Por Joaquín Silva y Pamela Díaz
En la Torre Ejecutiva siguen con máxima atención el caso que tiene en el centro de la polémica a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, que hasta el momento no brindó explicaciones que convenzan a todo el espectro de la coalición de gobierno -más allá de Cabildo Abierto, el partido al que pertenece- de por qué otorgó un apartamento a una mujer que milita en su mismo partido, sin pasar por el sorteo correspondiente.

Ha dicho que el procedimiento estuvo ajustado a derecho -que se siguió un proceso formal en la cartera-, que recibe solicitudes del mismo tipo “de manera permanente”, y su esposo y líder de los cabildantes, Guido Manini Ríos, la defendió diciendo que se trataba de un procedimiento “usual”.

Un descargo con prácticamente esas mismas palabras fue el que hizo la propia Moreira ante el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en una reunión que convocó este último en la tarde de este miércoles.

Pero allí también dijo -además de llevar el expediente del caso para justificar que no hubo irregularidades- que iba a presentar un “respaldo jurídico” y esto, para preocupación del gobierno, no ha llegado hasta el momento.

“Están obligados a presentarlo para no poner al gobierno en un aprieto”, señaló a El País una fuente del Poder Ejecutivo.

La situación tiene una complejidad política extra para el presidente Luis Lacalle Pou, aunque no inusual: al tratarse de un socio de la coalición de gobierno -como ocurrió en los casos de Adrián Peña y Germán Cardoso, dos colorados que renunciaron a las carteras de Ambiente y Turismo por diferentes polémicas- el jefe de Estado no puede pedirle a Moreira el cargo sin más -como nadie duda en Presidencia que habría ocurrido si la ministra fuera del Partido Nacional.

De hecho, según supo El País, hay integrantes del gobierno que ven injusto que mientras algunos ministros se cuidan hasta en detalles y cuidan que los procesos burocráticos sean lo más “garantista” posibles, Moreira no atiende esa premisa ética que, al decir de Jorge Gandini, “además de serlo, hay que parecerlo”.

Este senador blanco, de hecho, es uno de los legisladores del oficialismo que ya salió públicamente a tomar distancia de la ministra cabildante.

“Me sorprenden sus explicaciones”, señaló el nacionalista, que aseguró desconocer que existían “cuotas” de viviendas cuyo otorgamiento se reserva a los ministros con criterios discrecionales. Se vuelve, entonces, imprescindible que la ministra aporte información, añadió Gandini en rueda de prensa, en donde contó que tenía “el celular lleno de preguntas de compañeros y correligionarios”. “Me piden respuestas y se las tengo que dar. (...) Es mucha casualidad que le haya tocado (la casa) a una militante de Cabildo Abierto”, declaró.

Estas inquietudes son compartidas por el resto de los socios, e incluso entre algunos cabildantes, muchos de cuyos dirigentes eligieron el silencio público.

Entre los liderados por Manini Ríos, la polémica ha generado distintas reacciones. Pues mientras hay cabildantes molestos con el accionar de la ministra, otros han preferido respaldarla por entender lo que Moreira ha sostenido: que hay un procedimiento que se ampara en la normativa.

A propósito de los cabildantes, ayer se dio una reunión clave de la que participó Manini Ríos: los legisladores hablaron sobre esta polémica, en un encuentro que duró más de dos horas. Después de la reunión, los participantes prefirieron no dar declaraciones.

El presidente de Cabildo, Guillermo Domenech, fue el único que ayer respaldó a Moreira, después de que Manini Ríos lo hiciera el miércoles. Sus argumentos se alinearon a las declaraciones de la ministra en la noche anterior. El senador marcó que “ha sido clara” sobre que la cartera “actuó de acuerdo a las normas que están vigentes”. Además de que rechazó una de las críticas que más se repitió desde el Frente Amplio y enfatizó que no hubo “clientelismo político”.

“Se le dio (una vivienda) a una persona que yo considero que está en estado de vulnerabilidad. Nos llenamos la boca hablando de la mujer, de las actitudes que se han tenido tradicionalmente con las mujeres y cuando aparecer una mujer sola, con una hija a su cargo en situación de vulnerabilidad se arma un soberano escándalo”, apuntó Domenech.

También repitió uno de los grandes reclamos de los cabildantes: “Se mide a Cabildo Abierto con una vara diferente y se busca cualquier pretexto para perjudicarnos”.

Por otra parte, dentro del Partido Colorado hay preocupación pero, hasta ahora, no solicitaron de manera directa explicaciones a los cabildantes. Sí algunos están a la espera de mayores argumentos -sobre todo en lo jurídico- de la ministra porque no consideran suficientes las declaraciones que dio sobre la normativa hasta el momento.

A otros los tomó por sorpresa y, aunque desconocen a ciencia cierta si se permite o no esa maniobra, creen que, si existe un “cupo” de viviendas para el ministro, es una disposición que debería cambiarse por no considerarla correcta.

El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, consultado por El País por la situación, prefirió no dar declaraciones.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Adrián Peña, cree que se “merece el beneficio” de que se la escuche después de la breve rueda de prensa que realizó el miércoles. No obstante, aseguró que no van a “ocultar” que ven la situación con “preocupación” dentro del partido.

Para ellos, aseguró, es “fundamental ver cómo se dio el procedimiento y que se haya cumplido con las garantías” que Moreira “manifestó que existen en el procedimiento”.

“Lo que cabe primero es escuchar, recibir la información y, si son satisfactorias, no pasará nada y, si no lo son, veremos”, concluyó el senador colorado.

La versión oficial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que se publicó en un comunicado en la noche del miércoles, dice que el procedimiento se “ajusta al proceso jurídico, de evaluación y normativa vigente, establecido en el programa ‘Licitaciones para activos’, dirigido por la Dirección Nacional de Vivienda”.

Además, Moreira aseguró en rueda el miércoles a la noche, después de la reunión en Torre Ejecutiva, tener un “cupo de reserva” propio que “muchas veces ni siquiera” ha usado. La ministra explicó que es para “casos concretos”. Y continuó: “Tenemos casos de la Justicia que nos pide (…), que tenemos que concederle. (...) Si no hay nada, se entrega”.

El País consultó al área de comunicación de la cartera cuál es la normativa vigente que habilita a que exista un “cupo de reserva”. Pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.