El Poder Ejecutivo pretende una discusión profunda y en calma del proyecto de ley presentado por el Partido Nacional, que propone determinadas condiciones para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria y que pretende erigirse como una solución más "integral y abarcativa" que la iniciativa original elaborada por Cabildo Abierto. Ese texto había sido fuertemente cuestionado por quienes consideran que tiene la intención de beneficiar a exmilitares condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado.

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibirá oficialmente el nuevo texto, elaborado por la senadora Carmen Asiaín, en la sesión del próximo martes. El País pudo saber que Guido Manini Ríos ya tiene el nuevo proyecto en su poder y que en los últimos días ha efectuado "un par de sugerencias" con respecto al articulado.

Un rato antes de la sesión del martes, los senadores del oficialismo se reunirán para determinar el camino a seguir. Allí los blancos marcarán los lineamientos recibidos desde la Torre Ejecutiva, por lo que se espera que el análisis esté lejos de ser expreso. El proyecto está en el primer lugar del orden del día de la comisión, pero eso no significa que se vaya a aprobar rápidamente. El mensaje concreto del Poder Ejecutivo fue: "lo que importa es que es que se trate" y se subrayó que es un tema que hace casi tres años está en carpeta, pero que lejos está de pretenderse un tratamiento apresurado.

Fuentes parlamentarias indicaron a El País que la intención es volver a convocar a la mayoría de las delegaciones que, en su momento, fueron a la cámara a expresarse sobre el proyecto que había presentado Cabildo Abierto. En primer lugar, los blancos tienen sumo interés en conocer la opinión de las cátedras de derecho procesal y penal de la Universidad de la República, y están dispuestos además a acceder, si el Frente Amplio así lo solicita, a recibir a todas las delegaciones de entidades sociales y políticas que pidan ser escuchadas.

Eso permitirá aventar la sospecha -mencionada con insistencia en las últimas semanas- de que la aprobación a corto plazo de esta iniciativa fue condicionada por los cabildantes a cambio de sus votos al proyecto de reforma jubilatoria. Una mayor tiempo de discusión -a la vez que permite un mejor análisis- facilitará separar los tiempos y que la aprobación de ambos proyectos no se superponga.

En el oficialismo se descarta que ambos temas estén vinculados. También que Cabildo Abierto haya planteado una exigencia de ese tipo. De todas formas, hay algo que se tiene claro: nunca se podrán borrar del todo el "mensaje" que procuró transmitir el Frente Amplio de que se trata de "un proyecto para liberar a los presos de Domingo Arena".

En Cabildo Abierto se mantienen a la expectativa de saber cómo será el proceso de discusión. El senador Guillermo Domenech le dijo a El País que todo apunta a que esta sea una solución "de consenso" y, si bien marcó que no hay ningún punto innegociable, hizo una precisión: su partido no pretende beneficiar específicamente a los presos de Domingo Arena, pero tampoco quiere que queden excluidos de acceder a cumplir sus penas en sus domicilios si así les corresponde. "Sería una violación flagrante al principio de igualdad", subrayó.

Domenech remarcó lo que ha sido la postura tradicional de su partido hacia esas personas. "Puede haber gente que haya cometido algún delito de grave condena social, pero estamos convencidos de que han sido procesados por mera venganza", dijo. El senador insistió que en su mayoría fueron condenados sin pruebas.

"Quisimos que el proyecto hiciera abstracción de a quién iría a beneficiar o perjudicar", dijo a El País la senadora Asiaín, al asegurar que no se pensó "con nombre y apellido" y al remarcar los seis "supuestos" en que se pensó a la hora de redactar la nueva iniciativa. El proyecto apunta por un lado a mujeres presas que tengan a cargo hijos pequeños, que estén cursando embarazo o en período de lactancia. También procura atender situaciones de enfermedad o discapacidad y a los mayores de 65 años.

En todos estos casos, el proyecto establece que la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria se procesará a pedido de parte y mediando un informa favorable a cargo de peritos y con el visto bueno del fiscal actuante. Con todo, siempre la decisión quedará a criterio del juez.

La prisión domiciliaria solo será preceptiva en los casos de mayores de 70 años de edad. El texto de Asiaín aclara que nunca podrá ser otorgada a los culpables de delitos de lesa humanidad, genocidio o guerra, tal como está previsto en el Estatuto de Roma. Tampoco en los casos de delitos sexuales, violencia de género o narcotráfico a gran escala. "Podrá haber algunos que sí y otros que no" dijo la senadora con respecto a los encarcelados por delitos vinculados al pasado reciente.

El tema estuvo presente este viernes en el tradicional acto que la Asociación Patriótica 14 de abril realiza todos los años en la Plaza de la Democracia en homenaje y recuerdo a los que denomina "mártires", asesinados por la acción de grupos guerrilleros antes y durante la última dictadura militar.