El próximo martes, la Cámara de Representantes discutirá el proyecto de ley que propone la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Defendida fuertemente por la mayoría del oficialismo y la prácticamente totalidad del ámbito científico y académico local, la iniciativa permitiría a los investigadores uruguayos presentar una única solicitud de patente a nivel internacional, en un único idioma, facilitando así el trámite para la protección de sus invenciones en todo el mundo.

Hasta esta semana, el proyecto carecía de votos para superar la cámara baja. La razón principal de esta situación respondía al temor sobre el impacto que podría tener este tratado en sectores como la industria nacional del medicamento, el costo en los fármacos de alto costo o el acceso de los pequeños y medianos productores agropecuarios a semillas genéricas.

La bancada del Frente Amplio (FA) había definido el mes pasado que votaría en contra del proyecto. Pero el mismo martes, antes de la votación, los diputados de Asamblea Uruguay pedirán rediscutir el tema y contar con libertad de acción para apoyarlo. “La conclusión que sacamos es que hay que aprobarlo”, dijo a El País el diputado Luis Gallo, que aludió a múltiples pedidos que en ese sentido se recibieron por parte de actores vinculados a la academia, la ciencia y la innovación. A los astoristas se sumaría el diputado Gustavo Olmos (Fuerza Renovadora).

De todas formas, Gallo precisó que acatarán la decisión si la mayoría se inclina por mantener la negativa. “No es una cosa de vida o muerte. No vamos a destruir al Frente Amplio”, aseguró.

El argumento principal de la izquierda para oponerse a la adhesión al acuerdo pasa por la “destrucción” y “desarticulación” de la “oficina de patentes” y la carencia de recursos humanos y material en las dependencias del Ministerio de Industria encargadas del tema. Una afirmación que fue rebatida en los últimos días por el titular de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Santiago Martínez. “Es absolutamente falso”, sostuvo.

Con todo, la decisión que tome la oposición no incidirá en el resultado. “Hemos hecho esfuerzos desde todos lados, y no solo a nivel político, para conseguir los votos necesarios para que este proyecto se apruebe este martes”, indicó a El País el diputado nacionalista Rodrigo Goñi.

A blancos, colorados y el Partido Independiente se sumará, finalmente, Cabildo Abierto. La apuesta es a permitir que el proyecto siga vivo y que, en todo caso, sea el Senado el que tome una definición. En diálogo con El País, el cabildante Álvaro Perrone confirmó la disposición de su partido a dar su aval al texto.

Lo que sí se pretende es que el gobierno introduzca una modificación, que le permita al país hacer una “reserva” en cuanto al capítulo II del acuerdo, que refiere al “examen preliminar internacional” al que deberán someterse las solicitudes de patentes y que, se indicó, sería el aspecto más perjudicial para la industria nacional.

En este tipo de tratados, se entiende por “reserva” al pedido de un Estado de excluir los efectos jurídicos de ciertas disposiciones en su aplicación.

Las características del proyecto hacen inviable que pueda ser modificado por los legisladores. Se trata de una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo que, además, consta de un artículo único. Así, las opciones son que el texto se retire e incorpore esa modificación o que se apruebe sin cambios esta semana y que se “abra” en la cámara alta.

Foto: Archivo El País

La discusión del proyecto tuvo que postergarse una semana. Los votos cabildantes no estaban y, ante la negativa del FA, la iniciativa iba derecho al archivo. En filas de Cabildo había -y aún hay- serias dudas sobre el impacto que tendrá la adhesión al tratado. “Nuestra lectura es que le pega duro a la industria nacional”, le había dicho a El País a fines de abril el senador Guido Manini Ríos. “Se sigue negociando”, se limitó a señalar Manini este jueves.

En los hechos, se da por descontada la ratificación del tratado en el Senado. Allí los sectores del FA que lo votarían son amplia mayoría. Se han pronunciado en ese sentido Asamblea Uruguay, Convocatoria y los senadores más afines a Cosse, como Silvia Nane. Fuentes frentistas confirmaron a El País que la principal resistencia a la adhesión al tratado viene del Movimiento de Participación Popular (MPP). Aunque el senador Alejandro Sánchez mostró su disposición a discutir el tema.

En el FA sigue pesando el hecho de que, en julio de 2016, el gobierno de Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley idéntico que, además llevaba la firma de Cosse -en ese entonces ministra de Industria y hoy una de las precandidatas con más chances de acceder al Poder Ejecutivo.

Ese proyecto terminó fracasando por las diferencias internas que se sucedieron entonces en la coalición de izquierda.