Por Pamela Díaz
La coalición de gobierno y el Frente Amplio buscan acordar una serie de cambios en clave de política de Estado para mejorar la seguridad ciudadana a mediano plazo. Pero las conversaciones no vienen siendo sencillas. Cabildo Abierto, de hecho, sentenció que solo puede acompañar una tercera parte de las propuestas presentadas por el Ministerio del Interior, y que para las restantes tiene algunos reparos. Así lo comunicó al resto de los partidos políticos tras el estudio del plan preliminar que armó la cartera de seguridad.

El objetivo es llegar a un consenso para que las medidas tengan continuidad más allá de este gobierno. El proceso siguió estos pasos: primero, cada partido le entregó recomendaciones al Ministerio del Interior; después, con esa información arriba de la mesa, la cartera seleccionó y presentó a mediados de marzo un proyecto preliminar con quince propuestas.

No obstante, ya todos sabían que las conversaciones no iban a concluir con ese documento. Cada partido, entonces, debió analizarlo y presentar una respuesta. Y el grupo multipartidario ya regresó a la discusión: tuvo dos reuniones -miércoles y jueves de la semana pasada- y se volverá a encontrar hoy a las 9:00.

Lo que concluyó Cabildo es que, de las 15 medidas de ese documento (más las cuatro incluidas en el anexo), solo acompaña cinco. ¿Qué tienen de especial? “Aportan mejoras a la capacidad administrativa y operativa del Ministerio del Interior”, argumentó el partido político en su devolución por escrito, al que tuvo acceso El País y ya tienen en sus manos todos los integrantes del grupo. ¿Qué sucede con los planteos restantes? “Existen otras propuestas que no pueden suscribirse en la forma en que fueron planteadas y requiere de un mayor trabajo de coordinación y fundamentación dentro del grupo convocado”, indicó el equipo de asesores.

Ante las críticas que aparecen en el documento, El País consultó al asesor en seguridad de Cabildo Abierto y comisario mayor retirado, Jorge Gómez Arbiza, que indicó que se ponen “objeciones” en la devolución porque hay temas en los que no están “totalmente de acuerdo”. No obstante, dijo que, si se le realizan cambios en las conversaciones que tienen en el grupo interpartidario, se podría llegar a acuerdos.

Uno de los puntos con los que los cabildantes se mostraron alineados es la implementación de encuestas nacionales de victimización, aunque se señaló que “no se comprende la razón por la que no se han realizado aún y la necesidad de apoyo interpartidario para hacerlo”. También dan el visto bueno a la prevención del ciberdelito, para lo que proponen “crear una Agencia Nacional de Ciberdefensa centralizando todos los esfuerzos, como lo planteó Cabildo en el Parlamento”.

Otra medida que el partido “comparte totalmente” pero que “debió haberse abordado desde hace tres años” es la implementación de un sistema que apoye a los funcionarios policiales y sus familias para su bienestar físico, mental y social. Una postura similar tienen sobre una propuesta de capacitación en trabajo con poblaciones vulnerables: está de acuerdo pero tuvo que “ejecutarse desde inicio de la administración”.

“Como común denominador”, dice el documento, las medidas en general pueden “describirse como una serie de enunciados con fundamento en publicaciones académicas”, pero que sin embargo “guardan distancia con la realidad de medios humanos, materiales y el nivel de capacitación de los efectivos encargados de la seguridad”. Por eso, se advierte: “Su ejecución estaría colocando en apremios a gran parte de la fuerza desplegada, ya disminuida por varios factores”

A su vez, el partido vio que se “verifica una tendencia a la contratación de consultorías internacionales”, y que se ignora las “capacidades nacionales de universidades, consultoras y otras organizaciones de investigación científica del país”.

Pero hay más críticas. Se “procura asociar la prevención del delito con algunos asuntos -indica el texto de los cabildantes- que son, a su criterio, “de dudosa relación”. Y se enumera en ese sentido algunas de las propuestas que reúnen aporte de todos los partidos: “La creación de un nuevo ministerio (de Justicia); un aumento de la burocracia en cárceles, sin la necesaria construcción de nuevas; la aplicación de técnicas de policiamiento sin incrementar efectivos en el territorio; y la creación de un nuevo sitio web”.

Cabildo “apoya firmemente la formulación de una política nacional dentro de un compromiso que trascienda administraciones”. Pero entienden que “debió considerarse con mayor antelación” en asumir este trabajo por parte de la administración. Y que “debería ser parte de la estrategia de seguridad pública y de un plan director de seguridad pública, actualizables anualmente en función de la evolución del ambiente de seguridad y sus amenazas”.

Y adelante en el texto se marcó que “como socios de la coalición” les “resulta difícil apoyar políticas que no producen resultados tangibles de mejora de la seguridad”.

Por su parte, Gómez Arbiza, consultado por El País por el documento, señaló que uno de los elementos que consideran principales es la “potenciación de las comisarías” desde el punto de vista normativo, administrativo y operacional”. Son aspectos que no se contemplaron, y lo que se propone por el ministerio es “abrir destacamentos”. Las comisarías, hoy, son un “centro de información y recepción de denuncias”, y es “insuficiente para atender las necesidades de la población en el territorio”. “Queremos que pueda hacer prevención, represión e investigación”, añadió el licenciado en seguridad pública.

El documento también pide “desarrollar una verdadera Policía de cercanía, no solo orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también a solucionar problemas de convivencia en sentido amplio”.