DE CARA AL REFERÉNDUM

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Hay agua fría en el dispensador; hay una mesa con té y café contra la ventana que da al sur, desde donde se ve el mar. Los periodistas, puntuales, esperan a la delegación del Poder Ejecutivo que llega 15 minutos más tarde de la hora pautada para dar inicio a este taller sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que estarán en disputa, y que despertó fuertes críticas en actores del Frente Amplio y de todo el bloque de izquierda, impulsor y responsable del referéndum derogatorio que se hará en los próximos meses.

Se cuestionó que Presidencia de la República destinara el tiempo de gobernantes y recursos públicos -por lo pronto, el uso de esta sala, en el segundo piso del edificio anexo de la Torre Ejecutiva-, y que se involucrara directamente en la campaña tratando de incidir en la enunciación de los medios.

Todo eso, por supuesto, salvo por una mención al final, quedó soslayado de esta sala, en la que ahora se sientan, allá adelante, los cinco representantes del gobierno elegidos para esta ocasión: en el medio, el prosecretario de Presidencia y redactor de esta ley, Rodrigo Ferrés, a su lado el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel -uno de los que se mostrará más activo dentro de un rato, en la etapa de las preguntas-, y la directora de Política Económica, Marcela Bensión; en los extremos de la mesa -enfrentada a unos 40 periodistas- en tanto se sitúan el director de Educación, Gonzalo Baroni, y el subsecretario de Trabajo, Mario Aristi.

Con un hablar pausado y un ritmo de aula universitaria, Ferrés empieza diciendo que el Poder Ejecutivo decidió “organizar este taller” ante la certeza de que habrá un referéndum, y porque se trata de una ley que “abarca muchos capítulos, tiene contenidos diversos” y contiene “algunas cosas complejas” que en el gobierno entienden necesario “explicar” a los representantes de los medios, considerados “clave en la transmisión de las opiniones” a la población.

Y entonces comienza a pasar diapositivas con el resumen de los principales temas incluidos en la LUC, como el capítulo de seguridad -que creó nuevos delitos, más penas y amplió potestades a la Policía-, el régimen de alquileres sin garantía, el derecho a la portabilidad numérica, la regla fiscal, el sistema de adopciones -con plazos más cortos y algo que no se pretende derogar-, y la educación -con su eliminación de representación docente en subsistemas-, entre otros puntos.

“Nosotros consideramos que la LUC es un instrumento jurídico que viabiliza soluciones en materia de seguridad pública, libertad financiera, control del gasto público, mejor educación a nuestro juicio y más políticas sociales”, dice Ferrés, que repite una frase que a esta altura es un eslogan del oficialismo: “Es una ley que otorga derechos y libertades”.

Con el juego abierto a los participantes, se abre tal vez el mejor momento, porque si hasta este punto había predominado la dinámica clásica del docente expositor, de repente esto comienza a parecerse más a un taller. La primera pregunta es acerca de las consecuencias que podría tener la eventual derogación de los 135 artículos, y aunque aún no está claro si se trata de una derogación o una anulación -lo cual tiene efectos jurídicos diferentes- en cualquier caso para el prosecretario se produciría una situación problemática. “Causaría determinados conflictos, porque hay muchas cuestiones que están vigentes y dejarían de estarlo”, aunque dice que “una derogación nunca va a afectar los derechos adquiridos” puntualmente por las personas, “por una cuestión de seguridad jurídica, pero sí frenaría una cantidad de cosas”.

Ahora el debate se enciende algo más, porque varios periodistas se interesan por la aplicación de los artículos que instauran la posibilidad de alquilar sin garantía, a cambio de desalojos en plazos más cortos. Este es uno de los temas que más críticas ha generado desde la oposición y, por ende, en donde el gobierno intenta ahora dar más respuestas. Aparecen varias preguntas que apuntan a saber quién es, en la práctica, el que verdaderamente puede elegir un contrato bajo estas características: si el propietario o el inquilino, apremiado por sus circunstancias de vulnerabilidad a acceder a una vivienda en el menor tiempo posible, y cuando las negociaciones ya están avanzadas. “El que elige es el propietario”, dice de pronto un periodista. Ferrés responde: “Si el propietario le dice al inquilino que es así o no lo alquila, entonces (el inquilino) deberá buscar otro alquiler”.

Entonces Maciel pide para intervenir, porque a todas estas interrogantes surge otra, que traslada el cuestionamiento del Frente Amplio de que actualmente hay todo un “mercado gris” de personas que ya arriendan sin garantías, y que esta normativa vendría a perjudicar a esta población. Maciel aclara que no es su área de especialización, pero dice que se siente “Cavani” y quiere “cabecear”. Contesta que “para poder aplicar el desalojo tiene que haber un contrato por esta normativa”.

Hubo más intercambios, algunos de los cuales continuaron en el pasillo, ya finalizadas las tres horas de taller, pero con un tono de informalidad.