La Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP) se reunirá el próximo lunes para analizar con detenimiento el caso de Charles Carrera. Lo hará en conjunto con renunciante senador, que integra ese ámbito, y en donde se le confirmará su más absoluto respaldo, con el convencimiento - y así se manifestará en forma pública- de que detrás de las acusaciones que pesan en su contra hay una operación política.
El senador anuncióeste miércoles que renunciará a su banca, ante el pedido de desafuero en su contra efectuado por la fiscal Silvia Porteiro, que considera "prima facie" que incurrió en un delito de abuso de funciones al haber ordenado atender, como director general del Ministerio del Interior en el pasado gobierno, a Víctor Hernández, un civil herido en 2012 por un bala que salió de una casa en la que un grupo de policías celebraba una fiesta, en La Paloma.
Lo que el sector observa es que el pedido de Porteiro, relativo a una causa iniciada en 2022, llegue apenas a un mes de la realización de las elecciones nacionales. "Llama la atención o, por lo menos, es díficil de entender", dijo a El País la diputada Cecilia Cairo, que reconoció la "sorpresa" del sector ante una decisión fiscal emitida el mismo día en que la Lista 609, con Carrera incluido, se presentó públicamente.
La evaluación es compartida por otro integrante de la dirección del MPP, Heber Bousses, que recordó que el caso estuvo "dos años parado" y que llega a una definición un mes antes de los comicios. "En mi opinión, hay operadores políticos detrás de esto", aseguró.
Si es reelecto recuperará fueros
Pero la renuncia de Carrera a su banca supone apenas un capítulo de varios ya que en la práctica el pedido de desafuero puede no tener sentido. Siendo el tercer titular al Senado de una lista que se perfila para volver a ser la más votada en el FA, la reelección de Carrera parecer asegurada. Y, como el artículo 114 de la Constitución establece que ningún legislador podrá ser acusado criminalmente "desde el día de su elección hasta su cese", Carrera volverá a tener fueros en apenas un mes, al ser proclamado por la Corte Electoral.
"Postergar también es una victoria", reconoció una fuente del sector. Un eventual retiro de su candidatura suponía, además, un desafío logístico imposible de cumplir. La Lista 609 con el nombre de Carrera ya fue autorizada por la Corte Electoral y el MPP tiene en su poder más de 5 millones de ejemplares, que incluyen el rostro del senador, que ya están siendo distribuidos en todo el país.
La renuncia de Carrera será considerada, y aprobada, la semana que viene en una sesión extraordinaria del Senado, que promete un intenso debate político. "No alcanza con que Carrera renuncie ahora", dijo a El País el senador nacionalista Jorge Gandini, al recordar que, ante su casi segura reelección, la fiscal Porteiro deberá enviar un nuevo pedido de desafuero. Que, además, el Senado podrá considerar recién a partir del 15 de febrero, con la nueva legislatura. Carrera aseguró que tampoco allí se amparará en sus fueros, pero Gandini puso en duda que, ante el nuevo escenario político el FA apoye el desafuero, para el que se necesitan 21 votos. "Las cosas bien claras", concluyó el senador nacionalista.
Carrera recibió este miércoles un apoyo sin fisuras en los otros sectores del FA, que lo despidieron el miércoles con un aplauso cerrado, más allá de que algunos haya señalado que su presencia en las listas generará cierto "ruido" en la campaña y atentar contra las chances de la coalición de izquierda. De todas formas, nadie le planteó que abandonara su postulación.
Los gastos sobre la mesa
En la sesión de la próxima semana, Gandini pondrá sobre la mesa el cálculo de los gastos que le significó al Estado la atención irregular dispensada en el Hospital Policial entre 2010 y 2017, cuando Carrera fue director general del Ministerio del Interior. A partir del análisis fiscal, el senador nacionalistas los cifró en $ 11.942.000. Allí se incluyen los gastos ocasionados por el propio Carrera y por su entonces pareja. También por su asesor, Fernando Gil, por dos secretarias de Eduardo Bonomi y por el propio Víctor Hernández. Gandini dijo que, por "respeto", dejo fuera del cálculo los gastos que ocasionó el entonces ministro del Interior, hoy fallecido.