Redacción El País
Crysol, la organización que nuclea a los expresos políticos, denunciará al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que el gobierno “coartó” su derecho a expresar su visión sobre el proyecto de ley que plantea que toda la documentación disponible sobre el pasado reciente sea de acceso público. Un tema que, entienden en la organización, los atañe directamente como víctimas del terrorismo de Estado y por el cual deberían haber sido consultados a nivel legislativo, según dijo a El País el presidente de esa organización, Gastón Grisoni.

La denuncia fue adelantada verbalmente la semana pasada a la relatora de la CIDH, Julissa Mantilla, y será oficializada en los próximos días.

Este lunes el proyecto fue sancionado en comisión del Senado con los votos del oficialismo -sin recibir la opinión de organizaciones- y será elevado próximamente al plenario. La demanda, apuntó Grisoni, incluirá como antecedente inmediato lo ocurrido durante la reciente discusión de la ley que otorgó una reparación económica a las víctimas de la guerrilla. En esa instancia, apuntó Grisoni, los expresos políticos tampoco pudieron dar su visión en forma adecuada.

La intención, explicó, es que el organismo le advierta al Estado que “les está impidiendo a las víctimas” ejercer sus derechos. La organización incluirá todos estos cuestionamientos en un informe que prepara y presentará el año que viene para el Examen Periódico Universal que el Estado uruguayo deberá enfrentar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Consultado, Grisoni negó que Crysol tenga problemas con que esos archivos sean de estado público. No obstante, dijo, la normativa para hacerlo ya existe, en relación a una ley que en 2008 creó el Archivo Nacional de la Memoria. Grisoni reconoció, sin embargo, que a ese mecanismo nunca se lo dotó de los recursos necesarios para llevar a cabo su cometido.

Crysol adelantó estas conclusiones ayer, en una reunión que junto a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Pit-Cnt mantuvo con una delegación del Frente Amplio. La visita estuvo encabezada por el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira,

El tema fue considerado el lunes en la Mesa Política. Allí la senadora Silvia Nane denunció el “No” rotundo por parte del gobierno y del oficialismo ante el planteo expresado por la coalición de izquierda de recibir organizaciones y, en cambio, optar por votar el proyecto en forma “exprés”.

Nane advirtió que se convocó a una sesión extraordinaria para el jueves 21 que no tiene tema, lo que hace pensar que sea para aprobar este proyecto. Por ello, planteó ante la Mesa una “convocatoria a las barras” para ese día, al entender que “la sociedad civil debe ser parte de esta construcción de la memoria colectiva”.

La sesión del Senado ambientará, por lo pronto, un debate político en torno al papel que oficialismo y oposición mantuvieron cuando les tocó encabezar el gobierno en relación a la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido durante la dictadura militar.

En esa reunión, Pereira había señalado la necesidad de mantener el encuentro con las organizaciones sociales y construir así con ellas “acuerdos y sintonías”.

El presidente del Frente Amplio mantuvo en los últimos días un contrapunto con el ministro de Defensa, Javier García, sobre el rol que adoptaron el actual y los pasados gobiernos en la búsqueda de la verdad sobre el pasado reciente. El ministro había planteado una supuesta “falta de voluntad” por parte de la izquierda durante administraciones para garantizar el acceso público de toda la información disponible. Algo que fue considerado por Pereira como “el mayor insulto”.