De visita en Estados Unidos en misión oficial, el presidente Luis Lacalle Pou valora por estas horas las perspectivas que se le abren a su retorno a Uruguay, previsto para mañana. Como casi nunca en lo que va de este período de gobierno, todo el sistema político reclama de forma unánime que dé una señal. Y la pregunta concreta es qué medida tomará luego de las revelaciones hechas por la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, en su declaración ante Fiscalía en la causa que investiga el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Sus pruebas ya le costaron el puesto al hasta el miércoles canciller, Francisco Bustillo, y que se evalúa si no habrá otros responsables.

Eso esperan en la coalición de gobierno, incluso en filas nacionalistas, donde entienden que la exigencia es mayor: apenas baje del avión que lo depositará en Montevideo, el presidente de la República debe pronunciarse. Y en el mismo día reunir al Consejo de Ministros y anunciar destituciones. “Espero que el presidente llegue y hable”, dijo a El País un senador nacionalista e insistió: “Va a tener que hablar”.

La situación ha generado un malestar incontenible en la bancada que, por lo bajo, cuestiona el silencio oficial ante la crisis política. La mayoría de sus integrantes le reclaman acciones quirúrgicas inmediatas de Lacalle Pou, y lo alertan de que en las actuales circunstancias no están en condiciones de defender de aquí en más la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que es además uno de los indagados en torno al otorgamiento del pasaporte a Marset, quien aún permanece prófugo desde su liberación de la cárcel de Emiratos Árabes Unidos.

La salida del ministro es vista por estas horas como la mejor solución en el partido oficialista. Más allá de las responsabilidad que puede determinar la Justicia, en el Partido Nacional se entiende que no existe margen para salir a dar la cara por el secretario de Estado ante la próxima interpelación que planteó el Frente Amplio en el Senado. Uno de cuyos temas centrales planteados, es justamente, lo relacionado con el pasaporte que el gobierno le entregó a Marset mientras estaba detenido en Dubái por intentar ingresar con un documento de viaje paraguayo falso.

La salida de Heber incluso es analizada como necesaria por su propio sector político, el Herrerismo. Desde su agrupación se remarcó a El País que el ministro “no tuvo nada que ver” en lo relacionado con las conversaciones de Ache con Bustillo y el asesor presidencial Roberto Lafluf. Pero entienden sí que Heber es el “responsable político” del ministerio. También que, en estas circunstancias, su salida sería una “señal” hacia el sistema y la ciudadanía.

Los blancos dan como un hecho además la dimisión del subsecretario Guillermo Maciel y de Lafluf. “Su posición es insostenible y son indefendibles”, resumió un senador, que lamentó que Lacalle Pou no haya procedido aún.

El mensaje que le han transmitido es concreto: tras la renuncia de Bustillo, “se tienen que ir todos” los involucrados.

Las revelaciones aportadas por Ache ante la Fiscalía le abrieron otro frente a los nacionalistas, por estas horas muy molestos con la forma en que se posicionó Cabildo Abierto frente al tema. Es que este miércoles el senador y líder cabildante, Guido Manini Ríos, consideró que en el hecho hay “varias reparticiones involucradas” y sostuvo que “las responsabilidades son evidentes”, aludiendo al presidente Lacalle Pou. “El superior siempre es responsable, por omisión o por acción, por no saber es responsable igual. Las responsabilidades son evidentes, no alcanza con la renuncia del canciller (Francisco Bustillo)”, señaló y agregó que también tienen implicancia el Ministerio del Interior y Presidencia.

Manini Ríos coincidió en diálogo con Canal 12 en que la “cúpula política” del Ministerio del Interior debe asumir, como lo hizo Bustillo, esas responsabilidades. El líder de Cabildo Abierto consideró que la participación del asesor presidencial Lafluf es un “nuevo elemento” ya que “uno tiene derecho a creer que no actúa por cuenta propia cuando convoca a esa reunión y cuando pide que alguna documentación se adultere”, manifestó en referencia al asesor de Lacalle Pou, señalado por Ache por organizar una reunión en Torre Ejecutiva para solicitarle tanto a ella como al subsecretario del Interior que eliminaran los mensajes referidos al tema.

Manini Ríos dijo que esperó “alguna llamada del presidente” para darle una explicación, algo que no aconteció. También consideró que “es un tema tan grave que el presidente ya debería estar en el Uruguay”.

En la entrevista, el senador aseguró estar “convencido” de que Lacalle Pou dio algún tipo de orden que motivó la reunión en Torre Ejecutiva de la que habló Ache. “Pero no tengo ningún tipo de pruebas; lo quiero escuchar”, añadió. “Claramente el señor Lafluf no actuó por cuenta propia. Quiero saber por qué actuó como actuó”, agregó el excomandante en jefe del Ejército.

Manini Ríos y otros cabildantes dejaron abierta la puerta a qué postura adoptará su partido. “Todas las posibilidades están abiertas”, expresó el líder partidario. Por ejemplo, que se rompa la coalición de gobierno. O también, que se pueda apoyar un eventual juicio político a Lacalle Pou, si así se plantea. Se trata de una posibilidad que evalúan, a título personal, algunos integrantes del Frente Amplio y que, por lo pronto, no encuentran eco, ya que necesitaría dos tercios de los votos en la Cámara de Representantes para acusar al presidente ante el Senado. Aún así, el solo hecho de manejar esa posibilidad es una señal política fuerte.

Lacalle Pou dejó en claro ayer que no adelantaría su retorno a Uruguay. Se lo dijo al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. El Partido Independiente también se pronunció durante la jornada y le pidió al gobierno “ir hasta el hueso” haciendo caer, dijo Mieres a El País, “las responsabilidades en los jerarcas que han quebrado la línea de la legalidad”.

Mieres sostuvo que su partido “no distingue entre nombres”, sino que deberá ser el presidente el que establezca las eventuales responsabilidades.

El ministro, además, llamó a no perder de vista el verdadero eje de todo este tema: quién o quiénes facilitaron el “otorgamiento acelerado” del pasaporte a Marset. “Están pendientes las responsabilidades en este sentido”, sostuvo el ministro de Trabajo.

Las revelaciones de Carolina Ache marcaron una división en el Partido Colorado. El diputado Conrado Rodríguez (Renovación y Cambio), expresó ayer, al igual que lo hizo antes, su respaldo a la exsubsecretaria. “Siempre creí en su honestidad y en que no se había apartado de las normas”, señaló. “Lo dije cuando renunció y lo sostengo ahora”, agregó. Rodríguez, luego, apuntó contra el excanciller Francisco Bustillo. “Le quedó grande el cargo, por este episodio y por otros”, dijo. El diputado afirmó que espera que su sucesor “esté a la altura”.

Una visión distinta planteó su colega Sebastián Sanguinetti (Ciudadanos), al señalar que, hasta este miércoles, Ache era “cómplice” de todo que lo ahora denuncia. “Estando en su cargo no lo denunció, aún teniendo la obligación de hacerlo”, dijo. “Prefirió no decir toda la verdad y omitir información”, apuntó. Incluso al Parlamento y a la bancada del sector. Su comentario fue por las críticas que Deborah Hollander, una dirigente cercana a Ache, hizo sobre Ciudadanos. Este grupo consideró ayer que las revelaciones de Ache merecen que, a su retorno al país, el presidente Luis Lacalle Pou “dé a la ciudadanía las explicaciones pertinentes”. Ciudadanos afirmó que la situación “pone en cuestión” la actuación de “integrantes del Poder Ejecutivo” a la vez que, a la luz de los hechos revelados, resultaba “indispensable” la salida de Bustillo.