Estafa en fondo de la construcción: piden levantar secreto bancario y alertan por "asociación para delinquir"

La Cámara de la Construcción y el Sunca presentaron denuncia penal por la fuga de $ 35.627.581 y US$ 17.500 de las arcas Fosvoc, un mecanismo para facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores.

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Manifestación del Sunca.
Manifestación del Sunca.
Foto: Archivo El País.

La Cámara de la Construcción y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), en representación de la Comisión Administradora del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvac), presentaron una denuncia por apropiación indebida, asociación para delinquir y estafa, con el objetivo de que se identifique a los responsables penales de la fuga de $ 35.627.581 y US$ 17.500 de las arcas de este mecanismo cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda por parte de los trabajadores.

En un informe de Fosvac, realizado tras una auditoría interna y al que accedió El País, se establece que estos “movimientos de fondos no autorizados” corresponden al período comprendido entre febrero y diciembre de 2024, y que las transferencias electrónicas fueron realizadas por una empleada que se desempeñaba como “Jefa de Departamento”.

En la denuncia penal, en tanto, se establece que esta persona tenía a su cargo el pago de las remuneraciones de los empleados del fondo, justamente a través de transferencias bancarias, y que por eso tenía la clave para manejar vía online las cuentas de la institución que eran cuatro, tres en moneda nacional y una en dólares. Era la única persona encargada de esto, puesto que el pago a proveedores se llevaba adelante a través de la emisión de cheques, que debían llevar tres firmas (Fosvoc está conformado por la cámara, el Sunca y la Liga de la Construcción del Uruguay (LCU)).

Asamblea del sindicato de la construcción (Sunca) en el Teatro de Verano
Asamblea del sindicato de la construcción (Sunca) en el Teatro de Verano.
Foto: Francisco Flores

La maniobra fue develada en diciembre de 2024, cuando dicha funcionaria viajó a Buenos Aires a realizarse una intervención quirúrgica de carácter estético. Durante su ausencia, quien quedó en su lugar descubrió que había transferencias que se habían realizado sin que existieran comprobantes y que estas, según la denuncia, podían ser consideradas “sospechosas”, pues “no aparentaban justificación” y no correspondían al pago de sueldos.

Tras esto es que se llevó a cabo la auditoría, que dejó en evidencia la realización de “movimientos sin comprobante justificativo y no autorizados por la Comisión Directiva” de Fosvoc. Según el detalle del documento, el primer giro en realidad se llevó a cabo el 12 de abril de 2024, por una cifra de $ 240.000; luego se hicieron varias transferencias por mes, hasta la última que fue el 27 de noviembre del año pasado por $ 1.250.000.

En total fueron 193 transferencias. Ocho cuentas identificadas con el nombre y apellido de sus titulares recibieron dinero. Hay otros giros en los que no figura el nombre del destinatario. Todos los llevó a cabo la misma funcionaria.

Reclaman el reintegro de fondos

En la denuncia penal, realizada por el abogado Oscar López Goldaracena, a la que también accedió El País, se identifica a la exjefa de departamento como la “autora material de los hechos”, pero se pide investigar a todos los que recibieron dinero para así determinar si existió una "asociación para delinquir".

En este sentido, se reclama “indagar en los valores y las cuentas bancarias” de la funcionaria que hizo las transferencias, y si en el período en que se llevó a cabo la maniobra cambió en algo “su patrimonio y nivel de vida”. Esto, se señala en el documento, debería se extensivo a todos los que recibieron transferencias de forma irregular.

Fiscalia General de la Nacion
Fiscalia General de la Nación.
Foto: Estefanía Leal

En el escrito, además, se aporta el nombre de nueve personas que estarían dispuestas a declarar ante Fiscalía, en caso de ser citadas, y se pide el levantamiento del secreto bancario y que se soliciten informes a la red bancaria nacional por parte del Banco Central del Uruguay (BCU) sobre las cuentas de la funcionaria y de quienes se beneficiaron con los giros.

También se reclama el allanamiento del domicilio de ella, “a efectos de recabar efectos, documentación, dinero o valores que pudieran ser hallados en conexión con los hechos”. Y se informa que el celular que ella utilizaba en nombre de Fosvoc está en poder de la Comisión Administrativa de la institución y a disposición de la Justicia.

El objetivo de los demandantes, también, es que se lleven a cabo incautaciones con el objetivo de conseguir el “reintegro de los fondos sustraídos”.

Sindicalistas en la mira

Miembros del Sunca involucrados

Dos de los que recibieron dinero en la estafa en Fosvac fueron Víctor Rivero, secretario del Área Social del Sunca en Montevideo, y Santiago Bernaola, que era parte de la Secretaría de Organización del sindicato. Se calcula, según supo El País, que entre los dos retiraron unos US$ 100 mil.

Ambos formaban parte de la corriente Agustín Pedroza, representada por la lista 658, y como informó Búsqueda en diciembre pasado los dos fueron expulsados del consejo directivo del Sunca el día 18 de ese mismo mes. El Partido Comunista, al que también pertenecen ambos, los sancionó de forma preventiva y abrió también una investigación.

Una vez fueron detectadas las irregularidades, Fosvoc se decidió de inmediato apartar a la gerenta financiera del cargo, al menos hasta que fuera aclarada la situación, y contratar a una consultora independiente para que realizara el informe del que da cuenta este artículo.

En la página web de Fosvoc se señala que el fondo "es administrado por una comisión honoraria y bipartita integrada por igual número de representantes del sector empresarial y del sector de los trabajadores".

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