POLÉMICA POR BENEFICIO AL DIRECTOR DE LA OPP

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, está en el centro de la polémica luego de que se resolviera exonerar de impuestos a una empresa de la que es propietario. El Frente Amplio cuestiona su ética y no descarta “ninguna herramienta legislativa”, incluso el pedido de una comisión investigadora.

Si bien la resolución fue firmada por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, luego Alfie -en acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou- renunció al beneficio. De todos modos, el Frente Amplio reclamó su remoción.

El tema fue analizado ayer en la bancada de la oposición. “Acá hay un problema ético grave, la actitud del presidente solicitando que renunciara al beneficio obtenido demuestra que hay una situación inconveniente o irregular”, señaló el coordinador del FA, Carlos Varela (Asamblea Uruguay).

Hay acuerdo en que “el Parlamento debe actuar” y para eso están sobre la mesa un conjunto de “instrumentos parlamentarios”, que incluyen hasta la conformación de una comisión investigadora, no solo por esta exoneración sino por la participación de Alfie en el juicio de Aratirí contra el Estado uruguayo.

La bancada el FA se tomará una semana para definir si esta es la herramienta elegida o si es más conveniente una interpelación o un llamado a sala. “Lo que amerita es que esto se aclare. Acá hay una violación ética, tal vez no legal, de alguien que está de los dos lados del mostrador”, aseguró Varela en conferencia de prensa.

Por su parte, los senadores del MPP formularon un pedido de acceso a la información para conocer la integración de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones y el acta de la reunión donde se resolvió la exoneración impositiva a Alfie.

En tanto, en una nota dirigida al presidente de la República, los senadores del MPP solicitan conocer la totalidad de actuaciones arbitrales de Alfie en el juicio de Aratirí.

En la carta hacen referencia a que el director de OPP (cuando estaba nominado para el cargo) viajó a Washington con el fin de prestar declaración en calidad de experto de Aratirí. También citan declaraciones del jerarca donde asegura que su intervención se limitó a hacer un racconto histórico, desde el año 1974 en adelante, de las diferentes leyes y decretos que pudieran tener que ver con el juicio. Sin embargo, en el MPP indican como “contraria al país” la afirmación que plasmó en su dictamen al expresar que desconocía casos de denegación total de beneficios fiscales como la sufrida por Aratirí, según publicó Búsqueda.

En el MPP concluyen que Alfie “intentó forzar una sentencia condenatoria contra todos los uruguayos” o “quizás asesoró activamente a la parte actora en un proceso arbitral que, a pesar de no tener sustento alguno, podría haber perjudicado al Estado uruguayo por valor cercano a los 3.660 millones de dólares”.

“Tenemos derecho a conocer, cuanto antes, toda la verdad, que solo puede ser revelada si las actuaciones del juicio se hacen públicas; si conocemos los textos de las demandas y contestaciones y los informes de todos los expertos”, concluyen los senadores del MPP.