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En el gobierno se analiza una ruptura si Cabildo Abierto no vota la reforma de la seguridad social

Hay dirigentes blancos que cuestionan “el chantaje” del socio clave del gobierno tras unión con el Frente Amplio.

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Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto
Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto.
Foto: Juan Manuel Ramos

Por Joaquín Silva
La coalición de gobierno atraviesa, por lejos, su momento más crítico. Y, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones en estos más de tres años de gestión del presidente Luis Lacalle Pou, la crisis del oficialismo se explica por un enfrentamiento en el que están, por un lado, el Partido Nacional con el apoyo de los colorados y el Partido Independiente y, por el otro e intransigente, Cabildo Abierto.

Lo que hoy está en el medio es la suerte de la reforma jubilatoria pero, para algunos dirigentes del oficialismo, también cierta pulseada o “duelo” personal entre Lacalle Pou y el líder de los cabildantes, Guido Manini Ríos, quien no ha dado el brazo a torcer y no está dando -en horas cada vez más “claves”- los votos para aprobar el proyecto que busca cambios profundos en el sistema jubilatorio.

No es una batalla interna más. Porque para muchos en la coalición gobernante está en juego el propio bloque, y hay quienes -entre blancos y colorados- están planteando que, “si no hay acuerdo” en este asunto y Cabildo Abierto, una vez más, se para en la vereda de enfrente y vota con la oposición, “tendrá que retirar sus ministros en el gobierno”.

Los cabildantes, como también sucedió otras veces, tienen otra percepción de lo que está ocurriendo. “Honestamente -dijo Manini a El País- no veo que este tema sea peor que algunas situaciones que se dieron antes” y que si se quiere hablar de “crisis”, añadió, la hay pero “en el sentido de la fricción, de diferencias”. El senador Guillermo Domenech, en tanto, no solo coincide con su líder sino que ya transmitió la posición de su partido en el caso de que las cosas se compliquen aún más: “Nuestra posición es que de la coalición no nos vamos a ir y que si quieren, que nos echen”. Y señaló que entendía también que quienes ya analizan una situación de ruptura por este tema lo hacen desde “extremismos muy atávicos”.

Pero es cierto, de acuerdo a varias fuentes oficiales consultadas por El País, que de todo este episodio todavía en proceso hay “un malestar muy, muy fuerte” con los cabildantes, sobre todo de parte de los blancos, pero no solo.

El senador Jorge Gandini, en cierta forma, dejó en claro que hay un trasfondo relevante en todo esto, al manifestar ayer en el semanario Búsqueda que esta no es una parada más para la alianza oficialista. “Es un proyecto demasiado importante como para que no se respete un acuerdo político de esta naturaleza”, declaró el líder de Por La Patria.

La iniciativa, por la que se viene negociando día y noche esta semana, es el principal y casi exclusivo tema de conversación y de preocupación a todos los niveles del oficialismo, e incluso más allá de la discusión del articulado en cuestión, sobre el cual los cabildantes han manifestado su oposición a dos puntos en concreto: el piso de 25 años en la fórmula del cálculo de las jubilaciones -que ellos ahora pretenden bajar a 20- y que se habilite a las AFAP a invertir parte de sus fondos fuera de frontera, por lo que proponen desglosarlo y abordarlo en una ley aparte.

Las negociaciones van más allá porque blancos y colorados han asumido que los cabildantes -y esto significa no solo a nivel parlamentario porque el diálogo se mantiene al más alto nivel entre Manini y Presidencia- exigen la aprobación de otros proyectos de ley, en especial aquel que propone otorgar prisión domiciliaria a los reclusos mayores a 65 años, lo cual incluye a quienes fueron procesados y condenados por delitos cometidos en la dictadura.

Y esto último es algo que tiene particularmente incómodos a nacionalistas y colorados, porque ven como “inviable” que se pueda alinear a sus legislador para aprobar esa iniciativa, más allá de lo que el gobierno acuerde con Manini. Pero además porque hay quienes plantean que si ese proyecto se transforma en ley habrá un impacto “electoral” en 2024. “Nos jugamos el gobierno”, dijo un legislador blanco a El País.

Y otros manifestaron ya estar “cansados del chantaje” al que, entienden, han estado sometidos por Cabildo ya desde hace largo tiempo. “Cada vez que hay una ley importante, ellos traen una demanda”, lamentó otro nacionalista.

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