Redacción El País
Cuando la fiscal Silvia Porteiro pidió el desafuero del entonces senador Charles Carrera en setiembre de este año, lo hizo “a fin de proceder a solicitar” su imputación por haber permitido la atención irregular de Víctor Hernández en el Hospital Policial. Sin embargo, a tres meses de su renuncia, eso no ha ocurrido. Ahora, Carrera pidió una audiencia frente a la jueza para que la fiscal explique por qué no ha resuelto el caso. Esa audiencia será hoy en el juzgado de Crimen Organizado.

Será la jueza Diovanet Olivera quien escuchará los argumentos de ambas partes e intentará mediar. La posición de Carrera y de su abogado, Juan Manuel González Rossi, es que el ex senador se encuentra siendo, desde hace dos años y medio, “para la opinión pública, ‘investigado por la justicia penal’, con el natural perjuicio reputacional y daño emocional que ello implica”, expuso el defensor en un comunicado público.

Lo cierto es que, desde que Porteiro pidió el desafuero -que se resolvió rápidamente con la renuncia de Carrera- la Fiscalía estuvo cerca de un mes esperando recibir la comunicación oficial de que el investigado ya no tenía fueros. Luego de eso, tenía previsto tomar algunas declaraciones más previo a la imputación, informó en ese entonces El País. De todas formas, el pedido de desafuero no fue realizado en esos términos: el escrito decía que la solicitud se hacía “a fin” de imputarlo.

En las últimas semanas se continuaron tomando declaraciones. Pero este lunes Porteiro detallará ante la jueza qué otras medidas de investigación se tomaron y qué es lo que falta para resolver el caso.

Una vez que judicialmente existe una imputación, la Fiscalía cuenta con un año (con opción a prórroga por otro año más) para definir si lleva el caso a juicio oral o si absuelve al imputar. Sin embargo, cuando no hay una imputación judicial -como en este caso- la Fiscalía puede investigar a la persona con la prescripción del delito como único límite de tiempo. Tiene contrapartida que si no hay una imputación, no se pueden pedir medidas cautelares contra el investigado.

En el escrito de desafuero, la fiscal expresó que Carrera otorgó beneficios irregulares a Víctor Hernández, que quedó parapléjico en un incidente no aclarado en La Paloma, y que por eso era pasible de ser imputado por un delito de abuso innominado de funciones. Tildó la situación de “anómala, indebida e irregular”.

Las irregularidades que, a juicio de la Fiscalía, cometió Carrera, partieron del hecho ocurrido en Rocha en el año 2013. Hernández fue impactado por una bala perdida cuando estaba en su casa y se presume que el proyectil salió de una propiedad del Ministerio del Interior donde varios oficiales estaban celebrando una fiesta.

Carrera dispuso que se lo atienda en el Hospital Policial, donde permaneció internado tres años, y en una oportunidad -al comienzo del caso- le otorgó a su familia tickets alimentación por $ 20 mil. En total, el gasto realizado por Interior fue de US$ 260.000, calculó la Fiscalía. Fue una situación “anómala, indebida e irregular”, se advirtió en el escrito.

Lo que hizo Carrera es ilegal, sostuvo Fiscalía, porque solo pueden asistirse en el Hospital Policial los policías en actividad, retirados o pensionistas, aquellos que tengan un vínculo “funcional o previsional” con ellos o sean hijos, cónyuges, concubinos o padres a cargo del policía titular. Es decir, “no existe ninguna norma legal o reglamentaria que habilite a incluir como usuario a quien no encuadra en esos requisitos”.

El abogado de Carrera insistió en que los hechos ocurridos “no constituyen delito” y señaló que así lo han declarado en el caso “académicos de la máxima jerarquía”. A pedido de parte, Gonzalo Fernández, exsecretario de la Presidencia y grado 5 en Derecho Penal, realizó un informe que indica que hubo “falta de arbitrariedad” por parte de Carrera.

Foto: Francisco Flores

El último legislador en perder sus fueros parlamentarios fue el exsenador Gustavo Penadés, ahora imputado por 22 delitos sexuales. La situación fue diferente puesto que la fiscal Alicia Ghione no pidió el desafuero para imputarlo, sino para pedir declaraciones judiciales de las víctimas (no podían declarar frente a un juez en contra de alguien que tuviera fueros). Entre la solicitud de desafuero y las primeras declaraciones pasó poco más de dos meses.