Es para casos de reincidentes y delitos graves

De acuerdo al nuevo texto que se acordó, el juez debe u201cceñirseu201d a lo que solicite el fiscal.

El Frente Amplio tiene un acuerdo para que la prisión preventiva no sea "preceptiva", pero igualmente el fiscal deba pedirla en caso de delitos graves y reincidentes. Aunque dentro de la bancada hay desacuerdos con este punto y tres sectores no votarán este artículo en particular, el Partido Nacional dará su apoyo para aprobar las modificaciones del Ejecutivo al nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Los cambios se redactaron sobre un consenso alcanzado entre dos sectores mayoritarios como los son el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Líber Seregni, pero tienen el respaldo también de otros sectores como la Lista 711 y Rumbo de Izquierda.

El Partido Socialista y Casa Grande ya pidieron libertad de acción a la bancada de la coalición para no votar las limitaciones a la prisión preceptiva y la libertad anticipada que remitió al Parlamento el Poder Ejecutivo. Los comunistas no lo solicitaron, pero tampoco respaldan estos cambios planteados en lo que refiere a estos aspectos.

Se acordó que en lugar de la palabra "preceptiva" u2014que establece la prisión preventiva como regla para estos delitos gravesu2014 se señale que el fiscal "debe" pedirla en casos de que exista peligro para la sociedad, fuga o entorpecimiento del juicio o cuando el imputado sea reiterante o reincidente o cometa delitos graves. Dentro de la lista están: las rapiñas, homicidios dolosos y con agravantes, copamiento y secuestro, entre otros. Así como los delitos de narcotráfico y lavado de activos cuando la posible pena sea de penitenciaría, informaron a El País fuentes de la bancada.

En estos casos, el juez "debe ceñirse" estrictamente al pedido del fiscal. La nueva redacción supone una lógica que respeta los principios del sistema penal acusatorio donde el fiscal es el centro y no el juez, esto atiende algunas de las críticas de juristas.

Por la resistencia que genera el punto a la interna, la bancada oficialista acordó no aplicar la prisión preventiva preceptiva para delitos menores como el hurto, el hurto agravado y las lesiones. Con estos cambios también se pretende acercar posiciones con quienes rechazan este punto dentro de la bancada oficialista.

Sin embargo, este mecanismo para que la prisión no fuera preceptiva y que la aplique el juez por presunción, tampoco convencieron. "Nos parece una exageración absoluta asociar el pedido de preventiva a conductas de riesgo", señaló a El País el senador de Casa Grande Rafael Paternain. "Donde hubo un intento y no se logró hacer una síntesis es en el tema de la prisión preventiva perceptiva y la restricción a las libertades anticipadas", señaló Paternain.

Las limitaciones a la libertad anticipada para reincidentes y reiterantes y un conjunto de delitos tampoco tienen el respaldo de comunistas, socialistas y Casa Grande. Sin embargo, no se logró cambiar este punto porque ya estaba contenido en una ley anterior y lo que se hace es simplemente incorporarlo al CPP. "En su momento tuvimos discrepancias con esto y las mantenemos ahora", explicó Paternain.

Además, la bancada oficialista quiere quitar la posibilidad de que un imputado pueda acogerse al juicio abreviado (por acuerdo con la víctima) y a su vez solicitar la libertad anticipada. Esto en pocas palabras supone "dar el cumplimiento efectivo de la pena" y que no haya ningún beneficio. En tanto, se deberá notificar a la víctima del acuerdo al que llegue el fiscal con el imputado, como un mecanismo más de control dentro del proceso.

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Para hoy a la hora 16 está citada la Comisión de Constitución y Códigos del Senado para tratar algunos de estos cambios. El Partido Nacional ya tiene resuelto que apoyará la iniciativa remitida por el Ejecutivo al Parlamento.

El senador Luis Alberto Heber (Partido Nacional) dijo a El País que "en principio" hay acuerdo para votar el proyecto. "Veremos cuáles son las propuestas (...) pero nosotros estábamos de acuerdo en acompañar", explicó el legislador.

