Redacción El País
"¿Qué es lo que se haría con US$ 159,7 millones anuales?”, cuestionó el presidente de la Asociación de Distribuidores de Cigarrillos, Gustavo Márquez, al enfatizar que esta es la pérdida de recaudación del Estado debido al contrabando de cigarrillos en Uruguay.

La gremial se reunió el lunes con autoridades de la Intendencia de Montevideo, para expresar su preocupación por el aumento de la venta de cigarrillos de contrabando y pedirles que “no bajen los brazos” en la fiscalización de esta problemática.

Según un relevamiento de la consultora Cifra, realizado en octubre de 2022, el mercado ilegal en Uruguay moviliza 49 millones de cajas al año, que de comercializarse de forma legal, generaría una recaudación de $ 6.000 millones (US$ 159,7 millones) al Estado, de los que $ 1.600 millones (US$ 42,59 millones) serían por el IVA y $ 4.400 millones (US$ 117,11 millones) por el Imesi.

Según el informe de la encuestadora, del total de 136 millones de cajas de 20 cigarros que se venden al año, más de 49 millones son de contrabando, es decir el 36%. Esto significa que una de cada tres cajas vendidas, es comercializada de forma ilegal.

Márquez señaló a El País que la caja de cigarros legal tiene un costo promedio para el público de $ 200, mientras que en la de contrabando es $ 50, menos que “una flauta de pan”.

“Consideramos que hay una flagrante omisión de (la Dirección Nacional de) Aduanas. Las intendencias pueden controlar, pero controlan cuando la mercadería está adentro, cuando la tenés en (la avenida) 18 de Julio, en los comercios. Acá quien está haciendo una omisión brutal es Aduanas. 49 millones de cajillas, que es lo que entra de contrabando por año, no entra en una mochila”, afirmó el presidente de la gremial y acotó que es “contrabando a gran escala”.

Márquez dijo que se han reunido con jerarcas de Aduanas y que la respuesta ante la entrada de los productos por contrabando ha sido “no tengo vehículos, no tengo personal, no tengo presupuesto, no tengo, no tengo, no tengo, no llego”.

A su vez, destacó que además de reunirse con la intendencia capitalina, lo hicieron con la Intendencia de Canelones, a la que también le pidieron que “por favor, controlen” porque “la mercadería ya entró”.

“Si se controlara en las aduanas, no entraría. Estamos hablando de volúmenes de plata que cualquier gobierno mataría”, afirmó.

“Estamos buscando que alguien se mueva, que alguien le ponga un freno”, agregó.

Del mismo modo, destacó que se carece de personal en el equipo inspectivo del Ministerio de Salud Pública a nivel general del país.

Si bien Márquez entiende que el gobierno actual ha sido uno de los que más ha incautado, previo a la publicación la ley Antitabaco (ley 18.256) en 2008 el 17% de los fumadores compraban cigarros en el mercado ilegal, mientras que a fines de 2022 esa cantidad creció a 36% de los fumadores.

En este sentido, el presidente de la gremial afirmó que las medidas que se fueron tomando en contra del consumo de tabaco, fueron en “detrimento” de la venta legal.

“Los impuestos a las nubes, las restricciones a las nubes, se olvidaron que el contrabando ya existía con el 17%. Tomaron medidas en el orden equivocado, porque si tenés contrabando, no podés tomar medidas de aumento de impuestos y restrictivas contra los cigarrillos legales. Lo que tenés que hacer primero es eliminar el contrabando. Después sí, todas las medidas que tomes son beneficiosas, todas”, afirmó.

Desde la puesta en marcha de estas medidas restrictivas para los comercios, explicó que el consumo de cigarrillos bajó. A su vez, destacó que esto se vio impulsado por las multas establecidas por la normativa, las cuales significaban, luego del apercibimiento, un pago que podía fijarse entre las 10.000 unidades indexadas (UI) y las 100.000 UI, es decir entre $ 58.231 y $ 582.310. Luego de esto, la siguiente sanción era la clausura.

“Lo que pedimos es que pongan esas multas a los que tienen contrabando, al que está haciendo las cosas ilícitas”, afirmó Márquez, llevando a que las medidas para aquellos que venden estos productos sean “mucho más disuasivas”.

Asimismo, señaló que al controlarse el contrabando el Estado gana impuestos y el consumidor “sabe lo que fuma”, lo que “redunda” en un “beneficio para el fumador”. Explicó que hay una diferencia de consumo entre aquellos que compran en el mercado ilegal y aquellos que compran en el legal, en donde los que fuman cigarrillos que entran por contrabando consumen 17,5 unidades diarias frente a los 14 diarios de los que consumen a nivel legal.

En tanto, Márquez dijo que el 10% de los fumadores nunca consumió un cigarrillo legal, por lo que “es muy difícil traerlo” al consumo de productos vendidos en el mercado legal.

“¿Qué tenés que hacer? Eliminar el contrabando, la gente va a consumir menos, que es lo que han querido todos los gobiernos desde que se creó esta política antitabaco, pero no lo ha logrado”, sostuvo el presidente de la gremial.

“Las tabacaleras tienen control, el cigarrillo de contrabando no tiene control. Eso también va a favor de la gente. ¿El cigarrillo no es bueno? No es bueno. Yo no fumo. Peor es el cigarrillo que viene de afuera porque no sabés que tiene”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que los únicos beneficiados ante estas medidas para el mercado legal de venta de cigarros fueron aquellos que venden de contrabando desde Paraguay, Brasil y, recientemente debi-do a la brecha cambiaria, Argentina.