Una delegación de ex presos políticos de Venezuela llegó ayer a Montevideo y se reunió con representantes de los principales partidos de Uruguay, en el marco de una gira regional en la que pidieron apoyo y acciones concretas en favor del “cierre de todos los centros de tortura y la liberación de todos los presos políticos” que permanecen detenidos en las cárceles de su país.

El grupo está integrado, entre otros, por Elisa Trotta, la exembajadora ante Argentina del “gobierno interino” que, entre 2019 y 2023, había encabezado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. Fueron recibidos por el Directorio del Partido Nacional, liderado por Pablo Iturralde. Previamente se habían reunido con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y con el expresidente colorado Julio María Sanguinetti.

Uno de los integrantes de la delegación, Víctor Navarro, dijo a El País que en el periplo también tuvieron oportunidad de dialogar con el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales (Carifa) del Frente Amplio, Pablo Álvarez, que les aclaró que el diálogo fue a título personal.

En todos los casos, el pedido fue el mismo: la promoción de una petición formal y orgánica -en particular desde el Parlamento- para que el sistema político uruguayo reclame la liberación de los 269 presos de conciencia que, afirmaron, permanecen encerrados hoy en las cárceles venezolanas y, a su vez, que se repudie el accionar del gobierno de Nicolás Maduro. Navarro se mostró optimista para obtener una respuesta favorable. “Comprendemos la complejidad de la dinámica política uruguaya”, dijo.

La situación en Venezuela ocupa parte de la agenda política local y rara vez es motivo de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Pese a las críticas hacia Maduro, el gobierno de Luis Lacalle Pou decidió mantener la máxima representación diplomática en Venezuela, con la reciente designación de Silvana Montes de Oca. El martes pasado, y solo con los votos de la coalición de gobierno, el Senado aprobó una declaración de condena a Maduro, ante la inhabilitación de varios candidatos presidenciales opositores para las elecciones del 28 de junio. Allí se habló de las “detenciones arbitrarias” de políticos y activistas de derechos humanos por parte del régimen chavista.

A su vez, el Senado expresó su “rechazo a los impedimentos injustificados en la inscripción de aspirantes presidenciales, lo que atenta contra la democracia y el cumplimiento de los Acuerdos de Barbados”. Además, remarcó que el gobierno de Venezuela “no ha desistido y, por el contrario, continuamente ha incrementado sus acciones contrarias al espíritu democrático, confirmando, una vez más, que es un régimen dictatorial”.

En los últimos días el grupo de expresos políticos se reunió también con legisladores argentinos y asimismo logró que el Congreso paraguayo aprobará una declaración en favor de su reclamo.

La delegación presentó este jueves el Proyecto Realidad Helicoide, en referencia a uno de los edificios más emblemáticos de Caracas, pensado como un centro comercial pero convertido desde 1984 en la sede la inteligencia policial, y en donde desde 2010 funciona el centro penitenciario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Lo describió como “el centro de tortura más grande de América Latina” y aseguró haber estado preso allí durante cinco meses, durante los que, asegura fue torturado.

Está pensado como una “experiencia inmersiva” que, a través de realidad virtual, permita dimensionar las vicisitudes y sufrimientos a los que están expuestos los presos políticos derivados a ese centro, que supo albergar también a menores de edad.

Allí se demuestra, expresó Navarro, cómo en Venezuela hoy la tortura es una “política de Estado” y cómo, a tres meses y medio de las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio, esa persecución política, lejos de disminuir, “se está incrementando”.

Foto: AFP