La Mesa Política del Frente Amplio emitió una declaración sobre la extensión por 50 años de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata firmada entre el gobierno y la empresa Katoen Natie, dado que el 21 de abril se cumplirán dos años desde el anuncio del acuerdo.

Para el Frente Amplio, el contrato viola la Constitución y elimina la libre competencia establecida por la Ley de Puertos, lo que genera “graves perjuicios para el país, para el Estado y enormes beneficios a favor de la empresa”.

“En estos dos años, los hechos confirman las denuncias de nuestra fuerza política. La ANP aprobó el plan de inversiones de TCP por US$ 455 millones, en forma ficta, sin siquiera estudiarlo; sin explicación, se aprobó un plan de financiamiento por un monto mucho mayor ( US$ 672 millones), de los cuales el Estado deberá aportar US$ 134 millones”, repasó.

“Como consecuencia del acuerdo, TCP aumentó sus ganancias en US$ 20 millones en el último año; como contracara, se redujeron los ingresos de la ANP y los muelles públicos en los que el Estado ya invirtió, van quedando ociosos; se entregaron nuevas áreas del puerto a la concesión, incluso por fuera del acuerdo y en forma gratuita; al amparo del acuerdo TCP ya creó nuevos precios y aumentó otros; se han generado demoras y problemas operativos en el puerto; ya se perdieron más de 100 puestos de trabajo en forma directa y muchos más si consideramos los indirectos”, apuntó.

“Además de una interpelación, varios llamados a comisiones del parlamento y pedidos de acceso a la información pública, -con información ocultada al Directorio de la ANP-, se realizó una denuncia penal contra la autoridades del gobierno firmantes del acuerdo, con la más absoluta convicción de que cometieron delitos penales, la cual se encuentra pendiente de resolución por parte de la Fiscalía”, indicó.

En este sentido, el partido ratificó la confianza “en la tarea que la institución desarrolla”.

“La creación de la Administración Nacional de Puertos representa uno de los mejores legados del Uruguay batllista. En este sentido nos preocupa el desmantelamiento que está sufriendo la ANP por parte de este gobierno, que ha hecho una constante entrega de activos públicos al capital privado en diversas áreas de la administración pública, además del Puerto de Montevideo”, apuntó.

Como conclusión, la Mesa Política afirmó que el Frente Amplio seguirá “denunciando en todos los ámbitos que corresponda, aún los internacionales, y ante la ciudadanía, los incumplimientos flagrantes del marco jurídico vigente por parte del gobierno, y seguirá defendiendo la soberanía nacional y los intereses de todas y todos los uruguayos”.