El Poder Ejecutivo evalúa declarar desierto un llamado público que se realizó para que empresas cableoperadoras soliciten su licencia para dar sus servicios en La Paz y Las Piedras. El conflicto en Canelones se remonta a varios años atrás e incluyó una demanda al Estado la empresa Cable Video Uruguay LTDA (propiedad de los hermanos Clarice y Tomás Romay), que ganó por unos US$ 4 millones.

Para tomar la decisión, el gobierno considera una recomendación de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) y un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) donde se marcan incumplimientos de la empresa que se presentó llamada Telbroy que no permitirían que se le otorgue una licencia para operar, indicaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.

En 2004, la Ursec le otorgó una licencia a VAL SRL para prestar servicio de televisión para abonados en La Paz y Las Piedras. Pero esta incumplió con ciertos requisitos, por lo que Cable Video Uruguay LTDA, que opera en las mismas ciudades, denunció en 2011 la situación ante la unidad. Más tarde, en 2013, la empresa denunciante recurrió a la Justicia para ir contra el Estado ante la falta de respuesta. Finalmente, la compañía de los Romay ganó el juicio y la Ursec le tuvo que pagar alrededor de US$ 4 millones.

Años después, en julio de 2022, el Poder Ejecutivo resolvió revocar la autorización de VAL y se le permitió seguir operando de manera transitoria mientras la Ursec hacía un nuevo llamado. Casi un año después, en junio de 2023, se realizó la convocatoria para quienes estuvieran interesados en ser cableoperadores en La Paz y Las Piedras, al que solo se presentó una empresa llamada Telbroy, que tiene los mismos accionistas que VAL SRL.

Ante esta situación, de que los accionistas de Telbroy coinciden con los de VAL SRL, la Ursec recordó en un informe que la Ley de Medios establece que no pueden ser titular de una licencia quienes ya hayan tenido una y se los haya sancionado en los últimos cinco años por la “comisión de una infracción muy grave, con la revocación de su autorización o licencia”.

La Ursec, además, consideró que se debería dejar sin efecto la autorización provisoria que se le dio en su momento a VAL SRL mientras se realizaba un nuevo llamado, además de que se la tendría que intimar a que no continúe dando sus servicios en La Paz y Las Piedras.

El Poder Ejecutivo aún no tomó una resolución al respecto pero evalúa declarar desierto el llamado.