Redacción El País
La alimentación de los más vulnerables, y la mejor política para combatir un problema que nadie discute que es estructural, ha sido uno de los frentes que mantienen gobierno y oposición, y en estos días los cruces volverán al tapete político porque el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) defenderá con convicción el camino seguido adelante a partir de este año con la apuesta al refuerzo en recursos e infraestructura al Instituto Nacional de Alimentación (INDA).

Por lo pronto, la cartera liderada por el ministro Martín Lema tiene elaborado un informe de Rendición de Cuentas que será presentado en el Parlamento en los próximos días, y que incluirá un énfasis especial en este tema.

La secretaría de Estado remarcará allí -en un estudio que Lema pidió especialmente al director del INDA, Ignacio Elgue- que a su criterio mejoró la calidad nutricional de los alimentos que se distribuyen, y que logró bajar sensiblemente el costo de las viandas entregadas a través del Sistema Nacional de Comedores -reforzado luego de identificar que Uruguay, pese a ser el país mejor posicionado en la región, sufre inseguridad alimentaria desde al menos 2016, cuando la situación era peor incluso que la generada en 2020 con la pandemia, tal como lo determinó el último reporte de la Organización de Nacionaes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Lo que presentará ahora el Mides, no obstante -y como es habitual en política-, no será suficiente para la oposición, pues el Frente Amplio entiende que la cartera ha decidido una política basada en “recortes”, dijo a El País la senadora Sandra Lazo, que agregó que cursará un pedido de acceso a la información pública para contar con detalles administrativos sobre la implementación de este nuevo plan.

El estudio del Mides indica que hasta 2019 las bandejas que se entregaban en los comedores se adquirían a un costo de $ 238,39 por unidad. Y que partir de 2020, con la llegada de la nueva administración, el costo se redujo a $ 128,10 por vianda.

La rebaja en los costos se logró, entre otros factores, por el “estímulo a pequeñas y medianas empresas nacionales proveedoras de alimentos”, que pasaron a abastecer al sistema. “Esta diversificación de proveedores contribuyó a potenciar la cultura de calidad”, afirma el Mides en el informe que presentará a los parlamentarios, que fundamenta que se amplió “la variedad de productos” y se redujeron los riesgos.

Y se indica que pese a la reducción de costos, las viandas no perdieron ni calidad ni valor nutricional. Hoy esas viandas se pagan a $ 210 la unidad, un costo que sigue siendo menor al de 2019.

Lo mismo sucede, se asegura, con las viandas que se entregan a través del nuevo Plan de Alimentación Territorial (PAT), que comenzó a operar en el mes de abril. Según la Rendición de Cuentas, allí el promedio de costo de cada vianda es de $ 154,28, e incluye el equipamiento de los puntos de distribución y traslado.

La Rendición de Cuentas se detiene en la implementación del PAT, que se base en la distribución de alimentos a través de comedores, “puntos fijos” y “puntos móviles”, porque resignifica la “presencia del Estado en el territorio” y a la vez supone un gran desafío logístico. Las cifras oficiales indican que por esta vía se entregan 70 mil porciones de alimentos por semana “con completa trazabilidad”.

Son, dice el Mides, alimentos “equilibrados y variados”, que cambian cada día de la semana y que cuenta con supervisión nutricional. Se garantiza así, se indica, el “derecho de alimentar a saciedad” a través de “una comida digna y acorde a las necesidades básicas a atender” que “puede ser consumida y compartida en el entorno social o familiar de la persona”. Cada vianda incluye un pan de 40 a 50 gramos y aporta entre 600 y 700 calorías.

El informe también detalla que el “menú” que se ofrece a través del plan fue seleccionado a partir de 70 opciones aprobadas por nutricionistas, que se canaliza a través de 24 puntos: seis fijos y otros seis móviles, cada uno de estos últimos con tres paradas en Montevideo y Canelones (lo que contabiliza 18 sitios de entrega).

Al asumir el actual gobierno, el INDA estaba “totalmente desmantelado” y enfrentando una fragilidad extrema, dice también el informe, que enumera: instalaciones que se llovían, depósitos inundados, balanza de camiones fuera de servicio, personal insuficiente, comedores clasurados y tickets de alimentación cuyo valor permaneció “congelado por años”.

A todo esto se sumaban, se afirma, graves problemas de gestión que evidenciaban “negligencia y desjerarquización” en un organismo cuyo misión es “proteger y promover el ejercicio del derecho humano a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria, con especial énfasis en la población social y biológicamente vulnerable”.

A modo de balance, el informe incluye lo actuado en la atención durante la emergencia sanitaria. Según cifras oficiales, el Sistema Nacional de Comedores, que en el pasado gobierno atendía a 8.500 usuarios, llegó a tener más de 24 mil. El contenido de la canasta de emergencia pasó de 8 a 14 kilos, pasando de 2019 a 2020 de 11.160 a 133.500 canastas entregadas. En 2021, el Mides afirma haber entregado 213 mil canastas de 14 kilos, que en 2022 fueron 95.500.

La Rendición de Cuentas subraya además el incremento en los apoyos a alimentación entregados a través de los programas Calle, Mujeres con Niños y Adolescentes, Discapacidad y programas del Instituto Nacional de la Mujer (Inmujeres). Allí se indica que se pasó de 410 mil viandas entregadas en 2019 a 750 mil en 2021, un incremento de 83%. Por estas vías lo tickets entregados pasaron de 137 mil a 294 mil, un aumento del 115%

Por otra parte, el informe destaca también que se completó la apertura de comedores en todos los departamentos del país.