El Parlamento decidió potenciar el Programa de Participación Ciudadana (Propaci), creado en 2020, que permite que cualquier persona pueda actuar como un legislador y presentar proyectos de ley o hacer consideraciones sobre las iniciativas en trámite elaboradas por senadores y diputados. En ese marco, desde su creación a la fecha, se han presentado 607 proyectos sobre diversas temáticas y con este impulso se pretende que toda la ciudadanía conozca el programa y lo utilice.

El aporte más reciente en la plataforma tiene menos de un mes. Quien lo hizo propone “Prohibir y bloquear todas las web de pornografía en todo el territorio nacional para limitar lo más posible el acceso de los niños”. Argumenta que la pornografía “hace un daño irreparable”. Otro ciudadano plantea un “plan de sustitución y erradicación de armas de fuego y reemplazo y dotación de dispositivos Taser (arma de electrochoque)”. En la exposición de motivos sostiene que esos dispositivos, que realizan cargas de corriente eléctrica, “constituyen un instrumento de neutralización no letal”, que a juicio del ciudadano es algo “más seguro”. Su plan incluye a la Policía, Fuerzas Armadas y civiles.

Ximena Pinto Nerón, asesora de la Presidencia de la Asamblea General, dijo en diálogo con El País que este programa, creado por el legislador Martín Lema cuando era presidente de la Cámara de Diputados, pretende hacer cumplir el artículo 30 de la Constitución que establece que “todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República”.

Propaci funciona a través de una plataforma muy sencilla e intuitiva que se puede encontrar accediendo a la página del Parlamento (www.parlamento.gub.uy). Permite acceder a todos los proyectos de ley que se están tratando a nivel de comisiones y dejar allí una opinión. Entre 2020 y 2023 llegaron a los legisladores 367 comentarios o sugerencias. La plataforma también habilita a ingresar propuestas o ideas para proyectos de ley.

“Esos aportes llegan directamente a las comisiones vinculadas a la temática abordada y en caso de no encajar en ninguna de ellas son derivados a todos los parlamentarios”, explicó Pinto.

Algunos proyectos parecen de estricto sentido común, como el que propone a través de la definición de una norma “unificar los enchufes o conectores eléctricos de herramientas y electrodomésticos de uso diario o doméstico”.

Otras ideas son más extremas. Hay quien pretende reformar la Constitución para habilitar “la pena de muerte por delito de violación y/o homicidio agravante”, y acota que la ejecución se debe realizar “de la forma más profesional posible”.

Otra propuesta plantea reducir la cantidad de legisladores. En Diputados pasaría de 99 a 79 y en el Senado de 31 (incluye a la vicepresidencia) a 21 bancas.

A nivel laboral se proponen varias iniciativas. Por ejemplo, reducir la jornada laboral a seis horas manteniendo el salario; que las empresas abonen la indemnización por despido al BPS y no al trabajador para que se utilice para ampliar el plazo del seguro de desempleo y mejore el monto del mismo; prohibir el uso de dispositivos móviles y fumar durante el horario laboral, estableciendo sanciones económicas por incumplimiento, para mejorar la productividad y eficiencia.

Pinto precisó que Propaci es un gran termómetro de los temas que preocupan a la gente. “Durante la pandemia quedó de manifiesto. La enorme mayoría de las propuestas tenían que ver con los cuidados de la salud. Esto permite ver cuáles son las preocupaciones reales de la gente”, dijo Pinto.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este año la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, decidió darle un impulso a la herramienta.

Argimón dijo a El País que “Propaci es una excelente herramienta de acercamiento a la sociedad y además constituye un ida y vuelta muy interesante entre los parlamentarios con la ciudadanía. Existen temas específicos que se plantean desde la sociedad que constituyen propuestas que representan situaciones que se dan y por su grado de incidencia no son de notoriedad en la vida parlamentaria. Sin embargo, muchas de esas propuestas, convertidas en ley o convertidas en inquietudes trasladadas a las autoridades respectivas, son una forma de encontrar respuestas. Estoy convencida de que en las próximas legislaturas se convertirá en una alternativa creciente entre los legisladores y la ciudadanía”.

Pinto explicó que desde el comienzo se decidió que Propaci debía tener costo cero para el Parlamento. Por esa razón, para potenciarlo se recibió apoyo de la Unión Europa y la organización IDEA Internacional. Se contrató una consultoría que detectó debilidades y fortalezas del proyecto. Así se decidió cambiar la plataforma electrónica mejorando la presentación de los contenidos. También se proyectan talleres de capacitación en el uso de la herramienta. El primero de ellos fue dictado el pasado 25 de junio y fue dirigido a 60 estudiantes universitarios y siete docentes. Los próximos talleres estarán dirigidos a estudiantes de Secundaria y Primaria.

“El eslogan de Propaci es ‘legislamos entre todos’. Esto se enmarca en un concepto de democracia participativa para que nuestros legisladores nos escuchen y consideren. Nos proponemos llegar a todos los sectores de la sociedad con estos talleres para que la herramienta se utilice”, explicó Pinto.

Hay decenas de proyectos de ley que hoy a estudio en diversas comisiones parlamentarias, y que han sido propuestos tanto por el Poder Ejecutivo como por integrantes del Frente Amplio.

Los más notorios son el que regula la eutanasia, que ha sido frenado por el momento luego de un pedido del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el que introduce cambios a la ley de género, una iniciativa que en este caso fue enviada por el gobierno.

Además, la coalición de izquierda impulsa un proyecto de refinanciación de deudas de personas físicas, y la comisión de Hacienda tiene a su estudio una iniciativa que redefine qué es la usura.

A la cámara alta fue derivado el proyecto de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, buque insignia de la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg. Y otra comisión trata un proyecto para subir la edad mínima del matrimonio de 16 a 18 años.

El proyecto de ley de talles, sobre el que había un acuerdo que se cayó en el plenario de Diputados, volvió a comisión. Otra tiene a su estudio una iniciativa para acortar los plazos de respuesta a los pedidos de acceso a la información pública.

Asimismo, la comisión de Defensa de Diputados trabaja en el marco legal para la creación de la Agencia Espacial de Uruguay, una iniciativa presentada en 2022 por el Ministerio de Defensa.