La bancada del Frente Amplio en el Senado comenzó este viernes a analizar la documentación que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentó para justificar el accionar de su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira, al entregar una vivienda de forma directa a una militante de Cabildo Abierto. La oposición pidió en las últimas horas el apoyo de su equipo de abogados para terminar de sustentar un convencimiento concreto que va cobrando fuerza con el correr de las horas: la actuación de la jerarca estuvo fuera de la normativa y, al entregar en forma directa y sin sorteo una vivienda a un militante de su partido, además de un acto clientelar, representó un delito.

"No renunciamos a ninguna acción", le dijo a El País el senador Charles Charrera. Desde el equipo legal opositor entienden que, por lo menos, el accionar de Moreira configura por lo menos dos acciones previstas en el Código Penal.

Uno de los delitos que la conducta de Moreira podría configurar es el "abuso innominado de funciones", dijo. El código lo prevé en los casos en que un funcionario público que, "con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de particulares".

Para el Frente Amplio a Moreira también podría caberle una acusación por "conjunción de interés personal y público". El artículo 161 del Código Penal lo prevé para los funcionarios que, "con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesase con el fin de obtener para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato".

El País pudo confirmar además que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tiene previsto analizar el caso, bajo el supuesto de una eventual uso indebido de los dineros públicos por parte de la ministra.

Por su parte, el senador José Carlos Mahía recordó que no es la primera vez que un hecho de estas características sucede en filas cabildantes. Allí aludió al caso de Enrique Montagno, el vocal de Cabildo Abiertoen la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que tuvo que renunciar a su cargo en abril de 2021 luego de la divulgación de una conversación en la que reconocía haber ubicado a 135 militantes dentro de ese organismo.

Mientras, la diputada y exdirectora nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry, fue concluyente en las últimas horas al señalar que, al contrario de lo afirmado por Moreira, "no existen los cupos personales" para que los ministros asignen viviendas en forma directa. Lo que sí existe, coincidió, es la disponibilidad de determinadas viviendas que se otorgan en casos muy especiales y siempre a través de convenios: víctimas de violencia de género o testigos protegidos por la Justicia. Se trata, indicó, de casos de extrema necesidad en los que hay que actuar con rapidez. Y siempre, aclaró, a través de alquileres subsidiados Se trata de viviendas que, explicó, son claramente destinadas a atender situaciones de vulnerabilidad.

Etcheverry recordó que, en este caso en particular, la licitación en cuestión implicaba que todas las viviendas involucradas debían ser otorgadas por sorteo. La diputada insistió: "no existe ningún cupo que la ministra tenga y menos que pueda definir, con nombre y apellido, quien será el destinatario".

Los próximos pasos que defina Cabildo Abierto serán determinantes también para Moreira que, técnicamente, aún conserva su banca en el Senado, para la que fue electa en octubre de 2019.

De hecho, Moreira llegó a prestar el juramento correspondiente ante la cámara el 15 de febrero de 2020, pero desde el 1 de marzo de ese año está en uso de la licencia legal que se prevé para los legisladores que pasen a ocupar un ministerio.

La banca viene siendo ocupada desde entonces por Raúl Lozano, un coronel retirado que, si Moreira opta por ir al Parlamento, deberá dejar su cargo. Ese movimiento le supondría eventualmente a la hoy ministra contar con fueros. Entre otras comisiones, pasaría a integrar la de Vivienda y Ordenamiento Territorial.