Por Fabián Cambiaso
El próximo martes será discutido en la Cámara de Diputados el proyecto que regula la "corresponsabilidad en la crianza", más conocido como proyecto de ley de tenencia compartida. Será la última etapa de un largo periplo que va camino a su tercer año pero cuyo resultado, al escasos días de la definición, es incierto y será "de bandera verde". Un día antes de la votación, uno de los sectores políticos que integran el Parlamento fijará postura y decidirá la suerte de la iniciativa.

"Estamos bastante empatados", reconoció a El País el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, uno de los principales impulsores de la iniciativa. En la bancada del Partido Nacional se asume que estarán las 30 manos levantadas para aprobar el proyecto, aunque no hubo una compulsa en la interna. También se da por seguro el apoyo de los nueve integrantes que conforman hoy Cabildo Abierto, junto al colorado Conrado Rodríguez.

Una de las incógnitas que se despejó fue la de Eduardo Lust. El fundador del Partido Ambientalista Constitucional (PAC), recientemente escindido de Cabildo Abierto, le confirmó este martes a El País que votará en general a favor del proyecto, pese a que insiste en que contiene "numerosos errores" desde el punto de vista procesal y jurídico.

A finales del año pasado, cuando aún integraba filas cabildantes, Lust había cuestionado este texto, intensamente defendido desde esas filas políticas. "El partido al que pertenezco me transmitió que nuestros electores estaban muy molestos, por utilizar una palabra suave", había comentado en diciembre el legislador a sus colegas. Por esos días Lust aseguraba que todos los días en su teléfono se encontraba con "mensajes religiosos y emoticones" por parte de la militancia.

En la vereda opuesta están los 42 legisladores del Frente Amplio, junto a Iván Posada (Partido Independiente). En diálogo con El País, Posada consideró insólito que se quiera votar un proyecto de estas características cuando, afirmó, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece el principio de la corresponsabilidad en la crianza y que, en todo caso, los problemas generados por esta causa radican en "deficiencias" de carácter procesal que se arrastran desde al aprobación de la ley sobre Violencia de Género. Allí, dijo, es donde deben estar los cambios. "Es como querer corregir los problemas de una ley en otra ley", afirmó.

A la postura contraria a la aprobación de la ley de tenencia compartida se suma también César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente). En este panorama, el sector colorado Ciudadanos tiene en sus manos la definición y será tomada el próximo lunes en su reunión de bancada. Allí las posiciones están divididas en tres. El diputado Ope Pasquet le confirmó este martes a El País que votará la iniciativa. En una postura contraria están sus colegas Felipe Schipani, María Eugenia Rosselló y Nibia Reisch.

En el medio hay varios diputados de Ciudadanos que están en duda y cuya voluntad última será la que defina la suerte del proyecto. Algunos más definidos que otros. "En un 80% sí", le dijo a El País el diputado Martín Melazzi. Lo mismo planteó su colega Walter Cervini que, "en un porcentaje alto", opina que acompañará la iniciativa. Otros que están en duda son Jorge Alvear y Juan Moreno. "Aún estamos trabajando con nuestro equipo", dijo el diputado.

"Veremos el lunes", se señaló desde ese sector ante la consulta sobre habrá disciplina sectorial para considera el tema. "Hasta ahora, todo ha sido con libertad de acción".

El proyecto necesita de mayoría simple para ser aprobado con lo que, si todos los diputados estuvieran presentes en sala al momento de la votación, tendrá que haber 50 voluntades a favor. Cuantos menos diputados haya presentes, menos votos se requerirán. Con todo, la definición podría postergarse una semana. La agenda parlamentaria definida para la próxima semana haría diferir, eventualmente, la votación del asunto para el martes 18.

Los cuestionamientos a nivel político pasan principalmente por el artículo 4 del proyecto, que habilitaría a un juez a conceder visitas a uno de los progenitores mientras esté bajo medidas cautelares por una denuncia presentada por el otro progenitor.

El mismo que argumentaron este martes en un comunicado en donde el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Intersocial Feminista, la Red ProCuidados y otros colectivos se manifestaron en contra del proyecto. Los argumentos son similares a los que días atrás manifestaronla Institución Nacional de Derechos Humanos y Unicef.

Se trata, dicen, que no hay datos ni evidencia de que se necesite modificar las normas actuales sobre tenencia. visitas o vínculos, mucho menos en casos de violencia. "Parte de la premisa de que los adultos denunciados por abuso, maltrato o explotación son víctimas de denuncias falsas, y está pensado para proteger a esos adultos denunciados por violencia", afirman. Para estos colectivos, se confunde así el principio de inocencia con el del derecho a la protección de los niños, exponiéndolos a mantener visitas con quienes los violentan.

"Cada legislador deberá rendir cuentas a la población sobre el voto de cada artículo del proyecto que ha sido señalado como contrario a los derechos consagrados en la Convención de Derechos del Niño y en las leyes nacionales", advierten.

El año pasado, remarcan estas organizaciones, se detectaron 7.035 niños, niñas y adolescentes maltratados. Hubo 529 casos de explotación sexual infantil, y ocho menores murieron asesinados a manos de sus padres o parejas de sus madres. A su juicio, toda la sociedad es responsable de exigir protección ante estos casos.