnt, en tanto, y como suele suceder en estos asuntos, lanzan la pelota para la cancha del gobierno para analizar qué nivel de movilización se espera de acá a fin de año, porque las medidas sindicales son en respuestas a las acciones de gestión. Al menos esa es la visión del vicepresidente de la central sindical, José Lorenzo López, que entiende que las movilizaciones ocurren en un contexto de “crecimiento económico bastante importante, pero en el que la pobreza sigue creciendo”.

“Ahora dependerá lo que haga el gobierno -siguió el dirigente sindical-. Si siguen en la tesitura de ajustar para abajo para que los que más tienen aumenten su recaudación, y no hay avances que permitan que los sectores más complicados de la sociedad puedan tener mejores condiciones. Todo hace pensar que es difícil que esto ocurra (...), es probable que se mantengan estos niveles de movilización”.

En el informe académico de la UCU se observa, como ar- gumento para vaticinar un aumento de los conflictos, que la huelga general declarada en la Udelar este 4 de octubre no tiene aún una fecha de finalización, “y además hay paros anunciados de las industrias láctea y de la carne, así como algunos anuncios de docentes de secundaria”.

Y, como conclusión, se explica: “Si bien muchas veces el aumento de la conflictividad sectorial se explica por los paros de los trabajadores de la construcción por fallecimientos que son imposibles de prever, una huelga de varios días en la Universidad de la República también tendrá un alto impacto considerando que el número de docentes y funcionarios es alto y que la adhesión a los paros también lo es”.

Como todos los meses, el reporte del Departamento de Estudios Organizacionales de la UCU incluye también un análisis de la conflictividad por rama de actividad para visualizar en qué sector se dieron guarismos de conflictividad más alto, y luego se adentra en las causas disparadoras de las movilizaciones.

La construcción fue el área donde se concentraron la mayoría de las medidas, ya que allí se dio el 45% de la conflictividad. Le sigue la educación, con el 38%, el transporte (8%), la industria manufacturera (5%) y otros (4%).

En cuanto a las causas, las más mencionada fueron económicas: las condiciones de trabajo -que incluyó el reclamo de mayor seguridad en obras, más limpieza y seguridad en el Liceo 45 y un paro en Copsa por la muerte de un trabajador- y los salarios -expresado en medidas tomadas en Copsa por deudas, los paros en la Udelar “y un paro de la Mesa del Pan”.