Hubo largas discusiones en el Parlamento sobre cómo se debía beneficiar —y si es que correspondía— a algunos deudores hipotecarios en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). El tiempo pasó, la ley se aprobó y se comenzó a trabajar en su implementación. El último hito fue la aprobación de la reglamentación del fidecomiso, que tuvo la particularidad de no contar con el apoyo de los representantes del Frente Amplio en ambas instituciones.

Dentro del BHU, el director por el Frente Amplio, Gabriel Frugoni, argumentó su voto negativo indicando que se “busca aplicar hoy los beneficios a todos sin excepción y controlar al final del período la pertinencia o no del mismo”. Esta decisión, “además de tener una intención política evidente, trae unos perjuicios importantes” para el banco al “eludir lo que claramente expresa la ley y el decreto reglamentario”, añadió el economista.

La ley establece que a un grupo de deudores les va a desaparecer la deuda en noviembre (si esta tiene más de 40 años y cumplen ciertos requisitos) y otros tendrán en octubre una reducción de crédito por una baja de la tasa de interés (que incluso puede llegar hasta 0%). Pero también determina que para recibir el beneficio la persona tiene que estar al día en “tributos nacionales y departamentales sobre el inmueble”.

Frugoni advirtió que, por cómo está redactado el reglamento que se aprobó, se le pueden llegar a aplicar beneficios a una persona que no le corresponden y que, al “momento de escriturar a un inmueble que no estuviera al día —repito, lo exige la ley— deberá hacerse una especie de nuevo colgamento por todo lo que fue mal liquidado”.

“El deudor se va a encontrar con una realidad contradictoria, se le crea otro colgamento por lo que pasará mucho más años pagando. A todas luces una solución que busca evadir la exigencia legal en busca de un beneficio político: hacer parecer que los beneficios es para todos, cosa que la ley limitó muy claramente así como también el decreto reglamentario. Es evidente además que se pasa la responsabilidad de estas graves consecuencias a otros gobiernos futuros por un rédito político claramente cortoplacista”, añadió el director por el Frente Amplio en el BHU.

También comentó que hay “riesgo de formar otro club de deudores perjudicados por esta contradictoria reglamentación, un riesgo que además afecta lo reputacional nuevamente”.

El economista pidió una sala de abogados del BHU para que revise el reglamento que se aprobó el martes.