Por Raúl Santopietro
El alto impacto que tuvo el procesamiento por peculado que recibió el exvicepresidente Raúl Sendic por el uso irregular que dio a su tarjeta corporativa cuando presidió Ancap generó diversas consecuencias políticas y judiciales. Pero también a nivel de gestión porque si bien luego de ese episodio se planteó ajustar los reglamentos de uso de este tipo de método de pago, en las empresas públicas los miembros de los directorios descartaron contar con una tarjeta corporativa, independientemente de si la usaran o no.
El País hizo en diciembre pedidos de acceso a la información pública a Ancap, UTE y Antel para saber qué uso le dieron a éstas tarjetas desde 2020 y noviembre del año anterior.
En su respuesta, Ancap indicó que en ese período se registró un único gasto en la tarjeta corporativa en febrero de 2020 -durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez- de la entonces directora en representación del Frente Amplio, Laura Saldanha, relacionado con rubros establecidos.
El 21 de febrero de 2020 la utilizó para pagar, según consta en la descripción, un “almuerzo con asesores de la planta de Minas” en el restorán La Galponera que le costó $ 1.850.
El cambio de gobierno implicó la llegada de una nueva administración al frente de Ancap, liderada por su presidente, Alejandro Stipanicic. Desde marzo de 2020 el directorio de la petrolera estatal definió no emitir tarjetas para sus directores.
Además, el 13 de mayo de 2022 aprobó modificaciones al “Procedimiento para el uso y administración de tarjetas corporativas de Directorio”. Allí se especifica que dichas tarjetas “podrán ser utilizadas para cubrir aquellos gastos de protocolo y/o imprevistos dentro o fuera del país, en misiones de trabajo y contra rendición de cuentas, así como para el pago de los gastos de alimentación y alojamiento que demanden las misiones al interior del país, cuando se opte por no percibir viáticos”.
Pese a que se ajustaron los parámetros, luego de la modificación al protocolo los directores de Ancap continuaron sin solicitarlas. En diálogo con El País el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo que este medio de pago es “el vehículo final para terminar con el manejo de papeles y efectivo y son un vehículo válido para el registro y control de gastos”. “De hecho, en parte por eso aún había efectivo en la Refinería al momento del robo”, sostuvo. Pero, según afirmó, “es una lástima que por el mal uso de pocos la condena social sea tan lapidaria como para que el uso correcto sea mal visto”.
Eran más de un centenar de tarjetas en el Estado
Tras el episodio de Sendic hubo una avidez por saber qué otros organismos tenían tarjetas corporativas y qué uso les habían dado. En 2018 el portal 180 realizó pedidos de acceso a la información pública que le permitieron concluir que existían en ese entonces 37 organismos públicos utilizándolas y que en total eran 134 las tarjetas corporativas emitidas. Solo 15 dependencias estatales, de acuerdo al portal, contaban en ese momento con algún tipo de reglamentación para su correcto uso.
UTE y Antel
Ancap no fue el único ente donde se cuestionó el uso que dieron los jerarcas a este plástico. En UTE, por ejemplo, en 2018 uno de sus directores fue denunciado por un supuesto “uso indebido” ante la Fiscalía especializada en Crimen Organizado por un exfuncionario.
El denunciante pudo acceder a los estados de cuenta de las tarjetas corporativas luego de que las propias autoridades lo hicieran público. A mediados de 2017, cuando se divulgaron los gastos irregulares que hizo Sendic, el entonces presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, resolvió apenas unos días después de la publicación de Búsqueda sobre Ancap que todos los estados de cuenta de las tarjetas usadas por los directores se pudieran ver en el sitio web del ente.
Si bien los cuestionamientos en UTE fueron menores, el directorio actual tampoco cuenta con tarjetas corporativas, según la información brindada por UTE.
Y se agrega que desde 2020 a la fecha no se realizó ninguna modificación al régimen bajo el cual funcionan las tarjetas en el ente.
En el caso de Antel, la información brindada por la estatal de telecomunicaciones indica que aunque los miembros del directorio no cuentan con tarjeta corporativa, para el funcionamiento de la empresa la gerencia utiliza dos con las que se hacen pagos de todos los funcionarios.
Luego de que en 2018 el Tribunal de Cuentas pautara un instructivo para la reglamentación del uso de tarjetas corporativas, Antel aprobó uno propio en diciembre de ese año. Allí determinó que se creara un fondo general para el pago de estos gastos, que deben responder a “material para capacitación, información del mercado, inscripciones a seminarios, congresos o cursos de formación” o cualquier pago que solo pueda hacerse online.
Entre enero de 2020 y noviembre de 2022 se hicieron 331 pagos con las tarjetas corporativas por un total de US$ 193.128. En todos los casos fueron vinculados a renovación de licencias de software e inscripciones a congresos internacionales para funcionarios, entre otros.
El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo a El País que el uso de las tarjetas “es habitual en las empresas, y es un instrumento de pago útil y valioso”. “Lamentablemente, el abuso, y el mal uso para fines personales inaceptables y fuera de la norma en el pasado determinaron una restricción prudente y en Antel los directivos no tenemos esas tarjetas”, agregó el dirigente colorado.
“Se trata de evitar confusiones y daños reputacionales. Se restringe ese uso, te evitas cualquier malentendido, o explicación, bien lejos de aquellos hechos, que fueron un mal ejemplo”, concluyó.
Los gastos que le costaron la renuncia a un vicepresidente
En setiembre de 2017 el entonces vicepresidente Raúl Sendic presentó la renuncia a su cargo ante un plenario nacional del Frente Amplio, que se reunía para analizar su sanción, luego de que el Tribunal de Conducta Política fallara que se había apartado de las normas éticas de la fuerza política por el uso que dio a su tarjeta corporativa cuando presidió Ancap.
Su imagen ya venía cuestionada por el episodio del título de licenciado en Genética Humana que decía poseer y que El Observador comprobó no era cierto. También su gestión en Ancap fue motivo de una comisión investigadora en el Senado. Pero la gota que derramó el vaso para la dirigencia frentista fue la divulgación en junio de 2017 realizada por el Semanario Búsqueda donde se afirmaba que Sendic había usado la tarjeta para comprar en tiendas de ropa, de electrónica, supermercados, joyerías y librerías. La Justicia determinó en mayo de 2021 que fuera procesado por peculado. Y la Junta de Transparencia y Ética Pública también lo condenó. La Justicia le estableció una multa de 500 unidades reajustables. Y Sendic, tras el pedido un embargo a sus bienes, en setiembre del año pasado pagó unos $ 700.000.