Redacción El País
El presidente Luis Lacalle Pou vetó parcialmente la ley que establece el plazo de 180 días para pagar créditos laborales de extrabajadores de Casa de Galicia por unos US$ 20 millones, por “razones de constitucionalidad y conveniencia”, ya que violaría artículos de la Constitución y atentaría contra “la contención del gasto público”. A su vez, presentó un proyecto alternativo, que había sido enviado al Parlamento, pero que no había prosperado, y que contempla el pago de hasta US$ 8 millones a extrabajadores.

El veto presidencial señala que los artículos observados, al disponer pagos a los trabajadores de la ex Casa de Galicia en forma breve y perentoria (en un único pago dentro de los 180 días de promulgada la ley) y sin contemplar el flujo de ingresos del Fondo de la Ley N° 19.690, lleva irremediablemente a su desfinanciamiento y a la necesidad de “integrar” el fondo, conforme lo establece el inciso tercero del artículo 10 de dicha ley.

“Pero, además, el Poder Ejecutivo deberá asistir al Fondo durante un plazo indeterminado (hasta tanto lo recaudado por la contribución prescrita en el inciso primero pudiere restablecer la financiación de la prestación), lo que lleva, entonces, a que el Tesoro Nacional deba afrontar un gasto por un monto y plazo indeterminados y sin que se establezca con qué fondos serán cubiertas dichas erogaciones”, expresa el mandatario en su decisión.

De conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución de la República, fuera de las leyes de Presupuesto y de Rendiciones de Cuentas, toda ley “que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos”, recuerda. Por tanto, los artículos observados no cumplen con el mandato constitucional consagrado en el citado artículo 86.

Por último, subraya el mensaje presidencial, “es imprescindible señalar que el Poder Ejecutivo tiene a su cargo, por mandato constitucional, la conducción de la economía y las finanzas del Estado uruguayo. En tal sentido, la Constitución de la República ha reservado para el Poder Ejecutivo la iniciativa privativa en diferentes materias, a la vez que ha impuesto al Poder Legislativo determinadas limitaciones o condiciones. Todo ello, aunado a la existencia de un sistema de Regla Fiscal, requiere un cuidadoso manejo de las disponibilidades del Erario y la contención del gasto público”.

“No es posible conocer durante cuánto tiempo y por qué montos el Estado deberá estar asistiendo al Fondo”, se remarca. “Por tanto, la situación antes descripta -más allá de los aspectos constitucionales ya aludidos- afecta las disponibilidades del Tesoro y altera la planificación financiera, justificando también una observación por razones de mérito”.

El mensaje de veto parcial incluye una propuesta sustitutiva que, en términos generales, repite la propuesta original que había enviado el Poder Ejecutivo. Para Lacalle Pou, estos artículos que propone “mantienen la posibilidad de garantizar los créditos laborales de los trabajadores de la ex Casa de Galicia” pero “no afectan las existencias” del fondo, “manteniendo su solvencia actual”.

La coalición votó dividida la ley, no ya por diferencias entre partidos, sino dentro de las propias bancadas. Con ese escenario, la oposición contaría con los votos para alcanzar las mayorías especiales que permitan levantar el veto.

La Asamblea General tiene un plazo de 15 días para tratar el veto. Para levantarlo, se necesitan los votos de tres quintos de los legisladores presentes de cada una de las cámaras, como establece el artículo 138 de la Constitución. Las presencias o ausencias serán decisivas en el resultado. Si se repite el escenario que hubo cuando la ley se votó en ambas cámaras, los tres quintos se alcanzarían holgadamente: 55 en 85 en Diputados y 19 en 20 en el Senado. De hecho, aunque ingresen todos los senadores, quienes apoyan el proyecto vetado tendrían los tres quintos. Pero si los diputados que no votaron participan de la Asamblea General y no dan sus votos, la decisión del mandatario se mantendrá.

