POLÉMICA PARLAMENTARIA

Tras la difusión de un audio donde el diputado colorado Omar Estévez sostiene que envió a trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que estos “nunca dejaron de trabajar” en su producción citrícola en Salto, el Frente Amplio decidió impulsar su destitución y realizar una denuncia penal. Aseguran que es “indigno” de su cargo por “menospreciar” la pandemia.

La solicitud de remoción del diputado -que se tratará en la Comisión de Constitución- se basa en la supuesta “violación de las disposiciones sanitarias”, prevista en el artículo uno de la ley 19.196 de responsabilidad penal empresarial. En la comisión, se recibirá a los denunciantes y al denunciado; luego se promoverá una resolución, que puede ser de archivo o destitución y se elevará la misma al pleno. Este mecanismo se usó en el caso del exsenador del MPP Leonardo Nicolini.

En el proyecto de resolución ingresado por el FA, al que tuvo acceso El País, se indica que el diputado incurrió en “el menosprecio hacia la pandemia que sufrimos y sus efectos, al arriesgar la salud y la vida de los trabajadores que dependen de él”, lo cual aseguran lo hace “indigno de su cargo”.

La oposición acusa a Estévez de “doble moral”, por no cumplir con las disposiciones sanitarias, lo cual “constituye un claro debilitamiento del Estado de Derecho”. Por lo que concluyen: “El cuerpo legislativo debe repudiar unánimemente esta conducta tan desarreglada a la ética y moral, ofensiva por sí misma, además de irrespetuosa con los más de 3.000 compatriotas fallecidos”.

La diputada del MPP Cecilia Bottino explicó en conferencia que el artículo 115 de la Constitución prevé la suspensión del legislador “por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones”. En ese marco señaló que lo sucedido motivaría “el inicio del correspondiente juicio ante la Cámara de Representantes”.

Para apartarlo de su banca se requiere una mayoría especial de dos tercios. “Es nuestra voluntad transitar este proceso porque creemos que las causales previstas constitucionalmente le caben a la conducta”, añadió la diputada.

Además se promoverá una denuncia Penal ante la Fiscalía Letrada Departamental de Salto “por daño de la salud pública y a la salud de los trabajadores”, según lo dispuesto por artículo 224 del Código Penal.

La solicitud de remoción del legislador también se basa en una posible violación del artículo 161 del Código Penal, referente a la conjunción de intereses públicos y privados al haber votado y fundamentado a favor de la aprobación del proyecto de ley del fondo citrícola, siendo él titular de una empresa.

Todos los diputados, tienen la obligación de informar a la Cámara cuando se tratan asuntos de su interés individual, ya que no pueden tomar parte en la discusión. En marzo de 2020 se votó la ley que dispuso la transferencia de nuevos fondos al Fondo Citrícola, y otorgó un préstamo de $ 128 millones a la empresa “Citrícola Salteña S.A.”. En el FA indican que la sola violación del estatuto de la Cámara “es éticamente inadmisible” y representa en sí misma una “causal suficiente” para solicitar la remoción de Estévez.

“Nos generaron rechazo y preocupación los audios”, declaró ayer el coordinador de bancada del Frente Amplio Carlos Varela. El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani aseguró que hay que dar “un claro mensaje” de que “no todo vale”. La diputada comunista Ana Olivera dijo en conferencia que la resolución de la bancada fue “meditada” y “no implica un juicio sumario”.

Por su parte, el coordinador de bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, opinó que “el Parlamento debe darle la oportunidad a Estévez de decir su verdad”. Fuentes del Partido Colorado dijeron que esperarán (para tomar una resolución) a que se pronuncie el Ministerio de Salud Pública sobre los descargos del legislador.