El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cortará 10.849 asignaciones familiares correspondientes a niños y jóvenes que no están yendo a estudiar, en caso de que estos no regularicen su situación antes del 1° de agosto.

Es el primer corte que se realiza en lo que va del año. La medida, que está dispuesta en un decreto de 2015 del presidente Tabaré Vázquez, es la cuarta vez que se aplica en el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, después de que esto no se hiciera durante la pandemia por el covid-19.

En octubre de 2021 el Mides detectó a 9.000 menores que no estaban yendo a estudiar, en julio del año pasado fueron 11.500, para octubre de 2022 pasaron a ser 800 y ahora vuelven a ser casi 11.000. La caída abrupta a fines del año pasado responde a que fueron muchas las familias que regularizaron su situación luego de que a mediados de 2022 dejaran de recibir la prestación.

La medida es efectivizada por el Mides, pero se lleva adelante tras cruzar datos con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Previsión Social (BPS). La cantidad de menores que según supo El País podrían perder la prestación, 10.849, puede llegar a tener pequeñas variaciones de aquí al 1° de julio, cuando se publicará la lista definitiva de niños y adolescentes que no están cursando en ningún centro de estudios.

Para informarse sobre quiénes están en esta situación, a partir del 1° de julio se podrá consultar con el número de cédula de identidad del beneficiario a través de la página web del BPS, y en caso de corresponder, cada persona podrá presentar la documentación que avale la inscripción a algún instituto público (Primaria, Secundaria o UTU), a instituciones de educación no formal o a centros de estudio privados. Para ello, la institución deberá completar un certificado de estudios, que luego deberá ser cargado por el interesado a través de la misma página web.

De no comprobar la inscripción por parte del menor antes del 1° de agosto, es que se suspenderá el pago a partir de setiembre. De presentar la constancia con posterioridad a esa fecha, igual se rehabilitará el beneficio de forma automática e inmediata.

Consultado al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, declaró a El País que “desde las distintas instituciones se va a realizar el esfuerzo para que se revinculen” los estudiantes. Y añadió, en referencia a ciertas polémicas que se han dado históricamente cada vez que se ha tomado la medida de suspender los pagos, que hay una decisión política por la cual “si no se cumple la contraprestación se suspende la prestación”.

“Sería una muy mala señal para los que sí cumplen con enviar a los menores a centros educativos, que son la enorme mayoría, que dé lo mismo ir que no ir. Pero insisto, también se van a desarrollar acciones para lograr las revinculaciones”, concluyó el ministro.

Más de 320.000 mil, en tanto, son los niños y adolescentes que sí están inscriptos en centros educativos, y que por tanto -recuerda Lema- sí están cumpliendo con la contraprestación que exige la normativa.

El corte de asignaciones se empezó a implementar a partir de 2013, durante el gobierno de José Mujica, para todas las familias que no enviaban a sus hijos a estudiar. Se hizo basándose en la Ley N° 18.227, que establece criterios en cuanto a cómo se hacen los pagos de asignaciones según el nivel educativo de los menores.

En 2015, cuando Vázquez volvió a ser presidente y Marina Arismendi regresó a la cartera de Desarrollo Social -donde ya había estado en el primer período de gobierno del Frente Amplio-, las asignaciones dejaron de cortarse para los niños y adolescentes que no estudiaban.

Esto generó diferencias entre Arismendi y Vázquez, y el corte de asignaciones se retomó en 2016 luego de que el presidente firmara un decreto donde se obliga de manera explícita a retirar las prestaciones a aquellas familias que no estén enviando a sus hijos a escuelas, liceos o instituciones de UTU. Los cortes se hacen dos veces por año: en el primer semestre y en el segundo.

Pese a esto, las suspensiones en los pagos han sido intermitentes. En 2013, cuando esto se implementó, se dieron de baja 32.000 asignaciones. En 2014 fueron 51.000. En 2015 no se hizo el corte porque Arismendi lo bloqueó. En el primer corte de 2016 -ya con el decreto de Vázquez en plena vigencia- el BPS anunció la suspensión de asignaciones para 16.000 jóvenes. El segundo no se hizo porque Secundaria no envió a tiempo los datos para hacer el cruzamiento de la información.

En el primer corte de 2017, en tanto, fueron 14.000 los niños y adolescentes que se quedaron sin la prestación, y 15.000 en el segundo. En 2018 se hizo un solo corte y a fin de año, y allí se dieron de baja 12.607 asignaciones.

En 2019, en el año electoral, la prestación se cortó dos veces, y a mediados de año fueron 9.732 las asignaciones que se suspendieron. El segundo corte se hizo, pero en su momento no se divulgó ni El País pudo acceder ahora al número de familias que se quedaron en ese entonces sin la prestación.

La primera vez que lo debió hacer el gobierno de Lacalle Pou, a mediados de 2020, esto se descartó por la emergencia económica que implicaba el coronavirus. Tampoco se hizo en el primer semestre de 2021, sino recién en el segundo cuando el sistema educativo ya funcionaba con presencialidad plena, aunque aún estaba vigente la emergencia sanitaria.

Cuando a mediados de 2022 El País informó que la normativa se aplicaría y se podrían llegar a cortar 11.500 asignaciones, la vicepresidenta Beatriz Argimón manifestó preocupación por las consecuencias de esta decisión.

Argimón solicitó reuniones para hablar del corte de asignaciones con Lema; el presidente del BPS, Alfredo Cabrera; y con el presidente de la ANEP, Robert Silva. “Este es un tema que nos tiene que preocupar”, señaló por ese entonces a El País. El ministro de Desarrollo Social fue en ese momento enfático en que cumplir con la contraprestación de ir a estudiar no era negociable para quienes reciben asignaciones familiares.