"FASE FINAL"

La subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache Batlle destacó este miércoles que el procedimiento por el que se otorgó el pasaporte al uruguayo Sebastián Marset, narcotraficante y uno de los líderes del Primer Cartel Uruguayo (PCU), fue "de acuerdo a derecho" tras realizar una investigación al respecto. Sin embargo, se trabaja en modificar la normativa para que este hecho no vuelva a ocurrir.

Meses atrás, se generó una polémica por la entrega del pasaporte a Marset cuando este se encontraba detenido en Dubái por tener documentación paraguaya falsa. El uruguayo, que está en la lista roja de Interpol por el transporte de al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay, hoy está prófugo. 

"La sospecha más fuerte es que esté escondido en algún país africano, donde hacían escala los cargamentos con cocaína que navegaban por la Hidrovía", había informado La Nación a mediados de junio.

Marset fue señalado este martes como uno de los autores intelectuales del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo en Colombia. 

En diálogo con Así Nos Va (Radio Carve), Ache Batlle señaló esta mañana que "se está trabajando a partir de este caso concreto con el Ministerio del Interior para crear un nuevo decreto que ya estaría en fase final".

La nueva redacción, adelantó que entre varios puntos, Uruguay va a exigir que "no haya una requisitoria internacional, una disposición de cierre de fronteras y que la persona no se encuentre privada de libertad".

"Los trabajos están casi finalizados", remarcó Ache Batlle, sobre esta iniciativa que aseguró, tuvo "varias idas y vueltas" entre la cartera que dirige Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber.

El trabajo entre Cancillería e Interior será enviado al Área Jurídica de Presidencia para su análisis y la firma del presidente Luis Lacalle Pou del nuevo decreto.

La jerarca de Cancillería planteó esta mañana que los consulados en el exterior son la mesa de entrada donde se "toman la huella, la foto y la firma a través de un sistema integrado con el Ministerio del Interior", que recibe estos de forma "automática".

Esta cartera es la que luego "chequea los antecedentes uruguayos" del solicitante, tal como establece el decreto 129 del año 2014, vigente actualmente, explicó. "Si no tiene antecedentes, lo imprime (pasaporte) el Ministerio del Interior y lo mandan a Cancillería para enviarlo", añadió.

"El procedimiento que se llevó a cabo fue de acuerdo a derecho, tanto del lado de Cancillería como del Ministerio del Interior", enfatizó.

Marset si bien tenía causas judiciales en Uruguay, estaban cerradas al momento de la expedición del documento y la requisitoria de Interpol llegó a principios de este años luego de que se le entregara el pasaporte, añadió.

El nuevo paso que se busca dar —tal como había declarado el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel— va en línea con el decreto 167 de 1993, que era "más exigente" para la emisión del pasaporte de los solicitantes. Además de pedir los antecedentes en Uruguay, "había obligación de chequear en el lugar donde estaban", agregó la subsecretaria.

Citando la redacción de hace casi 30 años, recordó que a "los nacionales uruguayos que hayan delinquido o sean objeto de expulsión por las autoridades del país en que residen", no se les daba un pasaporte sino "un documento válido por un solo viaje".