La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, tomó la decisión este martes. Reunida junto a su equipo de trabajo más cercano, resolvió que no avanzaría con la iniciativa de generar un nuevo impuesto que gravaría a ciertos vehículos terrestres para mantener la recaudación de la Tasa de Inflamables, declarada inconstitucional en junio por la Suprema Corte de Justicia, tras una demanda de Ducsa, subsidiaria de Ancap.

La propuesta, que ese día comenzaría a tratarse en la Junta Departamental de Montevideo, había despertado críticas del oficialismo y reparos formales de algunos expertos. Al punto que, en rueda de prensa y después de cruzar declaraciones con Cosse, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que estaría dispuesto a apelar el nuevo marco normativo ante la Cámara de Representantes, amparado en el artículo 300 de la Constitución, “por sentido jurídico” y “razón de oportunidad”.

De concretarse este paso, el decreto quedaría suspendido durante al menos dos meses, a la espera del pronunciamiento de la cámara baja, y según los cálculos de la comuna podría demorar hasta un año en resolverse. Por eso, para definir qué pasos daría, la ingeniera convocó anteayer a la secretaria general de la Intendencia de Montevideo (IMM), Olga Otegui; el prosecretario Daniel González; el director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino, entre otros integrantes de su círculo.

Según supo El País, en el entorno de la ingeniera consultaron a diputados del Partido Nacional para saber cuán definida estaba la posición del gobierno y si había posibilidad de avanzar con el nuevo marco normativo.

Para las fuentes consultadas, en esas conversaciones informales quedó claro que el gobierno había bajado la “orden” de vetar el impuesto a partir del artículo 300. “La decisión fue básicamente por el contexto político, que hace inviable (el decreto) e implica una confrontación pública generalizada por meses”, señaló un dirigente.

Cosse recién mencionó el resultado de esas conversaciones al día siguiente (ayer), ante la consulta de un periodista en rueda de prensa. “El tema está perdido, porque el propio presidente dijo que lo va a impugnar“, afirmó.

“Yo no estoy para distraerme, para hacerle perder el tiempo a la ciudadanía. Más allá de los detalles en la redacción del impuesto, obviamente es algo que no va a salir. (...) Así que estamos para retirar el tema”, agregó la jefa comunal, que consideró que el rechazo del Poder Ejecutivo fue “un castigo más a la Intendencia de Montevideo”.

La recaudación del nuevo impuesto le hubiera garantizado a la IMM aproximadamente US$ 10 millones, que pretendía invertir en Montevideo más Verde, su estrategia ambiental, como quedó reflejado en la última Rendición de Cuentas que remitió a la Junta Departamental.

Sin estos recursos a disposición, la comuna analizará en estos días de dónde obtener la financiación para el programa.

La oposición capitalina, que pretendía convocar a las autoridades municipales y a especialistas en derecho tributario para debatir cuán apegado a la Constitución era el decreto, ya prevé más acciones. Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional, indicó a El País que convocará a los jerarcas para que expliquen el “desfasaje” en los números proyectados para 2024 y 2025, en el entendido de que “las modificaciones presupuestales tienen que dar cero”.

Alineado con otros representantes de la oposición capitalina y del oficialismo nacional, el edil desestimó los argumentos planteados por la comuna. “Creo que se dieron cuenta de que el proyecto estaba mal presentado y redactado, porque salieron todas las voces de tributaristas a cuestionar. Y ahora, como siempre, Cosse se quiere transformar en víctima del gobierno nacional”, afirmó Barrios Bove.

Algunos de los expertos que plantearon reparos, en diálogo con El Observador y La Diaria, fueron Juan Bonet y Leonardo Costa, el abogado que patrocinó a Ducsa en la demanda que dio lugar al fallo de la Suprema Corte de Justicia.

No obstante, en el entorno de la intendenta niegan que en la marcha atrás pesaran las objeciones jurídicas. La IMM consultó a expertos tanto al redactar el proyecto de decreto como cuando se comenzó a debatir públicamente, según las fuentes, que en el balance entienden que desde el punto de vista formal el tema estaba “cubierto”.

Según esta visión, si realmente el decreto hubiera contravenido la Constitución, el Poder Ejecutivo hubiera fundado su decisión de impugnarlo en el artículo 303 de la carta magna, y no en el 300. El primero refiere a decretos de la Junta Departamental y a resoluciones municipales contrarios a la carta magna y a las leyes, por iniciativa de una parte de la Junta Departamental o por mil ciudadanos. El segundo, mencionado por Lacalle Pou, acota la potestad al Poder Ejecutivo, habla del “interés general” y refiere solo a decretos de las intendencias que crean o modifican impuestos. Es, por lo tanto, más específico.

No obstante, para algunas fuentes municipales, al apelar a cuestiones de “interés general”, el oficialismo demostró que este es un asunto “netamente político” y que no había convencimiento en que el decreto podría ser revocado por aspectos formales.

El marco normativo se amparaba en el sexto numeral del artículo 297 de la Constitución, que establece que los impuestos a los espectáculos públicos y a los vehículos de transporte serán “fuentes de recursos de los gobiernos departamentales, decretados y administrados por estos”. El debate constitucional se centró en si la interpretación de la IMM era o no correcta.

Tras quedar en pausa la discusión, esta administración no prevé volver a plantear en el período la reestructura de la Tasa de Inflamables, vigente desde 1962 y ahora inconstitucional.

No obstante, dentro de la IMM hay quienes entienden que el tema “cobró una trascendencia mucho más importante de la prevista originalmente”. Anoche, Cosse reafirmó que hubo un “manejo político al más alto nivel”.