Redacción El País
El director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco, afirmó este miércoles en el Parlamento que los extrabajadores de Casa de Galicia “ya cobraron” por distintas vías, unos US$ 24 millones. El jerarca presentó sus cálculos ante al Comisión de Asuntos Laborales del Senado, en donde rechazó las afirmaciones de los exempleados quienes sostuvieron que la solución que había sido diseñada por el gobierno solo alcanzaba para cubrir la cuarta parte de sus demandas.

En momentos en que se procesaba la alianza entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto para aprobar otro proyecto con un mayor gasto, Blanco aseguró que, en la práctica, desde el cierre, de Rentas Generales salieron más de US$ 21 millones para asistir al personal que quedó desempleado. Según su explicación, la mayoría correspondió al pago del seguro de paro especial que recibieron los funcionarios, y que hasta el momento suma unos US$ 13,5 millones. Fue con un tope de unos $ 45 mil por empleado, y era compatible con otras prestaciones. Hubo, precisó, otros US$ 6,3 millones que salieron del Fondo de Garantía de Créditos Laborales del Banco de Previsión Social (BPS). Finalmente, Blanco incluyó en sus cálculos los US$ 4,2 millones que, sostuvo, la Liga de Defensa Comercial (Lideco) distribuyó entre los trabajadores tras la liquidación de la empresa.

Por lo tanto, la cuenta de Blanco indica que, si el proyecto del gobierno que planteaba un fondo de US$ 8 millones para los créditos posconcursales, los exempleados de la institución habrían podido cobrar unos $ 32 millones. Una cifra similar a la que planteaba el proyecto de ley promovido por el Frente Amplio y apoyado por Cabildo Abierto y los senadores nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo, que fracasó este jueves en la Cámara de Representantes. Blanco afirmó que, dividido entre cerca de 2.000 extrabajadores de Casa de Galicia que reclaman, cada uno hubiera podido cobrar unos $ 600 mil. “El esfuerzo se hizo”, remarcó el director.

Los exfuncionarios reclaman deudas por US$ 42 millones, principalmente por créditos posconcursales. De esa cantidad, afirman, solo pudieron cobrar hasta el momento unos US$ 4,85 millones, en su mayor parte gracias a la venta de un inmueble de la quebrada institución. No consideran allí lo que percibieron como subsidio en este último año y medio.

Ese mismo día en una reunión con la bancada nacionalista, el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, adelantó que el gobierno vetaría el proyecto de cabildantes y frentistas si era aprobado y alertó sobre los efectos del fracaso de la iniciativa del Poder Ejecutivo. “Van a cobrar cero”, dijo.

Allí la delegación oficial dejó en claro que lo que votarían Botana y Straneo era “inviable”, y no solo por los recursos. La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) quedaría obligada a contratar, antes de dos meses, a todos los extrabajadores de Casa de Galicia que aún estén desempleados.

Según las cifras aportadas en la comisión en la “bolsa de trabajo” quedan 455 médicos y 494 funcionarios. Sin embargo, según apuntó Satdjian, 262 profesionales tiene cargo titular en otra institución. El resto se viene desempeñando como suplente o a través de distintos vínculos laborales. Solo 35 médicos, dijo, restan sin ser convocados. Con respecto a los funcionarios no médicos, la cifra es mayor: 364 no fueron llamados por otras instituciones.

El planteo del gobierno fue apoyado por la senadora nacionalista Graciela Bianchi. “El dinero público no existe, es el de los contribuyentes”, afirmó. La legisladora indicó que el Ejecutivo y el Parlamento tuvieron que resolver lo ocasionado por la decisión de la Justicia de Concursos que, “sin ningún tipo de justificación jurídica”, resolvió el 23 de diciembre de 2021 el cierre de Casa de Galicia y “se sacó un problema de encima”. Bianchi apuntó contra Leonardo Méndez, el juez que estuvo en ese momento detrás de esa decisión y que, recordó, hoy es el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. (AMU). “Acá no hay ningún inocente”, concluyó la senadora.