El Frente Amplio (FA) maneja por estas horas una batería de posibles acciones políticas para impedir que el intendente de Artigas, Pablo Caram, y varios integrantes de su familia puedan volver a ser candidatos a algún cargo electivo o desempeñar cargos públicos. La Mesa Política Departamental se reunirá en la noche de este miércoles en forma extraordinaria para tomar una determinación.

Caram fue condenado ayer por undelitode omisión a los deberes de funcionario público, a raíz de una investigación por el pago irregular de horas extras a funcionarios de su gobierno departamental. El intendente llegó a un acuerdo de proceso abreviado con el fiscal Federico Rodríguez y aceptó su responsabilidad por no haber denunciado esas irregularidades. El acuerdo incluyó una pena de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, y dos horas semanales de trabajo comunitario durante cuatro meses, pero exceptuó la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Por lo pronto, los dirigentes frenteamplistas locales se comunicaron con la presidencia de la coalición de izquierdas a nivel nacional, para desde allí se pida la intervención de la Corte Electoral. En diálogo con El País, el diputado artiguense Nicolás Lorenzo dijo que ese organismo es el que debería determinar la suspensión de ciudadanía para Caram y los suyos, lo que se traduciría en su inhabilitación. "Que no puedan ni votar", dijo.

Para el FA las cosas están en claras. La oposición afirma que en estos casos se aplica el artículo 80 de la Constitución. Allí se establece, entre otras causales, que la ciudadanía se suspende "por la condición de legalmente procesado en causa criminal que pueda resultar pena de penitenciaría". También por pena que "imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena".

La izquierda se basa, entre otros, en lo expresado por el diputado y constitucionalista Eduardo Lust. "El escándalo de corrupción en Artigas por parte de Pablo Caram implica que se le suspende la ciudadanía", aseguró el legislador, citando el referido artículo. Lust agregó que incluso la intendencia departamental debería entablarle un juicio civil a Caram, para resarcirse por los daños.

Consultado por El País el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, se limitó a indicar que la corporación "no tiene a consideración el tema". La Corte no puede actuar de oficio, sino que debe recibir una comunicación al respecto por parte del Poder Judicial.

Para el senador Charles Carrera (MPP), aunque Caram deba cumplir la pena en régimen de libertad a prueba, tiene de igual forma la ciudadanía suspendía por el tiempo en que dure la condena.

Poco después de conocerse el fallo relativo a Caram, la Fiscalía General de la Nación explicó que el delito por el que fue imputado fue cometido contra la administración de justicia que, a diferencia de los cometidos contra la función pública, no tiene aparejada la inhabilitación como pena accesoria. El ministerio público agregó que tampoco corresponde la inhabilitación prevista en el artículo 81 del Código Penal, que va de oficio con penas mayores a los dos años de penitenciaría.

La coalición de izquierdas espera conocer hoy el fallo judicial sobre la exdiputada Valentina Dos Santos, que el martes renunció a su banca para asumir la titularidad de la intendencia en lugar de su tío, que pretende dejar su cargo el viernes para candidatearse al Parlamento. Todo indica que Dos Santos firmará este miércoles un acuerdo de proceso abreviado similar, al estar implicada en el caso.

Lorenzo dijo que, entre las alternativas que se manejan, está la posibilidad de promover un juicio político para destituir a Dos Santos. Este martes también habían sido condenados el primo del intendente y secretario general de la comuna, Rodolfo Caram, y su pareja, una funcionaria municipal, por el delito de fraude.

A ambos se les impuso una pena de 24 meses de prisión, que se sustituirán por tareas comunitarias. La mujer había sido una de las beneficiarias del pago irregular de horas extras.

Varios dirigentes del FA reaccionaron de manera crítica al hecho de que Caram y los suyos no fueran automáticamente inhabilitados. El exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, lo consideró una "vergüenza injustificable". El asesor de Carolina Cosse manifestó que "si la Justicia no les impide ocupar cargos públicos, debería impedírselo un mínimo de pudor y su propio partido".

El diputado Gustavo Olmos, en tanto, analizó que el beneficio que recibió Caram al acordar con el fiscal implicó sustituir una pena de 420 días de prisión por la realización de dos horas semanales de trabajo comunitario durante tres meses que, en la práctica, son 26 horas. Poco más de un día. "Está más cerca de la absolución que de la condena", indicó.

A través de un comunicado, el Movimiento de Participación Popular (MPP) recordó que, hoy, el 18% de la población de Artigas vive en la pobreza. El mayor sector de la oposición se preguntó "a cuántos le hubiera cambiado la calidad de vida" si la intendencia hubiera usado los US$ 8 millones (que gastó en horas extras entre 2020 y 2022) de manera justa y responsable".