Será, dicen, la última oportunidad de obtener respuesta a un reclamoque está a punto de cumplir medio siglo, que atravesó sin solución a ocho gobiernos sucesivos y que hoy, por las señales de la administración de turno, parece más cerca que nunca. Prueba de eso es que, por primer vez desde el retorno a la democracia, un presidente se interesó personalmente en el tema. Consideran que , a favor o en contra, antes de que finalice el primer semestre debe haber una definición.

La respuesta pasa por si el Poder Ejecutivo está dispuesto o no a elaborar una ley reparatoria, similar a las que rigen para otros colectivos, en la que reconozca una histórica deuda con los extrabajadores de la Represa de Salto Grande y beneficie así a un millar de obreros que participaron en la construcción de esa obra y que jamás recibieron la indemnización correspondiente al ser despedidos.

Se trata de un reclamo que ha atravesado a todas las administraciones desde 1985, que nunca tuvo respuesta ni números concretos. Ahora los hay: serían US$ 4 millones que “no mueven el presupuesto” y que bastarían para cubrir la vieja demanda. No se aceptará menos, ya que se considera una cifra simbólica y una “oferta muy generosa”, dado que los cálculos históricos indicaban que el monto a reclamar podía ir desde los US$ 20 millones hasta los US$ 100 millones. Así se lo dijo a El País Rodrigo Albernaz, diputado de Cabildo Abierto por Salto, que a nivel parlamentario encabeza en esta legislatura el apoyo a este reclamo.

Todo se originó en 1978, cuando el gobierno militar de la época, a través de un decreto, dio por finalizadas las obras de construcción de la represa, algo que en realidad sucedió en 1983. Ante la decisión de la dictadura, la empresa italiana a cargo de las obras pagó las indemnizaciones correspondientes, que los obreros uruguayos jamás recibieron. No fue el caso de los extranjeros, que cobraron su dinero en tiempo y forma.

Este viernes Albernaz. que ha trabajado el tema junto sus colegas salteños Omar Estévez (Partido Colorado) y Álvaro Lima (Frente Amplio) piensa pedirle una respuesta al equipo económico, en la reunión que será encabezada por el presidente de la República con toda la coalición de gobierno en la Residencia de Suárez y Reyes. La intención es pactar un encuentro para la próxima semana y, de una vez por todas ,intentar obtener una definición.

Albernaz dice comprender que la decisión, cualquiera sea, será política. También que será clave obtenerla en mayo, antes que ingrese al Parlamento la Rendición de Cuentas, la última de este período de gobierno que podrá incluir un incremento presupuestal. Si la definición no llega allí, el diputado dijo comprender que muchos de los reclamantes quedarán “fuera de juego”. La razón es simple y está vinculada a la edad. “Muchos no aguantarán otro período de gobierno”, aseguró. De los que quedan vivos, el más joven anda por los 75 años.

Así, para darle el “último empujón” a su reclamo, los exobreros y sus familias están programando llegar a Montevideo en mayo, cuando pretenden reunir a 600 personas ante la Torre Ejecutiva. Será, describió el diputado, una medida “más de expresión que de presión”. Hasta el momento, las puertas siguen abiertas. El “No” al reclamo, por lo menos, nunca llegó.

La oferta presentada ante el Poder Ejecutivo propone repartir esos US$ 4 millones en un universo de mil personas. Cerca de la mitad son los extrabajadores que aún viven. El resto, viudas y herederos de los ya fallecidos. En el primer grupo, explicó Albernaz a El País, se plantea un pago único de US$ 2.000 a cada uno más un incremento de $ 25 mil mensuales en sus jubilaciones. En el segundo caso, se propone una partida única de US$ 20 mil para los sucesores de los beneficiarios. La cifra incluye el pago de despidos, francos, compensatorios y horas extra que, se afirma, siguen sin ser liquidados desde hace casi 45 años.

La propuesta pasa por que los fondos salgan de Rentas Generales, a donde la dictadura destinó en su momento el dinero que habían dejado los italianos para el pago de los despidos. Albernaz hace valer el respaldo que, en forma unánime, la Cámara de Diputados otorgó el año pasado al planteo, a través de una minuta de comunicación en la que todos los partidos le solicitaron al Poder Ejecutivo la elaboración de una ley reparatoria.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social queda como uno de los principales involucrados en el asunto y su titular, Pablo Mieres, se ha mostrado escéptico en torno al reclamo. “Todos los que hacemos política desde hace bastante tiempo hemos tenido contacto con este reclamo desde hace décadas”, había apuntado Mieres en agosto del año pasado, cuando debió concurrir al Parlamento por este tema. “Hubo gobiernos de todos los partidos y el resultado fue siempre el mismo”.

En diálogo este miércoles con El País, el ministro Mieres sostuvo que el tema se viene analizando al máximo nivel en el Poder Ejecutivo, y que la respuesta llegará en el corto plazo. El problema es que, legalmente, los reclamos laborales tienen un plazo de prescripción de cinco años.

Ante los legisladores Mieres había argumentado que el reclamo de los extrabajadores carecía de todo respaldo jurídico y había advertido que tomar una decisión política para beneficiarlos sin fundamento legal sería “abrir una puerta que no es propia de un Estado de derecho”. Ahora, Mieres ratificó esa postura. “Jurídicamente, no tienen la menor chance”, remarcó.

Albernaz apunta que los US$ 4 millones que bastarían para una solución suponen apenas “dos meses y medio” de recaudación del peaje que, desde 2013, opera en Salto Grande para vehículos pesados. Un peaje que, recordó el diputado, fue pensado originalmente para saldar la deuda con los obreros de la represa, pero que terminó siendo derivada por la Comisión Técnico Mixta a clubes deportivos y sociales de la zona.

Han sido varios los proyectos de reparación que han quedado por el camino a largo de los años. En 2010 el diputado nacionalista Rodrigo Goñi había presentado una iniciativa fundada en una resolución que en la época había tomado el Banco de Previsión Social para reajustar los montos jubilatorios de estos exobreros, al determinar que en su momento habían sido perjudicados al no haberse realizado los aportes correspondientes por todas las partidas jubilatorias. Para el legislador eso constituía una prueba para respaldar el reclamo histórico de los trabajadores.

En 2006 la bancada del Frente Amplio había presentado otro proyecto similar, que también concluyó sin resolución. La coalición de izquierdas había obtenido en ese momento el respaldo del exministro de Trabajo Hugo Fernández Faingold, que dejó asentado de que el dinero para pagar los créditos laborales de estos trabajadores había sido depositado por la empresa constructora, pero que la dictadura desvío a Rentas Generales.