Redacción El País
Se vienen los últimos seis meses de actividad en el Parlamento, donde los diferentes partidos -y legisladores- tratarán de apurar los proyectos que les interesan para evitar que mueran en un cajón, como sucede cada vez que termina la legislatura. Hay iniciativas a mitad de camino o dando sus primeros pasos en ambas cámaras, por lo que se están dando reuniones de bancada para discutir sobre qué se priorizará.

La eutanasia es uno de los proyectos que más polémica generó durante el gobierno. Después de su aprobación en la Cámara de Diputados, ingresó a estudio en comisión del Senado, donde no hay consenso sobre la redacción actual y desde el Partido Nacional se van a plantear modificaciones como que la comisión revisora no actúe post mortem -como dice ahora la redacción- y que se afine cómo se evalúa la aptitud física de la persona.

Sin embargo, hay un acuerdo para darle prioridad y que en abril pase al plenario para que no se continúe dilatando la resolución. Cabildo Abierto no votó el proyecto cuando estuvo en Diputados, dentro del Partido Colorado hay diferentes posturas y el Frente Amplio lo apoya.

Otro proyecto al que se decidió darle prioridad es el que presentó el senador colorado Adrián Peña, vinculado a los ingresos de funcionarios en las intendencias que, entre varias cosas, prohíbe “designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización” del gobierno.

La iniciativa aún está en etapa de estudio en el Senado. El martes concurrieron varios intendentes -del Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio- a la reunión de la comisión donde plantearon, una vez más, que presentarán una acción de inconstitucionalidad si se aprueba el proyecto de ley.

Los senadores, que continuaron la discusión sobre la constitucionalidad de la normativa después de que se fueran los jefes de los gobiernos departamentales y sus asesores, acordaron que van a estudiar la información que les llevaron y que consultarán a más constitucionalistas.

El tercer proyecto que encarará la Cámara de Senadores será sobre el financiamiento de los partidos políticos, que se votó por unanimidad en Diputados después de una extensa discusión. En el Senado se creó una comisión especial para su tratamiento y los diferentes partidos políticos ya asignaron quiénes la integrarán, aunque aún no se dio la primera reunión. Como es habitual, recibirán a las diferentes delegaciones que convoquen los legisladores o que pidan concurrir.

Otra iniciativa que está sobre la mesa es la Ley de Medios, que también levantó polémica durante el gobierno, sobre todo después de un intento fallido del gobierno de derogarla en la Rendición de Cuentas que se votó en 2022.

Antes de que terminara el año, a mediados de diciembre, la Cámara de Diputados votó el proyecto que implica la derogación de la normativa actual para la implementación de una nueva. Ahora ingresó a la comisión de industria, que se reunió ayer. Desde el Partido Nacional, el nacionalista Amin Niffouri dijo a El País que la idea es aprobarlo sin modificaciones para que no tenga que volver a Diputados.

Foto: Francisco Flores/Archivo El Pais

Por otra parte, la misma cámara deberá definir qué hace con el proyecto de ley para la internación compulsiva de adictos con previo consentimiento de la persona. La iniciativa ingresó por Diputados, sufrió cambios en el Senado y ahora volvió a su origen. El diputado nacionalista Álvaro Viviano indicó a El País que hay “mucho interés” en que finalmente se apruebe.

Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

En ese sentido, indicó: “Estamos ante una clarificación de los orígenes de la situación de calle -y un aumento de la misma-, que son las adicciones y la salud mental”.

Otro pendiente es el proyecto que envió el Poder Ejecutivo en medio del escándalo por la Comisión Mixta de Salto Grande, que propone cambios en las comisiones binacionales. Es más, la polémica que se generó alrededor de la designación directa de funcionarios del Partido Nacional llevó a que las autoridades sean llamadas a sala en la Cámara de Representantes.

El proyecto está en la comisión de asuntos internacionales de Diputados, donde ya comparecieron las autoridades. Por su parte, Viviano marcó que es “uno de los proyectos que definitivamente hay que sancionar porque estamos comprometidos a dar señales claras de transparencia en las binacionales y en su integración”.

Otro de los proyectos que tomó notoriedad en estos días, en el marco del Día Internacional de la Mujer, es el de paridad en el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Aunque hay un impulso de parte de legisladoras, incluida la vicepresidenta Beatriz Argimón, no hay consenso para su aprobación, incluso dentro del Partido Nacional.

Cabildo Abierto presentó esta semana un proyecto para modificar la ley de violencia de género vigente desde hace seis años. En la exposición de motivos, el partido político realiza fuertes cuestionamientos a la normativa vigente y, entre varias cosas, plantea agregar el delito de simulación y calumnia de violencia de género con tres a seis meses de prisión.

Pero esa no es la única disposición que plantean. El partido quiere modificar ciertas consideraciones vinculadas a los testimonios de las víctimas en el proceso legal.

Por otra parte, propone que pueda hacerse el retiro de la persona del hogar salvo que “sea propietario del inmueble o desarrolle una actividad laboral que constituya su sustento principal”.

Esto sería un cambio frente a la legislación vigente ya que de manera expresa dice que se debe sacar al presunto agresor “siendo irrelevante quien sea el titular del inmueble”.

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, señaló a El País que, a su entender, es una movida política de Cabildo Abierto. En ese sentido, añadió: “Buscan ver por dónde se capta el electorado en un año de elecciones. Ojalá no lo capten por ahí, porque sería muy perjudicial para las mujeres, sobre todo para las más pobres y menos oportunidades”.