Redacción El País
El aumento de las penas contra el microtráfico que se aplicó en la Ley de Urgente Consideración (LUC) recibió diversas críticas desde su promulgación. Varios legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo, plantearon la necesidad de modificarlo ante la constatación de consecuencias negativas. Y ahora es el comisionado parlamentario penitenciario quien impulsa un texto unificado que sea incorporado en el proyecto de Rendición de Cuentas que tiene a estudio el Parlamento.

El comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, pretende unificar los cuatro proyectos que se presentaron para modificar el artículo 74 de la LUC. El polémico artículo estableció una pena de cuatro a 15 años de penitenciaría para quien entregue, venda o facilite el suministro de drogas a un menor de 21 años, o cuando el delito se comete en las inmediaciones o en el interior de las cárceles. La normativa se aprobó en julio de 2020 y después fue ratificada cuando naufragó el intento de derogar este y otros 134 artículos en el referéndum que impulsaron el Frente Amplio y el Pit-Cnt. Desde su aplicación, según indican quienes pretenden cambios, fueron condenadas a un mínimo de cuatro años de cárcel mujeres que ingresaban droga a las cárceles presionadas para entregárselas a sus parejas.

La senadora colorada Carmen Sanguinetti -redactora de una de las cuatro iniciativas que apuntan a modificar la norma- se reunió en los últimos días con legisladores blancos y frentistas con la intención de que el tema sea contemplado en la actual Rendición.

El Frente Amplio está dispuesto a incorporar cambios, dijo a El País la coordinadora de bancada de los senadores opositores, Amanda Della Ventura. “Se tiene que mover el tema”, sostuvo y recordó que la coalición de izquierda ya advirtió que la norma está “generando tragedias”.

La coordinadora de la bancada de senadores nacionalistas, Graciela Bianchi, planteará que se trate el tema y sea analizado en los próximos días. La nacionalista dijo a El País que aún no recibió un planteo formal aunque reconoce existen conversaciones informales. Y aseguró que en filas blancas aún no hay una posición.

Tampoco la tiene a título personal, aunque hizo dos puntualizaciones. Por un lado, aseguró que la normativa vigente permite que “los jueces puedan dar prisión domiciliaria”. Y por otro, que el artículo fue refrendado en la consulta popular y, según dijo, “el cuerpo electoral es el que manda”.

Fuera de las paredes del Palacio Legislativo también buscan modificar la normativa. El fiscal Rodrigo Morosoli plantea que se establezca una “solución más simple, de rápida aplicación”. Y propuso un cambio que “deja abierta la puerta a soluciones más estructurales” y respeta una “norma ratificada por el cuerpo electoral vía referéndum”.

Su alternativa es derogar el artículo 37 del decreto ley 14.294, “norma madre de los delitos de narcotráfico en Uruguay”. Dicho artículo -continúa el fiscal- cambia el régimen general del Código Penal al establecer que, cuando son delitos vinculados con estupefacientes, el “delito tentado se castiga igual que el delito consumado, y el acto preparatorio se sanciona con un tercio de la pena del delito consumado”.

De eliminarse esta disposición, el ingreso de drogas, que “resulta impedido por la gestión de los operadores penitenciarios y/o funcionarios policiales en la revisoría, sería castigado como un delito tentado: la pena mínima sería de 16 meses de prisión”.

Hoy la pena mínima son cuatro años y puede llegar a 15, de acuerdo a la nueva normativa.

Además, el fiscal aclaró que “para los casos de más entidad, el juez puede aplicar penas mayores, porque el art. 36 (del Código Penal) permanecería vigente”. Y añadió: “A casos diferentes, respuestas diferentes. Y obviamente para los eventos prácticamente insignificantes, se puede aplicar el archivo fiscal”, concluyó.