El gobierno objetó que la ley pretende un “sistema de garantías específico” para el caso de la ex Casa de Galicia dentro del Fondo de Garantía de Créditos Laborales en “condiciones más ventajosas” que el resto de los trabajadores, amparados por el mismo fondo. “Se fijan plazos breves y perentorios para el pago de los créditos garantizados, se da cobertura a créditos que el resto de los trabajadores no tienen protegidos (los post concursales), no se prevén exclusiones para el caso de trabajadores de determinada jerarquía o con vínculos personales con las autoridades empresariales, sin que exista una causa razonable que justifique tal trato discriminatorio en menoscabo de los demás trabajadores de la actividad privada que se ven afectados por la insolvencia empresarial”, argumenta el mandatario.

Para el gobierno “resulta ser más cuestionable, que se utilicen los fondos recaudados por concepto de contribución especial de seguridad social de 0,025%, creada por el inciso primero del artículo 10 de la citada Ley N° 19.690, que grava los ingresos de la generalidad de los trabajadores, para destinarlos a satisfacer los créditos de un grupo específico, en el caso los trabajadores de la ex Casa de Galicia, en desmedro del resto, sin que exista una relación razonable de proporcionalidad entre el medio utilizado (utilización de los fondos colectivos de todos los trabajadores privados) y el fin perseguido: garantizar y abonar en forma breve y perentoria -180 días- los créditos de los trabajadores de la ex Casa de Galicia”.

Agrega que, en efecto, tal como resulta de la Exposición de Motivos de la citada Ley N° 19.690, este sistema de garantía comprende “a todos los trabajadores de la actividad privada”.

Tras el veto, el Frente Amplio comenzó a trabajar en los contactos necesarios para reunir las mayorías para levantarlo. El senador Daniel Caggiani (MPP) dijo a El País que con el proyecto sustitutivo el Poder Ejecutivo incurre en el mismo tipo de inconstitucionalidad que objeta. Caggiani sostiene que, mientras el FA había propuesto interpretar la ley ya vigente, el gobierno plantea la creación de un nuevo fondo, que viola la Constitución, ya que representa un incremento de gasto en año electoral, además de limitar severamente el derecho de los trabajadores a cobrar lo que les corresponde. “Debe ser de los peores antecedentes en materia de derecho laboral que existen”, dijo.

Por su parte, el senador blanco Sergio Botana, uno de los que votó la norma en el Senado, afirmó a El País que votará para levantar el veto “porque no hay inconstitucionalidad en el contenido de la ley, no se crea gasto alguno, en contra de lo que así se afirma; y sí se crea gasto después del 28 de octubre en la iniciativa del Poder Ejecutivo, lo cual tiene su riesgo jurídico”.

Sergio Botana informó a El País que votará para levantar el veto, al igual que los dos diputados blancos que trabajan junto a él, Carmen Tort y Marcos Portillo. De todas maneras, no está trabajando en convencer a otros legisladores blancos para el levantamiento del veto. El senador dijo que sería “raro que quienes no estuvieron en sala para votar la ley entren ahora” para sostener el veto. La mayoría de los legisladores de la coalición no entraron al plenario cuando se votó la ley, en protesta contra quienes la impulsaban. De hecho, en una sesión de octubre, Diputados no alcanzó quórum para tratar el tema. Por su parte, Graciela Bianchi cuestiona los argumentos de Botana. La ley vetada “es inconstitucional pero además es un disparate desde el punto de vista de los dineros públicos”. La coordinadora de la bancada blanca considera que “esto sienta un precedente gravísimo porque no nos podemos hacer cargo de deudas de una empresa privada”.

“Nosotros tenemos que resolver el problema interno”, dijo Bianchi sobre las discrepancias planteadas por Botana, Tort, Portillo y Juan Straneo, suplente de Juan Sartori. La vicepresidenta en ejercicio aclaró que la madre y suplente del senador, Rosina Piñeyro, votaría para sostener el veto. Bianchi dice que el problema lo generó el Partido Nacional, porque en una reunión de coordinación de bancadas de la coalición el senador Guido Manini Ríos le había asegurado que si los nacionalistas votaban unidos, el socio de la coalición iba acompañar la iniciativa, pero los blancos no lograron unanimidad.