PASAPORTE

La investigación administrativa que ordenó meses atrás el ministro del Interior para encontrar errores u omisiones en el proceso de entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset determinó, en lo esencial, que “no se constató irregularidad alguna en la tramitación realizada”.

Esa conclusión, expresada de forma similar a la de Cancillería -que culminó también días atrás-, se basa en la constatación de que el proceso “se efectuó acorde a derecho”, y en la determinación de que las autoridades ministeriales no fueron alertadas de que se estaba entregando el documento a un narco mientras estaba detenido en Dubái porque ello es algo que “no estaba previsto en la reglamentación vigente”.

El informe final de la investigación de 575 folios -al que accedió El País-, fechado este 15 de diciembre, también concluyó que es el Ministerio de Relaciones Exteriores el único organismo competente en la expedición de pasaportes en el extranjero (ver aparte), y se pronunció sobre la actuación de dos jerarcas de la cartera de seguridad, uno eximido de toda responsabilidad y otro implicado por haber cometido una irregularidad, la que a su vez se suma a otra ya detectada en el también polémico caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

El primero de ellos es el hoy exsubdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, que había sido cesado por el ministro Luis Alberto Heber luego de detectarse que había intentado “apurar” la tramitación del pasaporte de Marset, tal como anunció el 22 de agosto el titular de Interior durante la interpelación que ese día promovía el Frente Amplio.

Lacoste pidió su pase a retiro esta semana, prácticamente al mismo tiempo que esta investigación administrativa llegaba a la conclusión de que, en su caso, “no existe conducta administrativa disciplinaria reprochable”. La instrucción arribó a este punto porque si bien existió una orden del jerarca a sus subordinados de transmitir a la Dirección Nacional de Policía Científica que debía agilizarse la expedición del Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ) de Marset , lo hizo luego de recibir “la solicitud de un ciudadano común como lo es el Dr. Alejandro Balbi”, el abogado de Marset que por aquellos días buscaba por todas las vías apurar las etapas del trámite para que su cliente recibiera cuanto antes su pasaporte, que le permitiría obtener su libertad en Emiratos Árabes Unidos.

De hecho, Lacoste reconoció que obró así a pedido del propio Balbi, pero para la instructora de la investigación administrativa esa solicitud “resultaba razonable”. “La gestión de adelanto de CAJ en horas le ahorraba al ciudadano un mes de espera”, algo clave ya que el 25 de noviembre -entre dos y tres días después de esta gestión- salía la valija diplomática hacia el país en donde Marset estaba detenido. No obstante, “el intento de agilizar o adelantar la expedición del CAJ de Marset no se consumó”.

Distinta es la situación en el caso de Gonzalo Vázquez, el exdirector de Investigación Criminal que fue apartado de su cargo a fines de setiembre porque una auditoría realizada por Policía Científica determinó que había introducido nuevamente en el sistema los antecedentes penales de Astesiano -que no figuraban en su ficha debido a una adulteración anterior- sin avisar a las autoridades de ese cambio.

Lo que hizo Vázquez, de cualquier manera y al igual que con Lacoste, “no afectó en lo más mínimo la regularidad del trámite” del pasaporte, en gran medida porque su intervención fue “posterior” al proceso administrativo en cuestión, lo que no quita que a criterio de la investigadora igual constituyera una “falta administrativa disciplinaria” que el ministro Heber deberá aplicar.

¿Qué fue lo que hizo? “Reconoció haber enviado vía WhatsApp al teléfono celular de (...) Balbi una fotocopia del oficio” que él mismo había librado minutos antes a la Dirección Nacional de Identificación Civil, “comunicando que Marset carecía de antecedentes judiciales”, etapa clave en el proceso de la expedición del documento al narco uruguayo. La comunicación con el abogado de Marset se había dado porque, en su afán de que el trámite no se retrasara un solo segundo, el penalista quería conocer por qué había una demora en la llegada de la solicitud del CAJ, la misma que había pedido a Lacoste que trasladara a esta repartición de la Policía Científica en donde trabajaba Vázquez.

“Balbi dijo que no podía esperar y que le avisáramos cuando estuviera el trámite pronto y me dio el teléfono”, declaró Vázquez en la investigación, que contó que el abogado incluso “dejó a una persona esperando (allí) varias horas, hasta que en un momento se fue”.

Y se agrega, en la página 21 del informe: “Preguntado específicamente si el Dr. Balbi le solicitó que una vez culminado el trámite se le enviara una constancia de haber culminado el trámite a su celular, (Vázquez) respondió: ‘No lo pidió, pero yo lo mandé’”. El exjerarca explicó entonces que lo que hizo no es tan inusual. “Por lo general -dijo-, desde hace tiempo, cuando alguien pide uno de esos trámites prioritarios por parte de otro comando, se le da una constancia de que se terminó el trámite para que se presente en la otra unidad y lo exhiba”. Y siguió: “Antes hacía una fotocopia, en este caso envié un mensaje por WhatsApp, lo que reconozco que fue un error”.

Ese error implicó violar la ley orgánica policial que prohíbe divulgar información “en razón o en ocasión del servicio”. Cometió, en suma, una “falta leve” con atenuantes como la ausencia de “dolo”, por lo que se espera una sanción luego de los descargos de Vázquez.