PRO REFERÉNDUM

José Korzeniak, ministro de la Corte Electoral, aseguró este viernes que “no tiene ninguna relevancia” el error de imprenta que figura en las papeletas entregadas con las casi 800.000 firmas que buscan habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). “Es algo que ya fue laudado por la corte hace mucho tiempo”, aseguró.

Entrevistado por Informativo Sarandí (Radio Sarandí), el ministro fue consultado sobre la imagen que comenzó a circular en redes sociales poco después de que se entregaran las firmas en la corte y que cuestiona la validez de la iniciativa porque en la papeleta hay un error: donde debería decir ley número 17.244, dice 17.224.

“La comisión (Pro Referéndum), en el momento en que diseñó la papeleta y la empezó a distribuir, advirtió a la corte que había un error de imprenta y se había trabucado un número en el número de una de las leyes que regulan (el procedimiento para realizar el referéndum)”, explicó.

En ese momento, agregó Korzeniak, la Corte Electoral “entendió que era un error de imprenta y que por lo tanto no iba a tener ninguna relevancia y así se lo hizo saber a los promotores”.

Incluso, dijo, cuando las papeletas fueron presentadas ante la Corte Electoral el error no fue advertido, sino que la corporación se enteró cuando la comisión lo hizo saber. “Esto ya está resuelto”, recalcó.

La Corte Electoral ingresará ahora en la etapa de numeración de todas esas papeletas, dijo Korzeniak, y explicó que después se distribuirán en 23 mesas para su confrontación con el registro. Cada papeleta incluye huellas digitales y datos del firmante, que se chequean y se van validando o descartando según corresponda.

Si las firmas válidas alcanzan al 25% de los habilitados para votar se considerará cumplida la exigencia del artículo 79 de la Constitución y habrá referéndum, agregó el ministro.

Para la verificación de las firmas la Corte Electoral dispone de un plazo de 150 días hábiles y luego, en caso de que se confirme que hay referéndum, tiene un plazo de 120 días para convocar a la consulta popular.