La seguridad social es un derecho humano fundamental. Esa es la primera frase que aparece en la papeleta que, promovida por el Pit-Cnt, plantea una reforma de la seguridad social por la vía constitucional. También es la frase que encabeza el documento base sobre el “diálogo social”, que el Frente Amplio planteará, con el mismo objetivo, si es gobierno en 2025. Es una de varias coincidencias en medio de otras diferencias, de enfoque y de fondo, que plantean ambas opciones y que dividen hoy a la coalición de izquierdas.

La principal es, tal vez, la modalidad de ahorro individual. La central propone su eliminación lisa y llana, mientras que para la oposición representa uno de los tres componentes de un futuro sistema “multipilar”, que incluye también al solidario y al contributivo. Eso sí, gestionado por el Estado. En el caso del pilar básico, el Frente Amplio estipula que deberá ser “sólido” como forma de garantizar una cobertura universal, vía subsidios, para las personas de menores recursos.

Y, mientras el Pit-Cnt plantea la derogación lisa y llana de las AFAP y el traspaso de sus fondos a un fideicomiso en el Banco de Previsión Social, el documento del Frente Amplio, al que accedió El País, habla de respetar la “debida gradualidad de los cambios”, con garantías expresas para personas e instituciones.

Lo que la central sí contempla es que personas públicas, estatales y no estatales, puedan administrar esos fondos complementarios, siempre que se basen en el ahorro colectivo, y no en un fin de lucro y que, sobre todo, no vulneren la prohibición del ahorro individual.

El Frente Amplio evita mencionar en su documento la indexación de las pasividades mínimas al salario mínimo nacional. También fijar los requisitos para acceder a esa prestación en 60 años de edad y 30 de servicio. Allí la izquierda política se inclina por incluir la modalidad de “causal adelantada” para los que, a partir de los 60 años, no estén en condiciones de trabajar hasta los 65.

Ambos planteos coinciden en que el nuevo régimen deberá prever la protección a la primera infancia, la vejez y la discapacidad en materia de cuidados. También la inclusión de pensiones especiales para las personas que lleguen a la tercera edad sin recursos para sustentarse.

Al respecto, el FA plantea que el “diálogo social” evalúe la creación de una “pasividad básica” para aquellas personas que, justamente, no dispongan de altos ingresos o de patrimonio al momento de su retiro. La propuesta es que esa prestación especial se otorgue a partir de los 65 años, cuando se configure claramente una situación económica de pobreza, o desde los 70 años para la población en general.

Metodológicamente, las diferencias son claras. El planteo del Pit-Cnt se basa en un plebiscito y la inclusión de estas disposiciones en la Constitución por voto popular. El “diálogo social” que quiere promover el FA pretende abrir el debate “amplio, democrático y genuino” a actores políticos, sociales, económicos y académicos. Y recoger, además, experiencias anteriores similares, como la que derivó en la ley de “cincuentones” o, incluso, la discusión procesada por la Comisión de Expertos que concluyó en la actual ley que regula el sistema jubilatorio. Una opción de diálogo que, recuerda el documento, fue elogiado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre otros objetivos, se plantea allí “revisar integralmente” el sistema de financiación de la seguridad social, para así “poder corregir las inequidades existentes” que, se asegura, son propiciadas por el régimen vigente. Para eso deberán, se indica, considerarse entre otros factores la incorporación de tecnología y los cambios que se han procesado en el mundo del trabajo así como los impactos que la economía digital ha tenido en las relaciones laborales.

El planteo es allí analizar “nuevas formas de aportación alternativa” al tradicional aporte por nómina que hasta hoy realizan las empresas. En este punto, la papeleta del Pit-Cnt -que cuenta con el respaldo de sectores como los partidos Comunista y Socialista- se limita a señalar que el sistema se financiará a través de “contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley”. Recursos que, además, no podrán ser afectados a fines ajenos” a los de financiar al sistema. El planteo de la central sindical incluye la obligación para el Estado de otorgar asistencia financiera, si así fuera necesario.

El documento del FA sigue abierto a modificaciones. Está en plena discusión de los sectores y las bases, y deberá ser refrendado por el Plenario Nacional el sábado 14.