En tanto, desde el Partido Colorado no se quiso adelantar la posición que se adoptará en relación a las modificaciones que acordó la bancada del Frente. El senador Pedro Bordaberry dijo a El País que prefiere esperar a que se presente el nuevo texto antes de adelantar su opinión respecto al mismo.

Por su parte, el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) dijo a El País que presentará una alternativa a la prisión preventiva preceptiva que propuso el Ejecutivo. "Eliminamos la preceptividad y planteamos que el juez lo deberá considerar especialmente en casos de tales delitos y en casos de reincidentes y reiterantes cuando sean un peligro para la sociedad", señaló el legislador. El sector está dispuesto a acompañar el proyecto en general.

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El jefe de Policía de Colonia, Robert Yroa, dio una visión crítica de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. "Antes sabíamos cómo actuábamos con el juez", empezó diciendo en una entrevista con radio Carmelo de Colonia. "Policías que tenemos unos años de experiencia sabíamos con qué rapidez se conseguían las órdenes de allanamiento con los jueces. No estoy ni criticando ni hablando a favor del Código actual, estoy tratando que el ciudadano entienda", señaló el jerarca. Yroa aseguró que los policías deben hacer el esfuerzo de "no decaer" cuando los resultados no acompañan el esfuerzo que se está realizando. Y contó que hay delincuentes "archiconocidos" que son detenidos dos o tres veces por semana por cometer delitos flagrantemente. Consideró que quienes delinquen rápidamente captaron "las bondades y falencias" del nuevo Código. "Si usted está en una sala con el fiscal y negocia con el que le robó la moto que le pague una cantidad de plata por mes o le devuelva la moto y ese delincuente queda en el libertad, va seguir siendo delincuente", consideró. Y cuestionó indirectamente los procesos abreviados que permiten a quien hurtó "arrepentirse" en la Fiscalía. Sus abogados defensores "sacan dinero del bolsillo y pagan para que el delincuente se vaya", aseguró.

Por otro lado, Paternain opinó que no se puede responsabilizar al nuevo Código de Proceso Penal del aumento de los delitos. "Nadie ha podido demostrar que es así. Se están tomando al Código como un chivo expiatorio con críticas de todos lados. Cuando es una reforma muy complicada y obviamente en sus primeros pasos tiene sus fallas y dificultades. Pero esta contrarreforma más que corregir lo que hace es destruir los mecanismos principales", señaló.

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La bancada del Frente Amplio quiere que el proyecto de ley que modifica el Código del Proceso Penal sea aprobado en la primera semana de julio en el Senado, aunque de encontrarse acuerdos antes de tal fecha se podría convocar a una sesión extraordinaria.

A pesar de las diferencias internas en el Frente Amplio, están todos los votos para aprobarlo en general. En tanto, los artículos que limitan la libertad anticipada y fijan la obligatoriedad de la prisión preventiva serían apoyados por la oposición.

Blancos impulsan ley para defender a los policías

Un año y medio atrás, la bancada de senadores del Partido Nacional presentó un proyecto de modificación del ar- tículo 26 del Código Penal (CP) permitiendo a los policías la actuación en legítima defensa bajo determinadas características. El proyecto de ley vuelve a estar sobre el tapete pocas horas después de un nuevo asesinato de un agente policial, elevando a cuatro agentes caídos en lo que va del año 2018 a manos de la delincuencia, según las estadísticas que lleva la Fundación Propuestas (Fundapro). Aunque extraoficialmente, el Partido Nacional ha vuelto a poner el tema en la agenda del Senado y ha mantenido contactos con el oficialismo para conseguir que se apruebe la iniciativa en virtud de la situación que se vive. El Senado tiene previsto reunirse mañana jueves 21. La legítima defensa presunta se configura según esta propuesta de los blancos cuando concurran simultáneamente tres circunstancias: una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño, y la falta de provocación para el que se defiende. "Entre la vida y la muerte, en una mínima fracción temporal los policías deben elegir la oportunidad y la magnitud de la respuesta de fuerza que desarrollarán", sostiene la exposición de motivos del proyecto, por lo cual "en esa crucial circunstancia no deberían dudar de su respaldo jurídico".

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